Sectores de PSOE y PP manejan una solución alternativa

Oficialmente, no se atisba solución para Cataluña, más que el choque de trenes. La parálisis. Hasta ahora, el guión se ha cumplido: aprobación y publicación de la Ley de Consultas y, este mismo sábado, firma del decreto de la convocatoria del 9-N. Eso, por parte de la Generalitat. Por parte del Gobierno, la respuesta judicial ya la dejó preparada Alberto Ruiz-Gallardón antes de dar un portazo a Mariano Rajoy y dejar el Ministerio de Justicia por la retirada del anteproyecto de la ley del aborto. Sólo resta la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario de mero trámite –este lunes– en el que se analizará el informe elaborado por el Consejo de Estado. De ahí, el recurso, o recursos, pasan a la Abogacía del Estado, encargada de remitir el texto al Tribunal Constitucional (TC). La suspensión es automática una vez se admitan a trámite los textos. Este es el guión oficial. La foto fija. Una situación que incluso en el Gobierno califican de "callejón sin salida". 

En medio de esta parálisis, sectores del Partido Popular y del Partido Socialista llevan semanas manejando una solución alternativa, una vía para abandonar ese "callejón sin salida" que supone el desafío soberanista de Artur Mas. A ambos partidos se suman también representantes del mundo empresarial radicados en Cataluña o con fuertes vinculaciones económicas a esta comunidad autónoma. La tesis que comparten todos estos actores es que, negado en banda el presidente del Gobierno a una reforma de la Constitución, el desbloqueo podría venir por una fórmula más sencilla que podría reconducir las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Se trataría de una disposición adicional a la Constitución que contemple algunas demandas de Cataluña. Esas mismas demandas que Mariano Rajoy ordenó a sus ministros que evaluaran después de que el president Mas le entregara un listado con 23 propuestas en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 30 de julio en la Moncloa. En definitiva, poner a cero el contador y recuperar parte de lo que arrasó la sentencia del TC sobre el Estatut. Y reconocer la singularidad catalana de una manera semejante a como la Ley Fundamental de 1978 hace con los derechos históricos de País Vasco y Navarra.

La gran coalición y la estabilidad

Uno de los focos más importantes de este debate surge en el contexto de la gran coalición,gran coalición una operación política que, según ha venido informando infoLibre, está en marcha desde el otoño pasado con el impulso del Gobierno, de sectores del Partido Popular, de la denominada vieja guardia socialista –con el protagonismo del expresidente Felipe González, como él mismo reconoció–, animados por las empresas más representativas del Ibex 35 y por la influencia mediática de Prisa, editora del diario El PaísEl País. 

En esta operación, que culminaría con un pacto PP-PSOE en las generales de 2015 si ninguno de estos partidos lograra mayoría absoluta, el desafío soberanista de Cataluña es clave. De hecho, hay en el PP quien cree que el germen de la denominada gran coalición debe una parte crucial de su argumentario al desafío soberanista. Esta fórmula, no obstante, no es compartida al 100% en ambos partidos. Dirigentes de ambas formaciones se oponen rotundamente a Ejecutivos de coalición y, sobre todo, a que se instale esta idea antes de la cita con las urnas. Frente a ellos, los defensores de esta vía ven el escenario catalán como un banco de pruebas perfecto para que se visualice su proyecto de "estabilidad".

Fuentes socialistas indican que algunos dirigentes totalmente contrarios a la gran coalición, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, consideran apropiado “estudiar la fórmula del añadido de una disposición adicional como solución más racional al urgente problema con Cataluña”.

Un futuro ministro que pide "ajustes"

"Yo soy partidario de realizar ajustes de la Constitución para reconocer la singularidad catalana. Nuestra Constitución nos ha servido muy bien durante 30 años dándonos el periodo de mayor prosperidad de nuestra historia reciente, pero no es inamovible; puede ser reformada para mejorar el encaje de Cataluña, eso sí, buscando el mayor consenso posible". Hasta ahora, ningún miembro del Gobierno había hablado tan claro. O quizá, en su día habló tan claro porque no gozaba de la repercusión que da pertenecer al Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que, a partir del próximo viernes, el presidente del Gobierno compartirá mesa de reuniones con Rafael Catalá, autor de esta frase que bien podría firmar cualquier partidario de la denominada tercera vía. Catalá será el nuevo ministro de Justicia, el sustituto de Gallárdón después de que el pasado lunes decidiese hacer las maletas y dejar la política por el fracaso del anteproyecto de reforma de la ley del aborto que le fue encargado.

