La Justicia pone en entredicho la externalización de 600 trabajadores de Bankia

Los tribunales están poniendo en entredicho las externalizaciones de departamentos que Bankia firmó con los sindicatos como parte del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Llevó a cabo seis entre abril y diciembre de 2013, que supusieron la cesión de un total de 616 trabajadores a Accenture, IBM, Manpower, Grant Thornton y Promontoria. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri vendió estas operaciones como una forma de reducir el número final de despidos del mayor ERE de la historia de la banca española: 3.500 trabajadores. Pero muchos de los afectados advirtieron entonces de que, en realidad, se estaba firmado su “despido en diferido”. Un año y medio después de la primera externalización, las demandas judiciales interpuestas por estos trabajadores superan la cuarentena, se cuentan al menos tres despidos y los abandonos de los externalizados por el deterioro de sus condiciones laborales se cuentan por decenas.

Sólo en Grant Thornton, que adquirió la división de auditoría y asesoría jurídica de Bankia con sus 37 empleados, ya suman siete sentencias de juzgados de lo Social que declaran nulo el acuerdo de externalización por constituir un fraude de ley o los recortes salariales incluidos en él. Se han presentado unas 20 demandas, según explican a infoLibre fuentes de la plantilla. En Promontoria, rebautizada como Haya Real Estate y a la que Bankia vendió su división inmobiliaria –incluidos 457 trabajadores– las demandas interpuestas alcanzan la decena. Y otras tantas han presentado los empleados de Energuia Web, la filial de Accenture que se quedó con el departamento de Recuperaciones.

Pero los pronunciamientos contra esta práctica empresarial han llegado también de instancias superiores. El pasado mes de julio la Audiencia Nacional tumbó el acuerdo por el que Banco Mare Nostrum (BMN) externalizó su área de Operacionestumbó el acuerdo. Fruto de la integración de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra, BMN traspasó a la citada filial de Accenture, Energuia Web, 150 trabajadores. El pacto establecía recortes salariales de hasta el 35%, el aumento de la jornada anual, la reducción de los días de vacaciones y la supresión del plan de pensiones, entre otras rebajas.

Eso sí, al mismo tiempo incluía una tabla de indemnizaciones muy generosa para quienes prefirieran extinguir su contrato –la ley fija 20 días por año trabajado y el acuerdo ofrecía 30 días más una prima de 10.000 euros y compensaciones adicionales por el recorte salarial o el traslado, si era el caso–, por lo que de los 150 empleados inicialmente previstos, sólo 13 prefirieron quedarse en Energuia Web.

Pues bien, la Audiencia Nacional dictaminó que tal acuerdo es “un pacto frontalmente opuesto a la normativa nacional y comunitaria” que “persigue un fin prohibido por el ordenamiento”: alterar el derecho al “mantenimiento de las condiciones contractuales y convencionales de los trabajadores cedidos [a Energuia Web]”. El tribunal anuló el pacto porque constituye un fraude de ley, dando la razón a la Unió Obrera Balear (UOB), que presentó la demanda contra las dos empresas y los sindicatos firmantes.

Un acuerdo paralizado

Los argumentos de la Audiencia Nacional, apoyados en la normativa de la Unión Europea y en jurisprudencia del Tribunal Supremo, coinciden con los esgrimidos por los juzgados de lo Social, de Barcelona y Valencia, que están anulando las externalizaciones de Bankia: la ley prohíbe modificar las condiciones laborales de los trabajadores antes de que sean cedidos a la nueva empresa. Tiene que ser ésta la que negocie después con sus empleados recién adquiridos el cambio de convenio colectivo y los recortes salariales. Justo lo contrario de lo que ha hecho Bankia en todas sus externalizaciones.

Tanto BMN como Energuia Web han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Aunque el banco no ha esperado al fallo, que puede demorarse un año o más. Según la UOB, los 13 trabajadores externalizados han sido “presionados” para firmar un documento donde cada uno de ellos acepta las rebajadas condiciones laborales que incluye el acuerdo anulado.

