La Audiencia de Madrid archiva la querella de los médicos contra la cúpula de la Sanidad que impulsó la privatización

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acordado, en un auto fechado el 30 de octubre, el sobreseimiento provisional de la causa que se sigue desde junio de 2013 en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Esperanza Aguirre Manuel Lamela y Juan José Güemes, por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de privatización de la gestión de hospitales en Madrid.

A todas ellas los querellantes les atribuían los presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. Aunque no cabe recurso, los magistrados aseguran que se podría acordar la reapertura del procedimiento en el caso de que apareciesen nuevos elementos que permitieran apreciar la naturaleza penal de determinadas conductas. 

La asociación de facultativos Afem interpuso una querella que fue estimada por el titular de ese juzgado, el magistrado Marcelino Sexmero, quien llamó a declarar en calidad de imputados a los extitulares de Sanidad pero también a otros altos cargos como la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria o el ex director general de Hospitales, Antonio Burgueño. Y también a representantes de las empresas de sanidad privatizada como la Fundación Jiménez Díaz, el Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad (ahora IDC Salud); Unilabs y Asisa. Asimismo, el instructor ordenó enviar una comisión rogatoria a Luxemburgo para que investigue a HC Investments BV, el fondo holandés que controla la antigua Capio.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial entienden que no existió delito y dan por el momento carpetazo a este proceso al estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por Güemes, Flores, Burgueño y las compañías Asisa y Unilabs y a los que se había adherido el Ministerio Fiscal y el resto de querellados contra el auto del juez Sexmero tras la querella criminal presentada por AFEM. El primero de ellos alegó que la querella era "un supuesto de acción penal instrumentalizada políticamente con fines espurios". 

No obstante, resulta extraño el hecho de que la Audiencia Provincial obvie uno de los aspectos centrales de la querella de Afem, que aludía a las supuestas irregularidades cometidas en la puesta en marcha y funcionamiento de los hospitales Infanta Elena, en Valdemoro; Rey Juan Carlos, en Móstoles y el Hospital de Torrejón de Ardoz. Estos centros funcionan bajo un régimen de concesión administrativa lo que significa que tanto la parte no sanitaria como la sanitaria está gestionadas por empresas privadas a las que la Administración paga una cantidad por paciente al año. De hecho, en la querella se pedía que se investigaran supuestas irregularidades del Servicio Madrileño de Salud en el concierto para asistencia sanitaria suscrito con Fundación Jiménez Díaz, así como supuestas negligencias en el control del gasto público, la facturación intercentros (las operaciones o las consultas de pacientes adscritos a unos centros que se derivan a otros) y derivación del paciente a través del denominado call centercall center. 

Pues bien, los jueces se centran en otro asunto, el plan de privatizar la gestión de seis hospitales que no son los previamente citados (en concreto el Infanta Cristina y el del Tajo, el Infanta Leonor, el del Sureste y el del Henares), a la que renunció la Comunidad de Madrid después de que el TSJ madrileño desestimara los recursos de reposición presentados por la Comunidad y las empresas contra la suspensión cautelar de este proceso dictada el pasado septiembre a instancias de Afem, que había recurrido por la vía administrativa la adjudicación de la gestión de estos hospitales a las compañías privadas HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL. A día de hoy estos centros siguen funcionando bajo un modelo mixto. 

En este sentido, los jueces aluden al hecho de que se diera marcha atrás en el cambio de modelo de gestión por lo que “difícilmente podríamos llegar a la conclusión de que estamos en presencia de unos hechos que pudieran ser incardinados en un tipo penal”. “Las divergencias en el modelo de gestión –añaden– podrán residenciarse en cualquier ámbito, pero debe descartarse al respecto el ámbito del proceso penal”, aseveran. 

Este hecho ha generado una gran extrañeza en Afem. Su abogado, Miguel Muga, ha señalado a infoLibre que el objeto de la querella es distinto al objeto del archivo. "La querella no tiene nada que ver con el contencioso, nos ha parecido muy extraño", asevera. Muga señala que ante esta decisión no cabe recurso, aunque el juez sí ha dejado abierta la posibilidad de una reapertura del caso en el caso de que los querellantes aportaran nueva documentación. 

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En su auto, la Audiencia Provincial de Madrid asume el criterio de la Fiscalía y asevera que la querella "contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid, pero que difícilmente puede entenderse que revistan naturaleza jurídico penal, porque en todo caso y hasta el momento, se circunscriben al ámbito político-administrativo”.

Falta de legitimidad

Otro de los argumentos en los que los jueces de la audiencia basan su decisión es la falta de legitimidad de Afem para personarse como acusación particular. Tal y como habían alegado el exconsejero Güemes, Asisa, Unilabs y la Comunidad de Madrid, determinan que la asociación no está capacitada para ejercer la acusación particular bajo el argumento de que "en ningún momento ha acreditado un perjuicio concreto y específico" respecto a la lista de delitos que imputan a los querellados. No obstante, señala que "se encuentra perfectamente legitimada el ejercicio de la acción popular". La Fiscalía también había esgrimido la falta de legitimidad del colectivo de médicos en varios escritos presentados el pasado verano en los que se adhería a los recursos de los imputados. En esos mismos escritos el Ministerio Fiscal arremetía contra el magistrado Sexmero y sostenía que sus pasos se encaminaban no a comprobar hechos concretos sino a buscar cualquier "descuadre de datos" de apariencia delictiva.