Tras liquidar Canal Nou el PP apuesta por la televisión pública en un intento de frenar su caída

Malas, muy malas. Así ven desde dentro del PP valenciano sus expectativas electorales para mayo de 2015. Las últimas encuestas señalan la pérdida de la Generalitat y una debacle histórica en ciudades y pueblos. La alternativa de Alberto Fabra como jefe del Consell ha sido de un perfil excesivamente bajo. Un político pusilánime sin peso en Madrid e inapetente en el cara a cara con la oposición. Y que, además, dinamitó cualquier posibilidad cosmética cerrando Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ahora hace un año. Una decisión que le granjeó incomprensiones y enemigos dentro de su formación y alentó las críticas de un izquierda noqueada por años de manipulación y ausencia mediática.

Fabra realizó un trabajo sucio por el que no ha obtenido rédito alguno. De hecho, asumió el discurso de fondo de la oposición respecto al monstruo televisivo ingobernable con una deuda de 1.200 millones, una audiencia por debajo del 5% y una plantilla saturada (1.600 trabajadores) tras años de enchufismo del PP. El president aseguró en su día que cerraba Canal Nou para no tener que hacerlo en escuelas y hospitales. Una retórica que no ha podido demostrar. Tampoco sus cálculos. Anunció 115 millones anuales de ahorro, pero en 2015 llevará gastados cerca de 300 para liquidar el ente público. Se mire por donde se mire, un negocio ruinoso.

Una tele por 3,2 millones

Las alternativas de Fabra tampoco han cuajado. Intentó negociar, sin éxito, una desconexión de dos horas con Televisión Española a través de su segundo canal. Sin más terreno que recorrer, ha quedado cautivo de su compañero de partido y presidente de la Diputación de Valencia, Alfons Rus, quien este martes anunció la puesta en marcha a partir del 1 de enero de una televisión provincial valorada en 3,2 millones y que generará 30 empleos. El superávit de la Corporación le ha permitido ajustarla a los presupuestos. “Es una necesidad que demandan los alcaldes y vecinos”, explicó Rus y precisó que se centrará en fiestas y tradiciones, gastronomía, bandas de música “y bous al carrer”.

Y aunque destacó que será “abierta y sin razón política”, también recalcó que se emitirá “lo que haga la Diputación”. Es decir, según José Manuel Orengo, portavoz socialista en la Corporación, “autobombo del PP con dinero de todos los contribuyentes y con Rus todo el día inaugurando polideportivos y destapando placas”.

Pero no es esta la única crítica de la izquierda. Según denuncia Orengo, el pliego de condiciones del contrato, que se cerrará el 28 de noviembre, se ha negociado “de espaldas” a la oposición y esconde un posible “dedazo” a empresas próximas al PP.

De hecho, las principales condiciones son la de emitir 13 horas diarias con una programación del 90% en valenciano y llegar al 95% de la provincia, requisitos que sólo pueden cumplir dos emisoras: Mediterráneo y Beovisión. Esta última, impulsada por el empresario Ángel Raga, se hizo recientemente con el alquiler del canal de la TDT de Las Provincias tras obtener el permiso del Consell. Raga emite en la práctica a nivel autonómico gracias a convenios con ocho televisiones locales y mantiene una relación próxima, sin disimulo, con Alfons Rus.

Este empresario es el administrador de Producciones Mecomlys que, en unión a Endora y Videac, obtuvo la titularidad de buena parte de la programación de Canal Nou antes de su cierre. Raga también posee los estudios Galaxia, desde donde emitía Tele 7, el canal de José Luis Ulibarri, constructor imputado en Gürtel por el saqueo de 7,4 millones de la radiotelevisión pública valenciana durante la visita del Papa a Valencia el verano de 2006.

Polémico y populista

Por todas estas razones, Orengo entiende que la nueva televisión del PP provincial “está bajo sospecha”. Un canal que también ha recibido críticas de la mesa sectorial del audiovisual valenciano y del comité de empresa de RTVV. Tras su anuncio, muchos ven la necesidad de Alfons Rus de amortizar su poder y posicionarse en la disputa interna ante la posible derrota electoral de Fabra.

En ese sentido, Rus nunca ha ocultado su ambición por medrar. Una actitud tan elocuente como sus polémicas y salidas de tono. Él fue quien protegió a los militantes de Nuevas Generaciones que se fotografiaron con el brazo en alto y exhibiendo banderas franquistas. “Es un chiquillada”, minimizó. Y tuvo que declarar en los juzgados por tachar de “gilipollas” a los profesores universitarios críticos con el PP, a los que sugirió la necesidad de “rematarlos”.

Populista y lenguaraz, Rus llamó “burros” a sus propios votantes por creerse que llevaría la playa hasta Xàtiva, ciudad de la que es alcalde y a 40 kilómetros del mar. Y cuando inauguró un parque en el río Clariano de Ontinyent y los discapacitados se quejaron por la falta de accesibilidad, propuso poner cuerdas para bajarlos. Pero quizá su exabrupto más sonado fue la censura en 2010 de una exposición en el MuVIM (Museu de la Il·lustració i la Modernitat) donde salían fotos de la Gürtel. Aquello provocó la dimisión del director, Román de la Calle. Entonces Rus nombró como sustituto a una alcalde del PP y atacó a los fotógrafos: “Si quieren hacer apología del caso Gürtel, que lo hagan en su casa”.