Estados Unidos y la UE negocian un tratado de libre comercio a medida de las multinacionales

TTIP. Si estas siglas no le dicen nada, no se preocupe: probablemente se deba al secretismo con el que se están llevando a cabo las negociaciones sobre el Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversión, el acuerdo de libre comercio entre EEUU y la UE que se está definiendo en unas rondas de conversaciones rodeadas desde su inicio por una densa opacidad. Esta niebla, no obstante, ha dejado traslucir que la firma del convenio otorgará a las empresas multinacionales una fuerte capacidad de influencia en las decisiones de los Estados.

Las negociaciones comenzaron en julio de 2013 y desde entonces se han llevado a cabo varias rondas, de cuyo resultado no se ha informado a los parlamentos nacionales. De hecho, el único documento que ha publicado –hace apenas unas semanas– de manera oficial el Consejo de la UE es el mandato que regula las directrices que deben seguir las conversaciones, un escrito que, pese a su ambigüedad en algunos puntos, ofrece datos sobre las eventuales consecuencias que provocaría la aprobación de este tratado.

La "armonización" entre las regulaciones de EEUU y la UE, el establecimiento de tribunales en los que las empresas podrían denunciar a los Estados por aprobar ciertas leyes o incluso la referencia expresa a la "eliminación de derechos" que recoge dicho mandato son tan sólo algunos de los argumentos que esgrimen los grupos contrarios a la aprobación del TTIP para oponerse. En la Eurocámara, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (GUE-NGL) –donde se integran Podemos e IU– y el Grupo de los Verdes –donde participan ICV o Compromís-Equo– son los que con más fuerza se están enfrentado a este acuerdo.

Varios colectivos sociales, por su parte, convocaron hace unas semanas manifestaciones en toda Europa para protestar contra "el control de las negociaciones por parte de las corporaciones". "Los que pierden con este acuerdo son los ciudadanos norteamericanos y europeos", denuncia tajantemente Ricardo García Zaldívar, economista, presidente de Attac España y miembro de la Plataforma No al TTIP, que asegura que el secretismo de las conversaciones supone "una sustracción a la democracia" y alerta de que el tratado provocará que parte de la legislación europea, mucho más proteccionista en muchos aspectos, se asimile a la norteamericana, algo que pondría en peligro el modelo de servicios públicos del viejo continente.

"Armonización" de las legislaciones

Y es que el mandato hecho público por el Consejo de la UE señala que "el acuerdo incluirá disposiciones o anexos que contendrán compromisos o pasos adicionales destinados a promover la compatibilidad reglamentaria en sectores específicos". Entre estos sectores que deberían experimentar una "armonización reglamentaria" que elimine las "barreras no arancelarias" se menciona expresamente, por ejemplo, el de "los productos farmacéuticos y otros sectores de la salud”, así como el de “las tecnologías de la información y la comunicación", entre otros.

Es decir: el documento establece que debe buscarse la eliminación de cortapisas a las empresas que deseen invertir en estos sectores, algo que para García Zaldívar supone extender las "directrices de la troika" al tratado. "Estas políticas [las seguidas por la troika en los países rescatados], que incluyen privatizaciones de los servicios públicos, son avanzadillas del intento de entrar en el gran pastel de la sanidad y la educación pública", asegura el presidente de Attac España, que señala que el TTIP "es una nueva vuelta de tuerca" en este sentido, ya que "obligaría" a los Estados a someterse a sus directrices.

"Se trata de tirar a la baja todas las normativas regulatorias que limiten de alguna manera los beneficios de las empresas, cogiendo de cada lado del Atlántico las reglas que más les convengan". Así de clara se muestra Marina Albiol, eurodiputada de IU, que señala que con el tratado normas europeas que limitan asuntos como el fracking o el uso de productos transgénicos se verían suavizadas para asimilarse a las norteamericanas. Y al contrario: por ejemplo, el sector financiero en EEUU –"que cuando estalló la crisis fue regulado algo más" que el europeo, según afirma Albiol– se vería beneficiado por las normas más laxas que existen en Europa.

