Tragsa premia con un cargo en Brasil al exalcalde del PP que gastó 172.000 euros con la tarjeta B

La empresa pública Tragsa ha encontrado finalmente dónde ubicar a su exgerente en Madrid Javier de Miguel, que fue alcalde del PP en El Escorial y gastó 172.700 euros con su tarjeta B de Caja Madrid. Tras aparecer su nombre en la lista de los 82 directivos y consejeros que utilizaron las tarjetas opacas al fisco, De Miguel fue destituido, pero no despedido. Se le preparó un despacho en la séptima planta de la sede madrileña de Tragsa, la misma donde se ubica la presidencia del grupo. Ahora se le envía a Brasil, como jefe de grupo de obra de la filial que allí creó Tragsa en 2013.

El de jefe de grupo de obra es un puesto de mando intermedio, sujeto a convenio colectivo, a diferencia del que ocupaba antes. Según fuentes sindicales, el exgerente cobrará un máximo de 40.000 euros al año por su desplazamiento internacional. Su salario como gerente de zona ascendía a 73.000 euros, sin incluir la remuneración por objetivos. Al tratarse de un titulado medio del nivel dos, le corresponde un salario base de 24.000 euros anuales, de acuerdo con el convenio colectivo.

En Brasil, Tragsa ha formado a brigadas forestales de ocho municipios en el estado de Tocantins. También se encarga de las redes de abastecimiento y tratamiento de agua de otros tres municipios, según publicita en su página web. En Palmas, la capital de Tocantins, en la Amazonia, se encuentra la sede del grupo español. Según su informe anual, Tragsa Brasil se apuntó unos beneficios de 38.169 euros en 2013.

Javier de Miguel fue alcalde de El Escorial por el PP entre 1995 y 2003. En la comisión de control de Caja Madrid permaneció hasta el 23 de marzo de 2010. En Tragsa entró a trabajar como apoderado en septiembre de 2012, hasta que el 1 de noviembre de 2013 fue nombrado gerente de zona de la Comunidad de Madrid. En ese momento, la empresa pública se encontraba en plena negociación del ERE que debía suponer el despido de 1.336 trabajadores.

Cascada de dimisiones tras el escándalo

El escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid provocó una cascada de ceses y dimisiones de cargos políticos y en empresas públicas y privadasen empresas públicas y privadas. El último cuya renuncia se ha conocido es el expresidente de Renfe Miguel Corsini, que ha abandonado el consejo de Mutua Madrileña. Antes dimitieron Luis Gabarda, de la presidencia de Inversis; Javier Astorqui, de la vicepresidencia de Burson- Masteller; Elena Gil, como consejera de Jazztel; Juan Emilio Iranzo, como consejero de la pública Red Eléctrica; Manuel José Rodríguez, gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte, y Rodrigo Rato como consejero de Servihabitat, la inmobiliaria de La Caixa.

A la lista hay que sumar cargos políticos como los de Rafael Spottorno, consejero de Juan Carlos I; el exdirector general de Economía Pablo Abejas; el exjefe del gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura; el vocal del Tribunal Económico y Administrativo de Madrid Fernando Serrano; el presidente del PP de Arganzuela, José Nieto Antolinos, y el exasesor de Ana Botella Beltrán Gutiérrez Moliner. En la Fundación Caja Madrid dimitieron su presidenta, Carmen Cafranga, y quien fue secretario personal de José María Aznar, Antonio Cámara. En el PSOE fueron 16 los afiliados que hicieron uso de las tarjetas B, de los que siete resultaron expulsados y los nueve restantes se dieron de baja. En IU fueron expulsados los tres militantes implicados.

Finalmente, terminó presentando su renuncia el presidente de la patronal madrileña y vicepresidenta de la CEOE, Arturo Fernández. Y en los sindicatos, cesaron el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, y el presidente de la Fundación Primero de Mayo de CCOO, Rodolfo Benito.

Refugio de exalcaldes del PP

La permanencia de Javier de Miguel en la empresa, después de conocerse su uso de las tarjetas negras de Caja Madrid, suscitó las protestas de los sindicatos y la plantilla, espoleadas poco después por la noticia de que otro exalcalde del PP, en este caso imputado por corrupción, iba a ser nombrado delegado de Tragsa en Galicia. Ángel Currás, exregidor de Santiago e imputado por tráfico de influencias en la Operación Pokémon, cedió el bastón de mando en junio pero no entregó el acta de concejal. Su presencia en un gobierno municipal del que tuvieron que dimitir nueve concejales constituía una imagen muy incómoda para el PP gallego.

La solución fue darle ese cargo en Tragsa, que finalmente no ocupará tras el escándalo suscitado. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tuvo que salir al paso de las críticas en el Parlamento gallego y anunciar solapadamente que el nombramiento no se haría efectivo. Currás dimitó como concejal el pasado lunes y volverá a su cátedra de Biología en un instituto de Santiago. El cargo en Tragsa sigue vacante. Hasta el pasado verano ejerció como delegado del grupo en Galicia otro exalcalde del PP, el de Viveiro (Lugo), César Aja.

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Cúpula con  antiguos cargos políticos

Durante las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que se encuentra inmersa Tragsa desde hace un año, los sindicatos denunciaron que el grupo público se ha convertido en un “cementerio de elefantes” de cargos políticoscargos políticos. También que ese cementerio había conformado una cúpula directiva “inflada” con sueldos muy altos: más de 200 ejecutivos, aseguraba CCOO, cobran más que el presidente del Gobierno.

Mientras la empresa discutía las condiciones del despido de 1.336 trabajadores, el mayor ERE público, ésta se negaba a reducir los sueldos de los altos cargos. El ERE fue anulado por la Audiencia Nacional el pasado mes de abril, pero la empresa lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Los 300 trabajadores que fueron despedidos hasta entonces han sido readmitidos, aunque a muchos de ellos no se les ha asignado un puesto de trabajo.