Estas declaraciones figuran en una entrevista publicada por la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, cuerpo al que Catalá pertenece, el pasado junio, con motivo del 50 aniversario de esta asociación profesional. Y respondía a la pregunta "¿Hacia dónde va Cataluña?". Antes de apostar por esos "ajustes" en la Carta Magna, el futuro ministro señaló que por su trabajo ha tenido contacto "con el sentimiento catalán, de percepción de una identidad singular propia, con un gran dinamismo cultural y un avanzado grado de autogobierno". Pero que "cosa distinta es lo que está sucediendo en la política catalana, de fortalecimiento del independentismo, con posicionamientos individualistas, insolidarios y parciales, que, otorgándose unilateralmente una legitimidad y soberanía que no les corresponden, pretende imponer a muchos la voluntad de pocos, en una deriva que, obviamente, está abocada al fracaso".

¿Por qué se habla de una solución más sencilla y rápida? Una reforma constitucional en profundidad conllevaría una larga negociación entre los grupos parlamentarios, cuando apenas queda un año de legislatura. Si la modificación afectara a las terminales más sensibles de la Carta Magna (cimientos del Estado, derechos fundamentales, monarquía), habría que disolver las Cortes y que el nuevo Parlamento aprobase la reforma y convocara un referéndum. En ese caso, sí convendría hacer coincidir el término natural de la legislatura con la disolución de las Cámaras. Añadir una disposición adicional, si no altera ni afecta al artículo 2 (el que consagra la "indisoluble unidad de la nación española" y establece que España se organiza en "nacionalidades y regiones"), es mucho más ágil. Se podría hacer en un tiempo récord, como se cambió el artículo 135 en 2011. Bastaría que hubiera acuerdo de tres quintos en Congreso y Senado. No haría falta ni disolver las Cortes ni un plebiscito posterior. Sin embargo, la doctrina considera esta alternativa es "chapucera" y "simplista". El Gobierno: sin salida

Las fuentes del PP y del Gobierno consultadas por este diario subrayan que la opinión de Rafael Catalá es respetable pero no extrapolable a lo que piensa el Ejecutivo y a los planes a corto plazo. "No estamos en eso ahora. Ahora estamos en dar respuesta a las acciones de Artur Mas", precisan en el equipo de Mariano Rajoy. No obstante, las citadas fuentes admiten que la opción de plantear una disposición adicional en la Constitución que recoja algunas demandas para Cataluña es defendida por algunos sectores del partido, aunque sin peso en la estructura orgánica. "Especulaciones hay de todo tipo, pero Rajoy no tiene vértigo y sabe lo que tiene que hacer", recalcan al mismo tiempo que reconocen que estamos ante "un callejón sin salida". Y es que en el partido de Gobierno consideran que "no hay interlocución. No hay nadie al otro lado".

Rajoy presume de ser un hombre "previsible". Mucho ha hablado en los últimos meses con sus compañeros de partido sobre Cataluña tanto en reuniones internas como en conversaciones más informales. Y quienes le han escuchado han llegado a la misma conclusión: esta legislatura no toca abrir el melón de la reforma constitucional. "Ni ambiciosa, ni de corto alcance".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su visita a la Gran Muralla, en el cierre de su viaje a China, este 27 de septiembre | EFE

Pistas de ello sobran. Desde que llegó al Gobierno, el presidente y su equipo han dejado claro que no son partidarios de tocar la Carta Magna. No obstante, no han perdido la oportunidad de retar al resto de formaciones políticas a que la planteen. Un truco dialéctico si se tiene en cuenta que después, en el Congreso de los Diputados, se toparían con el muro de la mayoría absoluta del PP. No sólo retaron a los partidos promotores de la consulta a emprender el camino promoviendo una modificación de la Ley Fundamental de 1978 en el debate celebrado en la Cámara baja en el que se solicitaba la transferencia de competencias para celebrar una consulta sobre el futuro de Cataluña. También lo hicieron cuando, tras la abdicación del rey Juan Carlos, la izquierda demandó que se celebrara una consulta para que los españoles decidiesen sobre el modelo de Estado.

