Sánchez asistió a la reunión donde se redactó la reforma del artículo 135 de la Constitución pero dice que de “espectador”

A José Luis Rodríguez Zapatero (y a varios miembros de su Gobierno) no le ha sentado nada bien que Pedro Sánchez decidiese impugnar una de las medidas más controvertidas de su gestión, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Públicamente, el expresidente aseguró que pondría "una sonrisa" tras el anuncio del secretario general del PSOE de votar a favor de que el pleno del Congreso admitiese a trámite la propuesta de cambio de la Carta Magna, pero en privado, según su entorno más cercano, el malestar es muy patente. El exjefe del Ejecutivo no entiende que Sánchez haya determinado atacar la reforma del techo de gasto cuando él mismo participó en agosto de 2011 "en las reuniones donde se redactó la reforma del artículo 135". Fuentes próximas a Sánchez precisan, en declaraciones a infoLibre, que el hoy líder socialista estuvo "presente" en aquellas reuniones entre el Gobierno y el PSOE, aunque siempre "como testigo, como espectador", no como "redactor" del nuevo 135. 

Sánchez anunció el giro estratégico del PSOE en la noche del lunes, en la Escuela Julián Besteiro. Reconoció que él votó a favor del retoque de la Constitución, y que incluso lo defendió en público con vehemencia, pero con el tiempo se vio que ese pacto fue una equivocación. "El partido está dispuesto a reconocer y corregir ese error", dijo. Tanto porque se hizo "sin el refrendo de los españoles" –no se permitió un referéndum, pese a las peticiones de varios grupos de la Cámara– como porque el PP utilizó ese artículo, el 135, el que consagraba el equilibrio presupuestario e imponía un corsé al déficit y a la deuda, y la ley orgánica posterior para "justificar y amparar legalmente recortes en sanidad, en educación y en el sistema público de pensiones".

Ayer mismo, el secretario general insistía en su argumentación: asumió el error como "propio", porque entonces creyó que se estaba "evitando un rescate" y "defendiendo los intereses generales" de España. Pero de ese fallo el PSOE debe "aprender". "Rectificar es de sabios", señaló en rueda de prensa. Sánchez desveló que el lunes habló con Zapatero para "explicarle cuál era la posición" adoptada por la ejecutiva federal y él lo había "respetado". El líder replicó además a las abundantes críticas del PP, diciéndole que su partido pretende "completar" y no "derogar" el artículo 135 de la Constitución, porque esta reforma que impulsó el último Gobierno socialista sirvió para "amparar" los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata, dijo, de garantizar la estabilidad presupuestaria pero "blindando" la financiación de la educación y la sanidad públicas y las pensiones.

Pero, ¿cuál fue la participación de Sánchez en la reforma constitucional? ¿Cómo fue la gestación de ese nuevo artículo?

Zapatero anunció por sorpresa su voluntad de modificar la Constitución para introducir la regla de oro de estabilidad presupuestaria el 23 de agosto de 2011. Previamente había adelantado sus intenciones a Mariano Rajoy, y había palpado que había una posibilidad real de acuerdo. El expresidente quería enviar a los mercados, muy inestables en aquel mes, el mensaje de que España cumpliría con sus compromisos de solvencia financiera. La presión de la Unión Europea fue enorme. Lo que no se conoció en aquel momento fue que la amenaza le había llegado a través del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. El exmandatario, según contó él mismo al salir de la Moncloa y publicar sus memorias, pensó que fijar un techo de gasto podría "ayudar" a no aprobar más recortes y sí proyectar la imagen de "confianza" y de consenso entre los dos grandes partidos, aun a riesgo de que el PSOE pagase en las urnas la decisión.

Tensión entre Rubalcaba y Zapatero

El exjefe del Ejecutivo delegó en Alfredo Pérez Rubalcaba, ya investido como candidato electoral en los comicios del 20 de noviembre, la negociación del texto. Este mostró sus discrepancias por el contenido y por las formas, porque el PSOE se encontró con la reforma sin esperárselo. Consideró el anuncio de Zapatero como un torpedo en su campaña. "Yo no lo hubiera hecho así, habría consultado con el partido", le trasladó. Entre los adversarios a Rubalcaba dentro del PSOE está extendida la idea de que utilizó esa reforma de la Constitución "para justificar una derrota electoral que él sabía que se iba a producir de todas formas".

