Mas firma el decreto: “Cataluña quiere hablar, quiere votar”

El president de la Generalitat, Artur Mas, firmó este sábado sobre las 10.35 el decreto de convocatoria de una consulta de autodeterminación para el domingo 9 de noviembre.

El secretario del Govern, Jordi Baiget, leyó justo antes el decreto en presencia del Govern encabezado por su presidente; de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y de los líderes de ERC, Oriol Junqueras, y de CUP, David Fernàndez, además del presidente del Consell Assesor per a la Transició Nacional (CATN), Carles Viver Pi-Sunyer.

El decreto se firmó minutos después de que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicara la nueva Ley de Consultas –con lo que esta norma entró automáticamente en vigor–. Y después se publicó, entrando en vigor de forma inmediata.

El president defendió la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre afirmando que "es responsabilidad de los demócratas no negar la realidad". Lo dijo durante un discurso en catalán y castellano en el Palau de la Generalitat, minutos después de firmar el decreto de convocatoria de la consulta tras aprobarse la Ley de Consultas catalana, que definió así: "Constitucional y estatutaria, que pedimos que sea respetada". Mas sostuvo que el proceso soberanista se basa en "amplias mayorías sociales, consenso político, busqueda constante del diálogo y respeto a los marcos legales", ya que la consulta se convoca al amparo de la Ley de Consultas del Parlament.

Mas, se dirigió en castellano a todos los españoles tras firmar el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre para decirles que "Cataluña quiere hablar y ser escuchada" y asegurar que los lazos que les unen seguirán tras la votación.

En el discurso institucional tras la firma del decreto –con palabras en catalán, en castellano y en inglés–, insistió en reclamar al Gobierno central que haga lo posible por permitir la consulta, y aseguró que está abierto a pactar "hasta el último momento" las condiciones para hacerla posible.

Tras afirmar que el decreto supone un "antes y un después" en la larga historia de Cataluña, acabó su discurso con una intervención en inglés dirigida a los líderes internacionales para defender que su intención es que el proceso se haga desde el diálogo y la paz.

Mas arrancó su discurso en catalán, defendiendo su hoja de ruta, y destacó que votar "es la manera como se expresan las democracias y nacen los procesos políticos". Dijo que la firma del decreto obedece a un compromiso que adoptaron una mayoría de partidos en sus programas en las elecciones autonómicas de 2012, y lanzó un mensaje a los demócratas, cuya responsabilidad es doble: dejar votar y "no negar la realidad".

Concretó que en todo momento procuró que el proceso evolucionase "con amplias mayorías sociales, consenso político, búsqueda constante del diálogo y respeto a los marcos legales". "Nadie podrá negar que hemos extendido la mano del diálogo en todo momento. Estamos abiertos a pactar las condiciones que hagan posible la consulta hasta el último minuto", agregó.

Tras indicar que en los Estados democráticos las leyes están para escuchar a la gente y no para silenciarla, dijo que la actitud del Gobierno central "contrasta con la de los Estados democráticos que permiten a las naciones que lo conforman poder opinar y decidir", en alusión implícita al referéndum independentista escocés del pasado 18 de septiembre.

"Contraviniendo el marco legal y la legitimidad democrática"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó tras la firma que "todos los demócratas del mundo" harán posible la consulta. También quiso aclarar que el decreto es plenamente legal y encaja en la Constitución y el Estatut, por lo que ha advertido de que si el Gobierno central la intenta impedir estará "contraviniendo todo el marco legal y la legitimidad democrática".

En la misma línea fueron las declaraciones del  diputado de la CUP en el Parlament Quim Arrufat que vaticinó un "otoño histórico". "Defender la libertad nacional tendrá como casi único garante la gente movilizada exigiendo poder ejercer su derecho democrático a votar", aseguró Arrufat. ICV-EUiA no estuvo presente en el Palau porque Mas no había querido mostrarle el decreto por anticipado, y porque se opone a la "gesticulación" del president.