Antes de estos episodios concretos, el Grupo Parlamentario Popular presentó como propuesta de resolución en el debate del estado de la nación celebrado en febrero una especie de blindaje de la Constitución.  

El texto, que fue aprobado gracias a la mayoría absoluta de los conservadores, ratifica "la vigencia de la Norma Fundamental en toda su extensión, especialmente, en el momento presente, en lo que se refiere a su expresión de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

Además, plasma por escrito que "de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la ley". En definitiva, los argumentos que desde el Ejecutivo se esgrimen a la hora de rechazar frontalmente la posibilidad de que Cataluña celebre un referéndum independentista.

"Una cosa es que Rajoy esté intentando en todo este proceso huir de una posición radical y otra es que vaya a ceder en este sentido para poner un parche a la situación", subraya un veterano diputado. 

Pendientes del CIS

A la hora de justificar la negativa a reconducir la crisis catalana vía disposición adicional, en el PP dirigen la mirada a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre las preguntas de estos barómetros, figura una sobre "fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España". "De las respuestas, se desprende que los españoles están cómodos con la situación actual", señalan las citadas fuentes. Mientras en diciembre de 2013, cuando Mas consumó su desafío con el anuncio de la fecha de la consulta (9 de noviembre) y las preguntas de la misma, el 31,7% de los encuestados se declaraba partidario de "un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad", en el último barómetro –julio de 2014– el procentaje subió al 34,5%. Un mes antes, en junio, había sido del 35,3%. Para el PP, estos ligeros incrementos son "muy significativos". 

No obstante, desde de diciembre a julio también subió el porcentaje de personas que se declara partidaria de "un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en estados independientes". Concretamente, del 8,8% al 9,8%.

Ligado a estos datos, uno de los elementos que las fuentes consultadas ponen en la coctelera a la hora de señalar que no es momento de abrir este debate está en la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas y, después, las generales. "La mayor parte de los ciudadanos quieren que la situación se mantenga como está", añaden. Rajoy sabe muy bien lo que es una rebelión de barones y, aparcada la reforma de la financiación autonómica, no quiere remover unas aguas que ya bajan agitadas. 

Los conservadores creen que, en este contexto, ayuda el hecho de que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, no haya concretado su propuesta de reforma de la Constitución. "No define su postura porque no está seguro de las cartas que lleva y de cómo pueden reaccionar territorios como Andalucía, la federación más potente del PSOE", subraya un veterano diputado. 

Además de dar respuesta legal al desafío de Mas, en el PP van a ser muy insistentes en las próximas semanas en demandar al PSOE que concrete su propuesta de reforma de la Carta Magna. La pasada semana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, de quedarse "en el enunciado". "¿Significa eso [la reforma] la atribución de nuevas competencias a las comunidades? ¿Hacia qué dirección va esa reordenación de competencias?", señaló.

La propuesta socialista

El PSOE, oficialmente, sigue aferrado a la Declaración de Granada, a la propuesta de España federal que se aprobó en julio de 2013 en la ciudad andaluza, cuando Rubalcaba estaba al mando del partido. El nuevo secretario general no se ha movido un milímetro de un acuerdo suscrito por todos los barones y compartido por el PSC. 

Sin embargo, miembros de los Gobiernos de González y Zapatero, consultados por infoLibre, sí sostienen que una posible salida al atolladero catalán sería la solución bilateral. El mismo PSC, antes con Pere Navarro y ahora con Miquel Iceta, no desdeña esa posibilidad. El primer secretario lo defendió el pasado 19 de septiembre en una tribuna en El País: "Hay quien piensa que una reforma [de la Carta Magna] de tal calado es imposible y que quizá resulte más sencillo buscar un encaje singular de Cataluña introduciendo en nuestra Constitución una disposición adicional específica. Estamos dispuestos a hablar de ello".

