Dos de los cinco miembros de IU que investigan el escándalo de Caja Madrid formaron parte de su asamblea

La comisión de investigación interna que Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) montó hace semana y media a raíz del escándalo de las tarjetas no es del todo ajena al funcionamiento de la antigua Caja Madrid. En concreto, dos de sus cinco miembros, la exdiputada autonómica y dirigente regional Carmen Pérez-Carballo Veiga –que hace las veces de portavoz– y Eva Gómez Orgaz, coordinadora del grupo de IU en el Ayuntamiento de la capital, formaron parte durante años de la asamblea general de la entidad, su máximo órgano de representación, y en el que se sentaban más de 300 miembros. 

Ambas comentaron esa circunstancia en la sesión de constitución de la comisión, el pasado 7 de octubre, por si pudiera ser un motivo de incompatibilidad. Y se descartó esa posibilidad. "Conociendo mi trayectoria personal y política, nadie consideró que fuera ni incompatible ni nada parecido, sino todo lo contrario. Se consideró que yo era una persona muy adecuada por el conocimiento que yo tenía de muchas cosas [de la caja]. Mi participación en la comisión no planteó ningún tema ético ni de ningún tipo", relataba ayer jueves por la tarde Pérez-Carballo, en conversación telefónica con infoLibre. 

Que Pérez-Carballo y Gómez pertenecieron a la asamblea de la caja (técnicamente, eran consejeras generales) es un dato que se puede comprobar echando un vistazo a los informes anuales de gobierno corporativo de Caja Madrid. La primera no niega su pertenencia: "No lo he ocultado nunca y no tengo por qué ocultarlo. Es un hecho público tanto dentro como fuera de IU. No me produce ningún bochorno haber sido miembro de la asamblea general de la caja. Fui representante de mi organización". ¿Y durante cuánto tiempo formó parte de ese órgano? "No me acuerdo, no me acuerdo cuánto tiempo estuve. Sí recuerdo que dimití a raíz de la bancarización de la caja", respondió. Fuentes de la federación, no obstante, apuntan que fue miembro de la asamblea desde 2003 hasta 2010. Su nombre aparece, desde luego, en los informes de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Bien nombrada en el cupo de las corporaciones municipales, bien designada por la Cámara regional. Los consejeros generales podían ser elegidos por los ayuntamientos, la Asamblea de Madrid, las entidades representativas, los empleados y los impositores. 

Este diario no logró contactar con Gómez Orgaz, aunque IU-CM sí reconoció que fue asambleísta. Ella también aparece en los informes de 2006 a 2010, designada por la cuota de impositores. 

Dieta de 1.350 euros brutos, según De la Torre

Como miembros de su asamblea, Pérez-Carballo y Gómez Orgaz tenían acceso a dietas y regalos. "En efecto, recibía dietas, una vez al año, que no son las que habéis puesto [los medios]. Parte se lo daba a mi organización. Con el resto cubría parte del impacto fiscal que tenía esa actividad. Recibía los regalos que todos los consejeros recibían, siempre que asistiera, claro", explicó la portavoz de la comisión. ¿Cuánto dinero, qué obsequios? "Hasta aquí hemos llegado. No daré detalles que están en prensa, en las actas. Es innecesario". Según explicaba Enrique de la Torre, secretario general de la caja, en un correo electrónico dirigido a Miguel Blesa el 1 de septiembre de 2009, los consejeros generales cobraban "una dieta de 1.350 euros brutos por reunión (más el regalo, que es importante)". Entre los obsequios institucionales figuraban, según un mail de De la Torre de septiembre de 2008, teléfonos Nokia N-95, valorados entre 400 y 500 euros. 

La asamblea de Caja Madrid era su órgano de representación superior, que se reunía una vez al año y que se encargaba de aprobar las cuentas y refrendar las decisiones más importantes aprobadas por el consejo de administración. En el consejo, IU colocó a tres representantes: José Antonio Moral Santín, Rubén Cruz y Juan Gómez Castañeda. Todos ellos cargaron gastos a la entidad con sus tarjetas black. Los dos primeros, que sí fueron militantes, ya están fuera de la organización. 

También fue consejera general –y como tal aparece en los informes corporativos de 2006 a 2010– Lidia Fernández Montes, responsable de Comunicación de IU-CM de la actual ejecutiva de Eddy Sánchez y también de las anteriores direcciones de Fernando Marín (2004-2008) y Gregorio Gordo (2009-2012). Fernández no recuerda tampoco el total de años en que fue asambleísta. Ella ejercía de secretaria de los consejeros de IU. O sea, quien les convocaba a las reuniones de coordinación, "a iniciativa del coordinador". La dirigente dice que, de "los 800 euros netos" al año que cobraba de la caja, parte se iba a la organización, en concepto de donación. Y como regalos recibió "una cafetera, una cámara de fotos". 

Asambleístas como Pedro Sánchez

IU firmó sucesivos pactos de estabilidad (1996, 2001 y 2006 y 2009) para mantener al hoy imputado Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid. El último, el de 2009, quedó en papel mojado porque, en plena lucha dentro del PP por el control de la entidad, Mariano Rajoy decidió quitar a Blesa y reemplazarlo por Rodrigo Rato, que acabó por conducirla al desastre. 

