Detenidos el presidente de la Diputación de León, el exalcalde de Cartagena y el empresario Marjaliza

El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, fue detenido este lunes por la mañana en una operación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción por el pago de comisiones por adjudicaciones de obras, según informó Diario de León. Otro de los detenidos en la Región de Murcia dentro de la operación Púnica es el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, según informó el diario murciano La Verdad. Alonso es socio del empresario David Marjaliza en la sociedad Atalia, que intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en la ciudad portuaria.

La operación anticorrupción en la que también fue detenido el exconsejero madrileño Francisco Granados se ha saldado con el arresto de otras 50 personas, todas ellas acusadas de formar parte de la trama para el cobro de comisiones por la adjudicación de obras.

Según informó la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, sólo en los dos últimos años, esta trama de corrupción municipal y regional se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros. La trama operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia.

El empresario Marjaliza, entre los detenidos en la trama

Entre los 51 detenidos este lunes en el marco de la macroperación contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional en varias provincias de España se encuentra el empresario David Marjaliza, quien en su página web se presentaba como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada".

La Fiscalía explica que los detenidos en esta operación llevada a cabo por la Guardia Civil formaban "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

En concreto, a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.