"Si esto es más sencillo y es aceptado por todos, cualquier solución nos parecería buena –completan a este diario fuentes muy próximas a Iceta–. Pero ahora mismo todo está muy bloqueado, y hasta el 9-N es impensable que se abra camino nada, y más si el president convoca autonómicas plebiscitarias". En el PSC sí creen que a los nacionalistas les podría convencer esta fórmula, por lo que entraña de bilateralidad y de relación de tú a tú con el Estado, pero reconocen que podría provocar problemas con otras comunidades. 

Pedro Sánchez, en la asamblea abierta ciudadana, este viernes 26 de septiembre | PSOE

En Ferraz, ni antes ni ahora están de acuerdo con una fórmula exclusiva para Cataluña, y creen que, en todo caso, esa opción podría estar alentada entre bambalinas por Rajoy. Que el padre de la Constitución, consejero de Estado y exmilitante del PP Miguel Herrero y Rodríguez de Miñónpropusiera públicamente en abril esta alternativa da pie a la dirección de Sánchez que el presidente podría estar estudiándola.

Altos mandos de la actual cúpula socialista, igual que otros excargos del Gobierno de Zapatero, coinciden en que esta fórmula Herrero de Miñón lleva circulando en Madrid y Cataluña desde hace algo más de un mes. Y se ha hablado de ella “tanto en círculos políticos como académicos”, confirma un exministro que ha asistido a esas reuniones.

“Pero nosotros no estamos en eso”, advierte un responsable del núcleo duro de Sánchez, que no cree que la vieja guardia esté agitando la bandera de la disposición adicional. Y añade: “No queremos una vía sólo para Cataluña. Lo que pedimos es una reforma constitucional, que hace falta no sólo por la cuestión territorial, sino por otras cuestiones. Al PP le generaría unas grietas tremendas y nosotros lo rechazaríamos, porque no encaja ni con nuestra propuesta ni lo aceptarían otras comunidades. No vamos a intentar resolver el desafío catalán creando agravios a otras CCAA”.

Reuniones con los grupos

El secretario general se ha ido reuniendo en las dos últimas semanas con varios portavoces parlamentarios de la oposición, en el intento de extender la pulsión del cambio de la Carta Magna: Ana Oramas (Coalición Canaria), Rosa Díez (UPyD), Josep Antoni Duran i Lleida (CiU), Aitor Esteban (PNV) y Cayo Lara (IU). A todos les hizo el mismo planteamiento. Este: la conveniencia (y la urgencia) de reformar la Constitución para dar respuesta a cuatro demandas: introducir medidas de regeneración democrática, blindar el Estado del bienestar, incluir nuevos derechos (el matrimonio homosexual, la eliminación de la pena de muerte en todos los casos) y actualizar el marco de convivencia.

La apuesta, en este último punto, es la construcción de la España federal, en la que se reconozcan las singularidades territoriales, se haga un reparto claro de competencias entre Estado y comunidades, se recojan los principios básicos de la financiación, se descentralice la Justicia o se reforme profundamente el Senado para hacer de él una Cámara de interlocución y cooperación. La condición es el respeto a la "igualdad de los ciudadanos", vivan donde vivan, y que "no se rompa la solidaridad". Requisito, por cierto, en el que siempre hace mucho hincapié la federación andaluza y la presidenta de la Junta, Susana Díaz. De ahí que no se vea con buenos ojos "un régimen especial para Cataluña", ya que sería interpretado como "un privilegio" para una sola comunidad. 