"En temas como el fracking la UE ha sido mucho más prudente", abunda por su parte García Zaldívar, que explica que la regulación europea "dice que se ha de aplicar el principio de prevención: si sobre un determinado tema hay sospechas de que puede ser perjudicial para el medio ambiente o para la salud, aquel que quiere aplicarlo debe demostrar que es inocuo", algo que funciona a la inversa en EEUU, donde es la administración quién debe demostrar lo perjudicial de una técnica para vetarla.

Los servicios sociales, una incógnita

Por su parte Lola Sánchez, diputada de Podemos en el Parlamento Europeo, hace hincapié en el artículo 5 del mandato del Consejo de la UE, el cuál señala que las negociaciones deben garantizar "un resultado equilibrado entre la eliminación de derechos, la eliminación de obstáculos reglamentarios al comercio innecesarios y la mejora de las normas que den lugar a [...] una apertura efectiva y recíproca de los respectivos mercados". "Ellos consideran que todo tipo de reglamentación sobre comercio, que puede ser por ejemplo de protección del consumidor o al medio ambiente, es un obstáculo reglamentario", y por tanto debe ser eliminado, afirma Sánchez.

La eurodiputada, asimismo, explica que el TTIP incluirá una lista que especifique los sectores a los que afectará. "Pero todavía no se sabe si será en negativo o en positivo", señala; es decir, que se desconoce si mencionará los sectores a los que no afecta el tratado o a los que se verán incluidos en el mismo. "Esto es muy peligroso", asegura Sánchez, que afirma que una lista "poco minuciosa" podría abrir la puerta a la privatización de sectores como la sanidad o la educación. "Podría pasar como con el caso de los hospitales públicos en Madrid", explica por su parte García Zaldívar, que recuerda que la Comunidad de Madrid planteaba que la titularidad de los centros seguiría siendo pública y tan sólo se externalizaría la gestión.

Y es que, a pesar de que el mandato hecho público por el Consejo de la UE señala expresamente que "la elevada calidad de los servicios públicos de la UE debe conservarse", tras la aprobación del tratado no quedarán delimitados los sectores afectados de manera definitiva. Albiol explica que "después de aprobarse el TTIP se va a constituir una comisión para seguir desarrollándolo, así que en cualquier momento puede incluirse la liberalización de la educación y la sanidad", algo que, coincide la eurodiputada, podría verse favorecido por la poca concreción a la hora de delimitar qué es un servicio público.

Un tribunal especial para resolver conflictos

Otro de los puntos más polémicos del tratado es el llamado "mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados" o ISDS, en sus siglas en inglés. Esta herramienta, según explica el propio mandato, "debe ofrecer a los inversores una gama tan amplia de foros de mediación como la ya existente en el marco de los acuerdos bilaterales de inversión de los Estados miembros". Y es que este tipo de instrumentos son habituales en los tratados comerciales entre países, según explica García Zaldívar.

Pero, ¿en qué consiste el ISDS? Básicamente, se configura como un tribunal en el que las compañías que estimen que un cambio legislativo realizado por alguno de los firmantes les perjudica a la hora de obtener beneficios y va contra las directrices desrreguladoras del tratado puedan reclamar la cantidad que, a su juicio, habrían dejado de ganar. “Este tipo de mecanismos existen desde hace mucho, están presentes por ejemplo en tratados de EEUU con otros países de América Latina, Asia o África, y España también lo ha incluido en tratados con países como Egipto", explica el presidente de Attac España.

En un tribunal de este tipo, relata García Zaldívar, la tabacalera estadounidense Philip Morris demandó por 25 millones de dólares –llegó a manejarse una cifra de hasta 2.000 millones– al Estado de Uruguay por varios cambios legislativos que buscaban la reducción del consumo de tabaco en el país, uno de los más altos de la región. No es el único caso: la eléctrica Vattenfall demandó a Alemania cuando la canciller Angela Merkel anunció el cierre de sus centrales nucleares. ”Se trata de un verdadero caballo de Troya de las multinacionales", asegura por su parte Sánchez, que hace hincapié en que esta institución afectará a todas las administraciones de los Estados, por lo que "incluso la legislación municipal se encontrará en manos de las empresas".

