La Fiscalía acusa a Mas de negarse “abiertamente” a cumplir la resolución del TC

La Fiscalía presentó este viernes la querella contra el president de la Generalitat, Artur Masquerella contra el president de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El texto presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) [consúltalo en PDF] atribuye a los tres los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de atribuciones judiciales.

La querella llega por decisión del fiscal general del Estado, Eduardo-Torres Dulce, después de que Fiscalía de Cataluña no viera indicios de delito en el proceso participativo, aunque dejó claro esta semana que iba a acatar la decisión que tomara Torres-Dulce. 

Ahora se procederá al reparto dentro de la sala civil y penal del TSJC, para que se inicien los trámites habituales, empezando por conformar la sala de admisiones, que integran el presidente del TSJC y dos magistrados –uno de éstos será nombrado ponente–, y esta sala dictará una resolución para admitir o no a trámite la querella. Si se admite, el ponente se convertirá en magistrado instructor de la causa, y entonces se iniciará la instrucción y se realizarán todas las pruebas y trámites que considere el magistrado para investigar.

En caso de que se presenten recursos, se creará la sala de recursos, donde estarán los magistrados de la sala civil y penal del TSJC que no han formado parte de la sala de admisiones.

"Que me miren a mí, el responsable soy yo"

La querella de Fiscalía contra Mas, la vicepresidenta y la consellera de Enseñanza les acusa de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al organizar el proceso participativo pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC). Por eso el escrito –firmado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada y presentado este viernes a mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– apunta a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer a la autoridad judicial, al considerar "manifiesta" su negativa a cumplir la resolución de suspensión.

Además de desobediencia, la Fiscalía pide imputarles por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes) y malversación de caudales públicos.

Sobre la presunta desobediencia, insiste en que sabían que la consulta prevista inicialmente –primero– y el proceso participativo –después– habían sido suspendidos, y alude a estas declaraciones de Mas: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno". Aclara que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos".

También recuerda que fue "una consulta planificada, auspiciada y financiada" por el Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, dice literalmente.

En lo relativo a la posible obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales, la Fiscalía argumenta que los querellados con sus decisiones y participaron en diferentes actos "han obstruido la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del territorio nacional".

"Voluntad de sobreponer la visión partidista de la realidad"

Sobre la presunta prevaricación administrativa continuada recuerda que la Generalitat dio "soporte material y personal al proceso de participación" y, en concreto, contrató servicios a la empresa de buzoneo Unipost para hacer llegar una carta a los catalanes animándolos a participar. También adoptaron decisiones para proceder a la apertura de locales tanto en colegios públicos como sedes de la Generalitat en el extranjero y mantuvieron abierta la página web sobre información para votar, recuerda la Fiscalía.

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Cree que las decisiones adoptadas por el Govern a partir del 4 de noviembre "confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho". "Sólo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional", añade la Fiscalía en su texto.

Sostiene que las múltiples decisiones adoptadas, como mantener la página web, la apertura de colegios o contratación de servicios "no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa".