Ruz avisa de que investigará si Cospedal o Tirado tienen relación con una comisión para la campaña de 2007

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz llama como imputado en el caso de los papeles de Bárcenas al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), por la supuesta donación de 200.000 euros de Sacyr para la campaña de las autonómicas de 2007 a cambio de un contrato público, contiene una carga de profundidad que puede afectar a María Dolores de Cospedal o al actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado.

El magistrado avisa en su auto de que no cesará en sus investigaciones hasta averiguar si es cierta la declaración de Bárcenas, según la cual la pretendida donación opaca de Sacyr fue una comisión a cambio del contrato de basuras de Toledo para su filial Sufi. Pero no solo. Ruz seguirá adelante hasta constatar “el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas”.  

Y ello, añade, “con carácter previo a una eventual remisión” de esa parte de la causa al “órgano que se estimare competente". Y ese órgano es "en principio la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”. 

En el relato que sobre esa donación trazó Luis Bárcenas ante Ruz, en sus declaraciones judiciales del 15 de julio de 2013 y el 10 de abril de este año, solo aparecen dos aforados ante el TSJ castellano-manchego: Vicente Tirado, presidente de las Cortes regionales y quien según Bárcenas asistió junto con él mismo a una reunión con los responsables de Sacyr –Luis del Rivero y Manuel Manrique, quienes han negado en sede judicial el pago de cualquier comisión– para abordar su contribución a la campaña; y la propia presidenta regional y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, quien, según Bárcenas, fue quien le comunicó que Vicente Tirado acudiría a la reunión con Sacyr.

Ante el juez Ruz, el extesorero nacional del PP presentó los 200.000 euros que, según sus palabras, hizo llegar al PP de Castilla-La Mancha como un anticipo de un montante muy superior: “600.000-700.000 euros”.

Al introducir una mención expresa a “persona o personas aforadas”, Ruz solo puede por tanto referirse a Cospedal y/o Tirado. Porque en lo investigado figura un tercer personaje público que goza de aforamiento, pero ante el Supremo: el diputado en el Congreso Sebastián González, cuyo papel parece circunscrito a la transmisión de un mensaje a Bárcenas, a finales de 2006, para que contactase con Cospedal, quien le quería “plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo”.

Pero las pesquisas sobre la presunta comisión pagada por Sacyr al PP de Castilla-La Mancha no han avanzado solo sustentadas en la versión de Bárcenas. En junio, la Intervención General del Estado (IGAE) dictaminó en un informe encargado por Ruz que, si bien el coste oficial del contrato con Sufi ascendía a 6,13 millones por año durante una década, el coste real se elevó a 11,3 millones.

El precio del contrato se disparó, dice el informe, "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho". Y un segundo informe, este de la UDEF, llegó a Ruz días antes de dictar el auto de imputación de Molina.

Prevaricación, soborno y tráfico de influencias

José Manuel Molina, cuya comparecencia como imputado está fijada para el 24 de noviembre, reside desde abril en la República Demócratica del Congo, donde ocupa el tercer escalón en la Embajada española. La resolución por la que el juez Ruz lo llama en calidad de imputado recalca que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de tres delitos de corrupción: prevaricación, cohecho (soborno) y tráfico de influencias.

Ruz también cita, como testigos, al actual alcalde de Toledo, el socialista Emiliano García-Page; al diputado Sebastián González y al entonces viceinterventor del consistorio, Javier Sánchez Rubio.

El juez avanza en solitario

En dos días, Pablo Ruz ha dictado dos imputaciones de alcance: la de Ángel Acebes, predecesor inmediato de Cospedal en la secretaría general del PP, en relación a la compra de acciones de Libertad Digital con supuestos fondos opacos del PP; y la del exalcalde de Toledo José Manuel Molina, el último político de los presuntamente involucrados en la operación basuras de Sacyr que no goza de aforamiento.

Ruz ha adoptado ambas decisiones literalmente solo: es decir, sin que la Fiscalía Anticorrupción, que tiene encomendada la persecución pública de los delitos investigados, solicitase previamente ninguna de esas dos imputaciones.

