Un juez archivó en septiembre la denuncia de enfermeros de La Paz por la falta de formación sobre el ébola

El juzgado de instrucción número 1 de Madrid archivó el pasado 26 de septiembre la notificación en la que enfermeros de los servicios de Urgencias y Cuidados Intensivos del hospital madrileño de La Paz alertaban de la falta de medios y formación para atender un posible caso de ébola. El 11 de julio, antes de que ningún ciudadano español resultara infectado, los profesionales de enfermería pusieron en conocimiento de la Justicia algo que no han parado de denunciar públicamente desde que la Comunidad de Madrid designó al Hospital de La Paz –del que depende el Carlos III, donde finalmente ingresan los casos de ébola y los sospechosos– como lugar de referencia para tratar esta pandemia. En su escrito denunciaban la "falta de información y formación adecuada, carencia de recursos y desconocimiento de los protocolos" en el caso de que hubiera que afrontar en Madrid tratamientos de posibles infectados por el virus del Ébola.

El juez, sin embargo, consideró archivar esta notificación bajo el argumento de que "no queda debidamente acreditada la perpetración de delito alguno", según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. El auto de sobreseimiento, que todavía es provisional, fue fechado un día después de la muerte por ébola de Manuel García Viejo, el segundo de los misioneros repatriados desde África occidental. Antes, el 12 de agosto, ya había fallecido el primer religioso trasladado desde Liberia, Miguel Pajares. 

En su escrito, los enfermeros solicitaban "la apertura de las diligencias oportunas para delimitar las responsabilidades" y que se adoptaran "las medidas de tipo cautelar u otros para evitar la comisión de delitos o faltas por imprudencia". Se da la coincidencia de que este miércoles el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, informó de que iba a abrir una investigación para "valorar si hay algún tipo de infracción penal" en el contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero y, en el caso de que la hubiera, quién pudiera ser el responsable. 

Profesionales de los servicios de Urgencias y Cuidados Intensivos de La Paz –ellos son los encargados de atender en el Carlos III los posibles casos de infección por el virus del Ébola, pues ese centro carece de estos servicios– alertaban en esta comunicación al juez de la falta de previsión y la improvisación a la hora de abordar una respuesta ante la hipotética llegada a España de la pandemia. En el escrito, que denuncia el incumplimiento de la normativa vigente en protección de los trabajadores y prevención de riesgos laborales, decían no sentirse "capacitados" para atender "con las garantías suficientes" posibles casos de ébola.

Escasa formación 

Detallaban, por ejemplo, deficiencias en la formación sobre cómo protegerse al tratar con pacientes afectados. Precisaban que los talleres impartidos por Salud Laboral –los días 29 y 30 de abril y 12 y 18 de junio– "se limitan a explicar cómo usar los Equipos de Protección Individual (EPI)" y que "son incapaces de resolver dudas sobre procedimientos habituales en cualquier enfermo ingresado en el hospital, como el traslado interno del mismo, la realización de pruebas diagnósticas (...) y la manera de desinfectar los chasis usados". 

También se referían a los trajes de protección, de los que decían que "la demostración práctica realizada para la retirada de los equipos, teóricamente contaminados y altamente infecciosos (...) deja bastante que desear y desde luego es insuficiente" para que nadie "pueda asumir" que esta formación le convierte en "experto" y le "capacita" para realizar su trabajo "adecuadamente" sin comprometerse a sí mismo, al resto de personal y a los pacientes. "Consideramos que se está reduciendo el nivel de seguridad que había establecido [en el Carlos III] sin justificación alguna", señalaban. Estos equipos han estado en el centro del debate estos días después de una de las líneas de investigación apuntara a que el contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero pudo producirse al desprenderse del traje de seguridad. 

Sobre el procedimiento de actuación, aseguraban en la notificación, fechada el 11 de julio de 2014, que desconocían los protocolos asistenciales que les permitirían actuar de acuerdo a lex artis "a pesar de haberlos solicitados por escrito" directamente a sus inmediatos mandos superiores, supervisora y adjunta responsable. "Incluso desconocemos el espacio físico habilitado para la atención de los pacientes críticos", se quejaban. 

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Desmantelamiento 

Asimismo, recordaban que el Carlos III, que hasta entonces había sido un centro de referencia para enfermedades infecciosas, se integró como centro dependiente de La Paz en noviembre de 2013 y que se cerraron entonces servicios como la UCI, anatomía patológica, los laboratorios de microbiología o el banco de sangre. También alertaban el riesgo de desmantelar ese hospital "sin antes preparar otro lugar que pudiera hacerse cargo de una labor tan sensible y compleja". Y explicaban que en abril se produjeron dos sospechas de ébola en Madrid. El primero de esos casos fue derivado al Carlos III. Y, el segundo, "dándose cuenta de que es imposible atenderle allí por falta de infraestructuras", fue asumido por La Paz. Aunque ambos casos dieron negativo, los profesionales señalaban que este hecho puso de manifiesto la necesidad de una nueva designación para la atención de estos pacientes. 

Aunque finalmente los misioneros infectados se llevaron al edificio del Carlos III –se acondicionó a toda prisa la planta sexta de ese centro, que estaba desmantelada– el centro que la Consejería de Sanidad había establecido como referencia era La Paz. En su escrito los enfermeros advertían de que se trata de un centro de "grandes dimensiones" y que eso hacía que, ante un aumento drástico de casos, resultara "imposible" pensar en aislar plantas o evacuarlo completamente, como se hizo con el Carlos III tras la llegada del primer religioso infectado.