Castilla-La Mancha es la única autonomía que recomienda adaptar los libros de texto a la 'ley Wert'

Castilla- La Mancha es la única autonomía que recomienda a los centros educativos que cambien los manuales para adaptarse a la reforma que se implanta a partir de este curso en 1º, 3º y 5º de Primaria, así como en la formación profesional para alumnos de 15 años, que sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno que dirige María Dolores de Cospedal señalaron a infoLibre que se ha aconsejado a los centros que renueven los manuales pues la nueva ley sí define cambios en las competencias básicas, contenidos y métodos pedagógicos que, a priori, deberían determinar la práctica cotidiana en las aulas y el contenido de las evaluaciones externas que también se harán en Primaria aunque sin carácter de reválida. No obstante, aseguran que respetarán la autonomía de los centros en el caso de que no lleven a cabo esos cambios.

Las autonomías no gobernadas por los conservadores, que se han mostrado muy beligerantes contra esta norma –Asturias, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Canarias– no pedirán que se cambien los manuales. Sin embargo, hay otras diez lideradas por el PP en las que tampoco se instará desde la Administración a hacer esos cambios. Entre estas últimas hay dos grupos. Por una parte están las que optan por no mojarse y dejar la decisión en manos de los centros. Y, por otra, las que de manera expresa recomiendan que no haya modificaciones para intentar así minimizar el impacto económico que tiene en el bolsillo de las familias el inicio del curso escolar y también que no se eche por tierra el trabajo realizado en los bancos de libros o sistemas de préstamo. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el coste anual por hijo escolarizado en la enseñanza pública es de 1.268 euros. Esta cantidad aumenta hasta los 2.368 en la concertada. 

Entre las gobernadas por los conservadores que recomiendan no hacer cambios están Cantabria, Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia y La Rioja. El consejero castellanoleonés ha manifestado la intención de mantener los manuales al menos dos cursos más. A su juicio no habrá problemas porque los docentes ampliarán los contenidos que sean necesarios para ajustarse a la nueva metodología. En Cantabria, el consejero Miguel Ángel Serna aseguró que desde su departamento se darán a los centros las instrucciones oportunas, dentro del marco legal vigente, para que los libros en Primaria no se cambien a corto plazo. En Navarra, donde gobierna UPN, la orden aprobada por Educación recomienda mantener los actuales libros un año más y realizar pequeñas adaptaciones con materiales de "elaboración propia". 

En Aragón, autonomía liderada por la conservadora Luisa Fernanda Rudi, aseguran que la adaptación se hará "de forma progresiva" y que no se impondrán cambios a los centros porque la adapatación de los manuales "no se considera imprescindible". De hecho, fuentes de la consejería aragonesa aseguran que les consta que "muchos centros" han decidido mantener los libros. En Murcia, por su parte, han reclamado a los docentes que elaboren "de forma alternativa" los materiales que precisen para adaptarse a la nueva ley de forma que no sea necesario cambiar los libros. En Galicia, explican desde la Consellería de Educación, se entiende que la Lomce "supone un cambio metodológico más que de contenidos" y, por lo tanto, "no se considera obligatorio cambiar los libros". 

Entre las que optan por dejar autonomía los centros sin hacer recomendación alguna, al menos así lo han transmitido a este periódico desde los diferentes departamentos de Educación, están Extremadura, Baleares, Madrid y la Comunitat Valenciana. En Madrid, la orden que la consejería de Lucía Figar ha enviado a los centros señala que "no será necesaria la sustitución [de los libros] por motivos académicos" y que incluso en el caso de uno de los cambios más sustanciales, que es la desaparición de la asignatura Conocimiento del Medio y su conversión en dos materias, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, "podrían ser válidos también los libros de esta asignatura con algunas adaptaciones que, en todo caso, pueden ser efectuadas mediante otros medios que no supongan necesariamente la adquisición de nuevos textos". 

Entre las que se rebelan, la falta de tiempo para adaptar los libros o el simple rechazo a la mayoría de preceptos que marca la ley son los argumentos más repetidos. El Gobierno vasco, por ejemplo, asegura que no instará a los centros a cambiar los manuales el próximo curso escolar porque "no hay tiempo" para adaptar los contenidos. Por su parte, la consellera catalana, Irene Rigau, ha dicho que "no es necesario" modificarlos y señaló que los mantendrá como medida ante la crisis para que las familias catalanas no tengan que hacer "gastos innecesarios". "El departamento quiere que estas familias puedan reciclar y continuar utilizando los actuales libros de texto", defendió. El Gobierno de Canarias, según informó su vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, también comunicará a los centros de las islas que pueden seguir usando los libros actuales.

La Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE), que agrupa al 96% de los editores que publican en España libros y materiales destinados a la enseñanza reglada no universitaria, aseguró hace meses que la reforma obligaría a hacer nuevos libros de 180 asignaturas en sólo tres cursos. La ley educativa se presentaba, por tanto, como una gran oportunidad de negocio para el sector, que tasó en 200.000 euros lo que le cuesta realizar cada manual sin contar los gatos de impresión. "La Lomce modifica los currículos de forma considerable y los libros tienen que cambiar para adaptarse a los nuevos estándares de aprendizaje en los que se basarán las pruebas externas", insisten los editores, que facturaron en 2012 más de 800 millones de euros. 

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Sin embargo, los docentes, según informan desde los sindicatos, se están pensando mucho el cambiar los manuales. A este hecho contribuyen especialmente los recortes en las ayudas para la compra de libros que han llevado a cabo la mayoría de las autonomías en los últimos cursos. Según el último informe anual Datos y cifras del curso escolar 2013-2014, presentado hace un año, 578.549 beneficiarios de ayudas concedidas para la adquisición de libros de texto y material didáctico –un 59% del total– las perdieron el curso pasado. En el curso 2009/2010, el número de niños con ayuda de libros rozó el millón. Desde entonces ha ido decreciendo, aunque nunca lo hizo con tal firmeza.

Estas cifras ponen de manifiesto de qué manera ha afectado a las familias el recorte de las partidas dedicadas a estas ayudas que han emprendido todas las autonomías excepto Andalucía y Navarra, donde se ha mantenido la gratuidad en toda la educación obligatoria. En Euskadi se consolidó la gratuidad en Primaria y el primer ciclo de ESO para el 80% de los escolares. Por contra, en Cantabria, Galicia, Castilla y León o La Rioja, desde el curso pasado sólo hay ayudas para familias más desfavorecidas.

En Madrid se eliminaron todas las becas existentes y sólo se mantiene una pequeña partida para préstamos a las familias en situación de beneficencia. En Baleares, por ejemplo, no hubo presupuesto para el programa de préstamo de libros en Primaria. Y tampoco hubo convocatoria para la compra de libros. También habrá cambios en otras autonomías. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, la Junta destinará este curso 400.000 euros a becas para comprar material, mientras que el curso pasado este presupuesto era de 1.150.000 euros. La reducción es del 66%. En Extremadura la partida dedicada a las becas para libros será este curso de 3,8 millones, lo que supone un incremento del 43% respecto al curso pasado.