Hasta ahora, los socialistas han eludido entrar al detalle de la reforma. Entienden que primero es necesario que se abra un espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas en el Congreso, para que se sondee hasta dónde se puede llegar. Además, insisten en que las líneas maestras ya están en la Declaración de Granada, y que no se puede acudir a la negociación con posiciones "cerradas" y con un texto articulado. Sería contraproducente, alegan. Sánchez también maneja sus tiempos: como ya anticipó en su primer Comité Federal, el pasado 13 de septiembre, una de las cinco convenciones ciudadanas que convocará el partido –aún sin fecha– estará centrada en la profundización de la propuesta federal, para la que quiere contar con las aportaciones de constitucionalistas, politólogos, expertos. El PSOE, no obstante, aguardará a que baje el soufflé de la frustrada consulta catalana, para no quemar sus cartuchos por anticipado. En Ferraz, además, estiman que de abrirse la puerta de la modificación de la Ley Fundamental de 1978, no será antes del 9-N. "Hasta entonces nada se moverá, ni por parte catalana ni por parte del Gobierno de Rajoy", calculan.

Sánchez, como antes Rubalcaba, han insistido en que la reforma constitucional es la "única" vía posible para descomprimir la tensión soberanista, y que al final se acabará imponiendo. Pero los dos han añadido a esa reflexión esta otra: no se trata sólo de tocar la Carta Magna por Cataluña, sino para actualizar todo aquello que ha quedado desfasado. Y sin hacer "tabla rasa", como acusó abruptamente María Dolores de Cospedal, la número dos del PP, el pasado lunes. 

La estrategia del PSOE pasa, pues, coincidir con el Gobierno en que la consulta de Mas es ilegal y no se puede celebrar –y, en consecuencia, apoyará los pasos ante el Tribunal Constitucional que dé Rajoy– y discrepar de él en la solución, presionando a la Moncloa para que abra el camino de la reforma. De eso volvió a hablar Sánchez con Rajoy el lunes pasado en un encuentro privado en la Moncloa. 

Las presiones de la patronal catalana

Gran parte de las cartas con las que juegan estos sectores partidarios de reconducir la situación vía disposición adicional se destaparon el pasado 16 de septiembre en Madrid en un desayuno informativo en el que el presidente de Foment del Treball Nacional (Fomento del Trabajo), Joaquim Gay de Montellà, sostuvo que se puede "conducir la negociación" entre el Estado y la Generalitat "sin tener que abordar" una reforma de la Constitución. "Sería suficiente", dijo, con "la mutación de disposiciones adicionales". Entre el auditorio del presidente de la patronal catalana estaban la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.

A juicio de Gay de Montellà, la polémica que gira en torno al desafío soberanista "necesita de un gran pacto institucional para resolverse" que "supere la decepción" que supuso la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña. Según explicó, ese "gran pacto" pasaría por reconocer la plena competencia de Cataluña en lengua y cultura, en gestión de impuestos y en materia del régimen local de la comunidad. "Lo que hoy debilita a España es ese conflicto de reconocimiento político mal gestionado", sostuvo. Y alertó de un riesgo muy en clave económica: si la situación no se reconduce, puede llegar el momento en el que las empresas multinacionales puedan llegar a "cuestionarse sus proyectos de futuro" en España.

La fórmula, al detalle

Más allá de las palabras, ¿cómo se concretaría esta opción? Ya Herrero de Miñón anticipó las claves de esa fórmula: añadir, al final de la Constitución, una disposición adicional que se sustentaría en un pacto político. Con ella, podría reconocerse la singularidad de Cataluña y podrían quedar blindadas cuatro competencias: económicas, financieras, lingüísticas y culturales. 

Se habla, por paralelismo, con la disposición adicional primera del actual texto constitucional, que "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales" y estipula que la "actualización" del régimen foral se llevará a cabo en el marco de la Carta Magna y de los estatutos de autonomía. Disposición que permitió al País Vasco recuperar el concierto económico y a Navarra mejorar su fuero.

Pero, en el caso de Cataluña, ese añadido, si así se pactase, podría ser más amplio. Como aseguran los expertos consultados por infoLibre, ese apéndice podría afirmar incluso que Cataluña "es una nación" o podría recoger el pacto fiscal o una fórmula semejante a la del concierto vasco y el convenio navarro. O especificar que la financiación autonómica respetará el principio de ordinalidad, según el cual aquellas comunidades más dinámicas no pierden posiciones en el ranking una vez hechas sus aportaciones a la solidaridad interterritorial. 