La letra del decreto

El decreto de convocatoria [consúltalo aquí en PDF] reivindica la capacidad de la Generalitat para convocar esta votación, de acuerdo con la Constitución y el Estatut. El preámbulo concreta que la Generalitat "tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de consultas populares en los términos que establece el artículo 122 del Estatut". Se detalla que esta capacidad permite cumplir el mandato que tienen las instituciones públicas de que los ciudadanos puedan "participar en los asuntos públicos".

Por eso, concreta que, para cumplir y desarrollar este marco jurídico, el Parlament aprobó el 19 de septiembre una nueva ley de consultas, que establece que "las autoridades competentes de la Generalitat podrán llamar a los catalanes (...) para que manifiesten su opinión mediante votación sobre una determinada actuación, decisión o política pública de su ámbito competencial". Entre los asuntos o materias que pueden ser consultados en una convocatoria en todo el territorio de Cataluña, se encuentran los de "especial relevancia colectiva para el país, respecto a los cuales la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado", como se reconoce en los artículos 87 y 166 de la Constitución y en el artículo 61 del Estatut.

También se recuerda que en enero de 2013, el Parlament aprobó la declaración de soberanía, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), en la que la Cámara catalana "expresó la voluntad política de iniciar el proceso para que los ciudadanos de Cataluña pudiesen ejercer el derecho a decidir el futuro político de Cataluña, atendiendo a los principios de legalidad democrática, pluralismo y legalidad".

Además, los ayuntamientos catalanes tienen un plazo de diez días para entregar al Govern una propuesta de qué locales acogerán los puntos de votación para la consulta del 9-N. Así figura en el anexo 1 del decreto, que fija las reglas específicas para la consulta que prevé celebrar el Govern y que en su artículo 7 da un plazo de diez días a partir de la publicación del decreto para que los ayuntamientos hagan una propuesta al Ejecutivo.

De esta forma, los municipios deberían entregar su propuesta al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales antes del 7 de octubre, de forma que el Govern pueda hacer pública la relación definitiva de puntos de votación antes del 12 de ese mismo mes.

El Govern cede así a los ayuntamientos la potestad de decidir qué locales y mesas de consulta –el decreto no habla de colegios electorales– ofrecen, y deja en sus manos la decisión sobre si se utilizarán edificios públicos para albergar las urnas. El Ejecutivo catalán confía así en la colaboración de todos los ayuntamientos catalanes para poder llevar a cabo la consulta del 9-N, aunque por lo menos cuatro de la provincia de Barcelona –Rubí, Castelldefels, Viladecans y Sant Boi de Llobregat– han rechazado aprobar mociones de apoyo a la ley de consultas.

Una consulta de 13 millones

Por ahora el Govern ya ha hecho llegar una primera propuesta de locales de votación a los ayuntamientos, aunque serán éstos quienes decidan si utilizan los centros propuestos por la Generalitat o plantean una posibilidad alternativa. La propuesta realizada por la Generalitat –que se puede consultar en la web www.9nconsulta2014.cat– consiste básicamente en un listado de los colegios electorales que se suelen utilizar cuando hay elecciones en Cataluña.

Fuentes del Govern consultadas por Europa Press explicaron que si algún ayuntamiento rechaza colaborar con la Generalitat y rechaza la propuesta de puntos de votación, será el propio Ejecutivo catalán quien buscará otros espacios en los que poner las urnas.

La Generalitat ha previsto un gasto de 13 millones en la organización de la consulta, según se desprende del anexo del decreto. De ellos, 4,77 millones corresponde al pago al personal colaborador. Otros tres millones (más IVA) servirán para abonar el sistema informático. También se calcula que el despliegue de seguridad rondará los 326.160 euros o que el pago de las dietas a los miembros de las mesas alcance los 1.577.220 euros. Para el suministro de material (papeletas, sobres, cabinas), se estima un gasto de 194.825,41 euros (más IVA) y para la campaña de difusión institucional o la documentación en braille, 200.000 euros. En total, 12.947.116,93 euros mínimo. La cifra acabará siendo superior porque no se incluye el IVA en algunas de las partidas.

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En los presupuestos del Govern para este año, acordados por CiU y ERC, ya figuraba una partida para la votación, que era de 10 millones de euros y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, dijo que era ampliable.