Mientras, en Grant Thornton y Accenture los trabajadores han denunciado ante los jueces no sólo los pactos de externalización, sino que también exigen recuperar sus antiguas condiciones laborales. Otros han optado por reclamar la rescisión de su contrato por despido improcedente. Fuentes de la plantilla de externalizados en Grant Thornton prevén que el número de demandas siga aumentando. Y recuerdan que el pasado mes de julio los trabajadores llegaron a un acuerdo con la auditora, representada por el despacho de abogados Sagardoy, para rescindir los contratos de todo el personal. “Pero lo paralizaron, no sabemos si Bankia o Grant Thornton”, revelan. También aseguran que los afectados pidieron en su día a los sindicatos que no firmaran el acuerdo de externalización. No les hicieron caso. Los seis pactos fueron suscritos por todos los sindicatos de Bankia, tanto UGT y CCOO como los profesionales –ACCAM, CSICA y SATE–. Sólo CGT lo rechazó.

Cesión ilegal de trabajadores

Otro detalle que, a juicio de los afectados, avala la ilegalidad de las externalizaciones tal y como las diseñó Bankia apunta a un posible delito de cesión ilegal en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. “Mi ordenador, mi teléfono, las aplicaciones informáticas… son las mismas que tenía en Bankia”, repiten los trabajadores de Grant Thornton y Bankia consultados por este periódico. Sólo ha cambiado la oficina, pero el trabajo, recalcan, es idéntico al que hacían en el banco. En el caso de la auditora, además, los jefes ante quienes responden en Bankia siguen siendo las mismas personas que tenían antes de la externalización. Grant Thornton no lleva a cabo ningún tipo de control sobre estos empleados procedentes de Bankia, indican.

Un extremo que confirma el sindicato ACCAM sin proponérselo. En un correo electrónico enviado en mayo a la plantilla de Bankia, denunciaba que los coordinadores de equipo continúan coordinando a los mismos trabajadores de siempre, sólo que éstos ahora están empleados en otras empresas. “Pero mantienen la misma relación de dependencia funcional”, indican. Precisamente una característica que la ley considera constitutiva del delito de cesión ilegal de trabajadores: debería coordinar quien les paga; si no es así, no es su empleador real.

Despidos disciplinarios

Mención aparte merecen los tres despidos que ha ejecutado ya Accenture entre los externalizados de Bankia. Dos en Energuia Web y otro más en Accenture Outsourcing, que adquirió el departamento de Compras y sus ocho trabajadores. Se trata de despidos disciplinarios, los únicos excluidos de la cláusula de salvaguarda que establece el acuerdo de externalización. Según ésta, la nueva empresa no puede despedir a los empleados cedidos en un plazo de dos años –cinco en el caso de Accenture Outsourcing–.

Los despedidos también han demandado a la empresa. Apuntan que la baja productividad que se alega en las cartas de despido no es real; tampoco ha mediado ningún apercibimiento verbal o escrito. Por el contrario, resaltan, el único motivo detrás de la medida es deshacerse paulatinamente de los trabajadores procedentes de Bankia, con sueldos –y antigüedad– que doblan los del resto de sus compañeros en Energuia Web, la mayoría contratados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT).Los empleos de Promontoria dependen de la Sareb

También se ha producido un goteo constante de abandonos. Tanto en esta filial de Accenture –nueve personas– como en Haya Real Estate –una veintena– muchos han optado por pactar su salida con los 20 días de indemnización que ofrece la ley a quien no acepte cambios en sus condiciones de trabajo. Y no han sido menores: los recortes de sueldo varían según la empresa, pero en algunos casos alcanzan hasta el 30%, fruto de la rebaja del sueldo fijo y la pérdida de complementos salariales. También se les ha aumentado la jornada laboral, han perdido beneficios sociales o han sido trasladados. De Valencia a Madrid, por ejemplo.

Sobre la plantilla de Haya Real Estate, la externalización de mayor volumen, también la que gozó de mejores condiciones, se cierne ahora una amenaza. La empresa, de la que es consejero uno de los hijos de José María Aznar, está pendiente de que la Sareb (el banco malo) le adjudique de nuevo la gestión de los créditos a promotor de Bankia y los activos del Banco de Valencia que supone el núcleo de su negocio. Si pierde ese contrato, la cláusula de protección frente al despido que incluyó su acuerdo de externalización dejará de funcionar. Los responsables de la empresa han comunicado al comité su “confianza” en renovar la adjudicación, que caduca el 31 de diciembre de este año.

Consultada por infoLibre, Bankia se ha limitado a señalar que las externalizaciones se han hecho “ateniéndose a la estricta legalidad”. También destaca que, gracias a estas operaciones, “se han salvado 1.500 puestos de trabajo [añade a los 616 de las externalizaciones los empleos del National City Bank of Florida, que fue vendido al chileno Banco de Crédito e Inversiones] de los 6.000 que la UE obligaba a recortar”.