Sin embargo, lo que más indigna a la eurodiputada es la composición de este mecanismo, cuyo funcionamiento asegura conocer tan sólo por las "filtraciones" que se han producido en las opacas negociaciones, dado que no se ha ofrecido ningún dato oficial al respecto. "La corte", explica Sánchez, "estará formada por tres árbitros que pertenecen a los grandes bufetes internacionales de abogados” y que, según afirma, “cobran un mínimo de 600 euros la hora”, lo cuál puede suponer un fuerte perjuicio para las cuentas de los Estados.

Las dudas con respecto al mecanismo, no obstante, se han hecho públicas incluso entre los defensores del TTIP: la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, respondió por escrito a una pregunta parlamentaria que “no habrá un mecanismo de solución de controversias Inversor-Estado en ese acuerdo”, un enfoque que, no obstante, corrigió unos días después retirando sus palabras y asegurando que se había tratado de un “error”. La postura del vicecanciller alemán, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, con respecto a un mecanismo similar que será incluido en un tratado de libre comercio entre la UE y Canadá es mucho más clara: Alemania no firmará si esta herramienta se mantiene.

“El ISDS es terrible porque los gobiernos van a tener las manos atadas, ya que si regulan para protegernos de alguna manera, aumentando el salario mínimo, o reduciendo la edad de jubilación, las empresas los pueden denunciar. Así que los Estados dejarán de regular”, denuncia Sánchez, que alerta de que la importancia económica de la UE y EEUU puede provocar que otros países deban adoptar este tipo de políticas para poder competir con ellos. “El 49% del comercio mundial se produce entre EEUU y la UE, así que si el TTIP se aprueba regulará la mitad del comercio mundial. Y va a obligar al resto a entrar en su juego si no se quieren quedar fuera”, remacha.

El sector público, también afectado

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Pero la influencia del tratado sobre la política económica de los Estados no se queda ahí, ya que el mandato también hace referencia a que “el acuerdo deberá abordar los monopolios estatales, las empresas de propiedad estatal y las empresas titulares de derechos especiales o exclusivos”, sin dar más detalles. La eurodiputada de Podemos señala que una redacción tan amplia hace imposible conocer con exactitud a qué se refiere el documento, pero aventura que “si se junta este principio con el de no preferencia nacional, que establece que debe tratarse de la misma manera a las empresas de la otra parte que a las del propio país, esto podría suponer que compañías estadounidenses puedan decir que Correos o Renfe son monopolios y que eso es contrario al TTIP, por lo que debe entrar participación privada al sector”.

García Zaldívar, por su parte, opina que la ambigua redacción del mandato lo que plantea en realidad “es que todo entre dentro del alcance de las grandes transnacionales”. “Las cláusulas antimonopolio, por ejemplo, fueron las que forzaron a España a privatizar las grandes empresas estatales para entrar en la UE”, recuerda el presidente de Attac España, que no obstante cuestiona la equidad de este tipo de medidas. “Al final son los países más débiles los que pagan el pato, porque hoy en día, en Francia por ejemplo, sigue existiendo una empresa eléctrica de mayoría estatal [EDF]”, denuncia el experto, que alerta que este tipo de medidas pueden aumentar las diferencias entre los países ricos y pobres en la propia UE.

Aún no hay una fecha programada para el fin de las negociaciones y la firma del tratado, que posteriormente tendría que ser ratificado por el Parlamento Europeo, el Congreso de EEUU y algunos parlamentos nacionales europeos, si bien García Zaldívar aventura que las conversaciones terminarán el año que viene y señala que en el grupo socialdemócrata de la Eurocámara, que al principio apoyaba sin fisuras el TTIP, están comenzando a surgir voces discordantes con algunos aspectos del acuerdo. Por ello, Albiol se muestra confiada en que aún queda “tiempo” para que la “presión” ciudadana evite la rúbrica. “Esto no es una agresión de los EEUU contra Europa”, se esfuerza en recalcar la eurodiputada. “Esto es una agresión de las multinacionales de Europa y de EEUU contra los pueblos estadounidense y europeo”.