Operación Púnica
El PP presentará una moción de censura contra su presidente en la Diputación de León
El Partido Popular de León ha anunciado en un comunicado que "concluirá los procedimientos previstos en las normas aplicables para relevar de la Presidencia de la Diputación de León y del Ayuntamiento de Cuadros a Marcos Martínez", ante la negativa de éste de presentar su dimisión, lo que se traducirá en sendas mociones de censura en la Institución provincial y el Ayuntamiento de Cuadros.
El presidente en funciones del PP de León, Eduardo Fernández, ya había anunciado a los medios de comunicación que el partido otorgaba un plazo de 24 horas a Martínez para que presentara su renuncia, de lo contrario se iniciarían los trámites para su cese.
El mérito de Orejas para presidir la Diputación de León: no haber hecho nada
Ver más
En el citado comunicado, el PP leonés subraya que, "sin entrar a prejuzgar la existencia de responsabilidad penal" de Martínez, "sí existen unos hechos de máxima gravedad que han afectado y afectan a su persona, como son la detención ordenada en el curso de un proceso judicial penal seguido en la Audiencia Nacional, la incomunicación durante varios días y la prisión preventiva incondicional y sin fianza ordenada por el Juzgado Central de Instrucción nº 6".
Ante tal situación, añade el texto, "el Partido Popular considera que resulta absolutamente inviable gobernar una institución desde la cárcel bajo una situación de prisión preventiva cuya duración es indefinida". "Por ello", insisten, "el Partido Popular, ejerciendo la responsabilidad encomendada por los ciudadanos en las elecciones municipales de 2011, debe resolver esta situación lo antes posible a fin de garantizar el normal funcionamiento de la Diputación Provincial".
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión al presidente de la Diputación leonesa, a quien acusa de participar en empresas a las que benefició con contratos públicos. El caso de Martínez está enmarcado en el contexto de la Operación Púnica, destapada esta semana por la Guardia Civil, que detuvo a 51 personas en relación a una trama de relaciones personales e influencias políticas, cuyo supuesto cabecilla es Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid.