Ayer miércoles, infoLibre preguntó a portavoces de la Fiscalía el porqué de ese hecho, pero no hubo respuesta. Las fuentes consultadas sí garantizaron en cambio que Anticorrupción no impugnará ninguna de las dos imputaciones.

Qué consecuencias prácticas tendrá la decisión de Ruz de llegar hasta donde su jurisdicción le permite es todavía una incógnita. Pero, de momento, las declaraciones de los dos dirigentes del PP castellano-manchegos ya imputados por el asunto de Toledo han operado, por poco verosímiles, como un bumerán.

Del recibí falso firmado por miedo al tesorero del papel higiénico

En noviembre, el gerente regional del PP, José Ángel Cañas, aseguró en noviembre a Ruz que en marzo de 2007 firmó un recibí por la recepción, en dos remesas, de los 200.000 euros cuyo origen sitúa Bárcenas en Sacyr. Pero, según Cañas, en realidad no pasó por sus manos uno solo de esos 200.000 euros. Simplemente, por “imposición” de Bárcenas y por miedo a perder su puesto, redactó y firmó el recibí de una cantidad astronómica, lo cual, incluso aceptando que el dinero nunca hubiera existido, convertía en más que difícil explicar lo sucedido llegado el caso. O sea, llegado el momento de una investigación como la dirigida por Pablo Ruz.

Y ya en julio de este año, el segundo imputado del PP castellano-manchego, el extesorero regional Lamberto García Pineda, rizó el rizo con una sorprendente declaración judicial.

Además de manejar oficialmente las cuentas regionales del PP, García era concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo y presidente de la mesa de contratación que adjudicó a Sufi el 15 de enero de 2007 el contrato municipal. Fue, además, quien ante la perspectiva de una huelga de la de limpieza por los bajos sueldos a menos de una semana de las elecciones locales y autonómicas de mayo, firmó en nombre del Ayuntamiento de Toledo una modificación al alza del contrato con Sufi.

Pese a esos datos biográficos, García proyectó de sí mismo ante el juez Ruz la imagen de un tesorero estrictamente decorativo que nada decidía ni de nada se enteraba. "He firmado cuatro talones en mi vida, algunos de un euro por un café o para papel higiénico", dijo literalmente.

El PP culpa a García-Page

Ayer miércoles, este diario pidió a los portavoces del PP castellano-manchego opinión sobre el párrafo del auto donde Ruz alude a “persona o personas aforadas”. Las fuentes consultadas declinaron pronunciarse y remitieron al comunicado oficial emitido por la dirección regional del partido.

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Bajo un titular en el que el PP “se declara satisfecho” por el hecho de que Molina “pueda explicar la verdad” sobre el contrato con Sufi, la nota de prensa del PP obvia la palabra imputación o cualquiera con su misma raíz. 

La nota avanza por el siguiente derrotero: el de que al actual alcalde socialista es el verdadero responsable de que Sufi ganase el concurso para el servicio de basura seis meses antes de las elecciones municipales donde García-Page desbancó al PP. Atribuyendo esas palabras a la portavoz regional del partido, Carmen Riolobos, el comunicado lo expresa así: “Los toledanos saben que fue Emiliano García-Page, alcalde de Toledo y secretario general del PSOE, quien aprobó la adjudicación definitiva del contrato de basura de Toledo, a pesar de los informes con reparos suspensivos de la intervención municipal”.

Fuentes socialistas admitieron ayer que García-Page autorizó en 2008 la formalización definitiva del contrato y que aceptó cambios, aunque de menor entidad que los pactados en junio por el Gobierno del PP. Las fuentes no precisaron en qué consistían los cambios aprobados en enero de 2008. "A ver si ahora va a resultar que los 200.000 euros de Sacyr eran para Emiliano García-Page y no para la campaña del PP", ironizó uno de los consultados antes de recalcar su mensaje central: no es la gestión del PSOE en ese asunto lo que investiga Ruz, sino si Sufi obtuvo el contrato con el Gobierno local del PP previo pago de una comisión.