Precisamente en 2009 IU-CM llevó a los tribunales al Gobierno de Esperanza Aguirre por su decisión de suspender a dos de los miembros de la Comisión de Control de la caja, Fernando Serrano (del PP, pero del sector del entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón) y Juan Gómez Castañeda. Con ello, el Ejecutivo regional buscaba tener mayoría en ese órgano, encargado de preparar el relevo en la cúpula de la entidad financiera, y lograr así desplazar a Blesa para situar al frente a su delfín, Ignacio González. Aquel recurso judicial, como desveló infoLibre, lo pagó el equipo de Blesa. Lo que sucedió con aquella impugnación ha sido el objeto central de las pesquisas de la comisión de investigación. 

De la asamblea general de Caja Madrid también formó parte, entre 2004 y 2009, el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El dato afloró en la campaña por el liderazgo del partido, el pasado verano, y resurgió esta semana. Sánchez reconoció que durante tres años, de 2005 a 2008, se benefició de un pequeño descuento –unos 60 euros al mes– en su hipoteca, precisamente por ser consejero general de la entidad. En 2008 amplió su préstamo, pero entonces ya no tuvo derecho a ninguna bonificación. Pérez-Carballo aseguraba a este diario ayer jueves que no pidió "nunca ningún crédito" a la caja. 

El dictamen de la comisión

La comión de investigación de IU-CM acabó sus primeros trabajos el miércoles, tras entrevistar a una veintena de dirigentes en relación con el recurso judicial de 2009. Fue Pérez-Carballo quien expuso las conclusiones a la ejecutiva de Eddy Sánchez. Esta decidió trasladar al órgano superior, la Presidencia Ejecutiva Regional (PER), convocada para hoy viernes, el dictamen y la tarea de depurar responsabilidades políticas. 

Pérez-Carballo es, de los cinco miembros de la comisión, la única que es a la vez integrante de la ejecutiva. Es, en concreto, secretaria regional de Administraciones Públicas. Eva Gómez es coordinadora del grupo de IU en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, una persona de la confianza del portavoz municipal, Ángel Pérez, coordinador entre 1993 y 2000. Los otros tres miembros de la comisión son José Luis Martínez Cestao, Lali Vaquero y Mateo González. Cestao y Pérez-Carballo se adscriben al llamado 49%, el sector que perdió el congreso de IU-CM de 2012 pero que desde el pasado abril comparte la dirección regional. Gómez y González son próximos al líder municipal. Y Vaquero, diputada autonómica, está en el grupo en el que está, entre otros, el dirigente Julián Sánchez-Vizcaíno (de ahí el apelativo con el que le rotula la organización, los vizcaínos), un núcleo bisagra que actúa ahora de crítico. 

Distintas fuentes de IU, en Madrid y fuera, apuestan por que la persona que hoy puede caer es Antero Ruiz. Él llevaba las riendas de la política institucional de IU-CM en 2009. En su cartera, por tanto, estaba incluida la cuestión de la caja. La defenestración de Ruiz no sería muy gravosa en términos de peso político, ya que no se sienta en la ejecutiva en la actualidad. Sí mantiene el cargo de vicepresidente tercero de la Asamblea de Madrid desde 2007. 

Vía obstruida en la Asamblea de Madrid

No obstante, no se descarta que la depuración ascienda un nivel. Que se dispare directamente a dirigentes de primera fila, como Ángel Pérez o Miguel Reneses, coordinador de IU-CM entre 2000 y 2002 y portavoz de Economía en la Asamblea en el año de autos, 2009, cuando se firmó el recurso. Pero este es secretario de Organización federal. O sea, el hombre más cercano a Cayo Lara. Fuentes de su entorno señalaron que no va a permir un "ataque a la dirección de Cayo y a la federación madrileña", ni una "caza de brujas", ni una "causa general". "No hay motivos ni pruebas, y por esa regla de tres tendrían que caer todas las direcciones, si entendemos que todo el mundo es responsable de lo que pasó, y eso no va a pasar. Nadie sabía lo de las tarjetas", alegaban. 

Bases y cuadros de IU, no obstante, piden cabezas ya, para atajar la sangría de credibilidad que IU está sufriendo desde que estalló este caso. El malestar no se circunscribe sólo a Madrid. Está extendido a otros territorios, como se puso de manifiesto en la Presidencia Federal del pasado sábado. Allí, el diputado Alberto Garzón, valor emergente de la cúpula y ungido por algunos de sus compañeros como el sucesor natural de Lara en las siguientes generales, exigió mano dura y nada de contemplaciones. En horas, en la reunión de la Presidencia, se sabrá hasta dónde está dispuesta a llegar IU.

Mientras, una de las peticiones que salieron de la resolución regional sobre el caso Bankia, que el PP aceptase crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, se estrelló el pasado martes en la Junta de Portavoces. Los conservadores lo impidieron. Igual que pasó en el Congreso.