Varios manifestantes, concentrados en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, tras la firma del decreto de convocatoria del 9-N | EFE

Para conocer en profundidad cómo reformar la ley de 1978, primero hay que tener en cuenta qué dice en su Título X. Establece dos procedimientos de reforma. Uno, agravado, que se activa cuando se quiere tocar el Título Preliminar (artículos 1 a 9), parte del Título I (artículos 15 a 29, los que afectan a los derechos fundamentales) o el Título II (el relativo a la Corona). En este caso, el cambio es extremadamente complicado. Los pasos son estos: dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado aprueban la iniciativa de reforma, se disuelven automáticamente las Cortes, las nuevas Cámaras estudian el proyecto, lo respaldan por mayoría de dos tercios y se convoca un referéndum para su ratificación. Es el camino del artículo 168. En el resto de casos, incluso si afecta al Título VIII (el modelo territorial), se tramita por el método simple: aprobación por tres quintos por las Cámaras y punto. 

Aquí también hay unanimidad entre los académicos: si se dijera que Cataluña "es una nación", la redacción afecta al artículo 2 de la Constitución, y entonces habría que ir a la reforma agravada. 

Las desventajas, según los juristas

Todos los juristas contactados –algunos de los cuales piden expresamente no ser citados por estar implicados o en las conversaciones o en el proceso soberanista– coinciden en que la cláusula catalana, aunque "más cómoda", es "simplista" y "chapucera". Sería difícilmente aceptable por PP y PSOE y, en todo caso, llegaría tarde para Cataluña. "Jurídicamente, podría ser sencillo, pero es una bomba política, porque crearía agravios respecto a otras comunidades. Andalucía, que accedió a la autonomía por la vía rápida contra pronóstico, sería la primera en protestar. Es retrotraernos al momento inicial en la Transición, anterior al del café para todos. Y este método, un puro pastiche, no es el empleado en otros países", argumenta Javier Tajadura, constitucionalista de la Universidad del País Vasco. Miguel Ángel Presno, catedrático de la Universidad de Oviedo, cree incluso que introducir un cambio tan mollar a través de un añadido al final de la Carta Magna infringe las directrices de técnica normativa que el Gobierno socialista aprobó en 2005, donde se tasaba qué deben incluir (y qué no) las disposiciones adicionales. Y estas no pueden incorporar reformas "nucleares".

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Los dos subrayan que cualquier cambio del modelo territorial ha de hacerse modificando a fondo la Ley Fundamental. Se pueden recoger los hechos diferenciales, blindar competencias, pero de forma "más disimulada", haciendo referencia a todas aquellas comunidades con lengua propia, o con derechos históricos. Pero no singularizando Cataluña. Si no se sigue esta vía, será un "parche". "La configuración del Estado se ha de apreciar en los primeros artículos, no aguardar a una disposición", añade Presno. A esto se añaden más disfunciones: si se aprobara un pacto fiscal, y la vía del cupo, el sistema de financiación quebraría, por el peso de Cataluña en el conjunto del PIB español.

El catedrático de Historia de la Complutense Javier Moreno Luzón ahondaba esta semana en El País en el hecho de que la realidad autonómica de España impide una solución bilateral con Cataluña. La razón se halla en la forma en que se ha ido configurando el Estado desde comienzos del siglo XX: ha respondido a una pauta marcada por los "reflejos miméticos". Cataluña y Euskadi abrían camino, y el resto emulaba y pedía más poderes. Luzón añade a este diario otra objeción grave a la fórmula Herrero de Miñón: "La necesidad de una reforma constitucional en profundidad, no sólo para afrontar el desafío catalanista sino también para mejorar el funcionamiento de la estructura territorial del Estado, que debería dotarse de instituciones federales, de un reparto más claro de competencias y de un sistema de financiación que facilite la autonomía y la rendición de cuentas". Este periódico intentó contactar con Herrero de Miñón, sin éxito.

La solución no convence a muchos. Pero aún queda esperar al día después del 9-N. Las piezas volverán a moverse y entonces las hipótesis serán múltiples.