En las inmediatas horas siguientes se desplegó la negociación. En dos ámbitos, entre el Gobierno y el PSOE y entre el PSOE y el PP. El acuerdo final entre los dos partidos fue alcanzado a la una de la madrugada del 26 de agosto. En menos de 48 horas. 

Desde el entorno de Zapatero recordaban este martes a infoLibre que, en Ferraz, el equipo negociador estaba compuesto por varios dirigentes de la Moncloa y del partido, y que de él formaba parte Sánchez. En concreto, como emisarios del Ejecutivo se sentaron José Enrique Serrano y José Miguel Vidal Zapatero, director y director adjunto de Gabinete de Zapatero. Y, como delegación del PSOE, Rubalcaba y su directora de campaña, Elena Valenciano, y los tres economistas elegidos por el candidato: Pedro Sánchez, Juan Moscoso y Carlos Mulas-Granados. Los encuentros de este grupo fueron previos a la firma del pacto con los conservadores. De hecho, las conversaciones con el PP descansaron en otros interlocutores socialistas: los diputados José Antonio Alonso (el entonces portavoz del grupo), Francisco Fernández Marugán y José María Txiki Benegas. 

"Pánico a Podemos"

Fuentes próximas al actual líder del PSOE matizan esa versión. Sánchez, subrayan, era diputado en el Congreso y miembro del Comité Electoral de Rubalcaba. Y, como tal, estuvo "presente" en las reuniones, pero siempre como "espectador", como "testigo", "nunca como redactor". Su círculo más estrecho insistía este martes a este diario en que el enlace con el partido se hizo en aquellas críticas horas a través del candidato, Rubalcaba, y que por tanto Sánchez "no participó en la negociación ni con el PP ni con el Gobierno". 

Uno de los protagonistas de aquellos días, consultado por este periódico, validaba la versión del actual secretario general, y no recordaba que estuviera en los fogones de aquel pacto: "Él estaría porque formaba parte del equipo de Alfredo, y era uno de los hombres de José Blanco, Antonio Hernando, Óscar López... Pero si estuvo, desde luego no tuvo un papel relevante". El peso del diálogo, según esta fuente, recaía en Rubalcaba (con la Moncloa), Serrano, Mulas-Granados (exdirector de la fundación Ideas), y Moscoso, equipo que a su vez mantenía contactos constantes con el Ministerio de Economía y Hacienda. Tanto con su titular, Elena Salgado, como con el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Estos, a su vez, eran los interlocutores de Bruselas. Una de las aportaciones que salieron de estas reuniones con el Gobierno fue la inclusión de una excepción a la regla: que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda sólo podrían ser superados en caso de catástrofes naturales o situaciones de emergencia extraordinaria que "escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado", siempre que así lo certifique la mayoría absoluta del Congreso. 

Sánchez, no obstante, sí defendió la medida aquellos días, en su cuenta de Twitter, en artículos de opinión, en entrevistas en medios de comunicación y en las reuniones del Grupo Socialista, junto con compañeros como Jesús Caldera, Fernando Moraleda o Antonio Hurtado. Todos se posicionaron del lado de Rubalcaba, y frente a los críticos con el procedimiento exprés elegido por Zapatero, en el último suspiro de la legislatura y sin referéndum.

Zapatero, según sus colaboradores, no comprende por qué el secretario general ha decidido dar tal portazo al pasado. Lo atribuye al "pánico a Podemos", formación a la que algunas encuestas sitúan como vencedora en las generales, frente a un PSOE que no acaba de remontar pese al relevo en su liderazgo. Estas fuentes argumentaron que el 135 no ha dado vía libre a los ajustes, porque en Andalucía o en Asturias, comunidades gobernadas por los socialistas, "no se han aprobado los recortes brutales que el PP ha aplicado en el Estado o en otras autonomías". Antonio Pradas, el diputado socialista que este martes defendió la nueva posición del partido en el Congreso (y miembro de la ejecutiva federal, hombre de la confianza de Susana Díaz), insertó ese argumento: "En la Comunidad Valenciana, en Madrid… el PP ha llevado a cabo una política sistemática de recortes en derechos sociales y de privatizaciones mucho antes de agosto de 2011. Para ello no han necesitado el artículo 135 de la Constitución". 

Un tiempo de maduración

Fuentes de la actual dirección, no obstante, apuntan que el anuncio de Sánchez el lunes no fue una decisión de última hora, sino que llevaba madurándose semanas, y que era una pieza fundamental para reconciliarse con los votantes decepcionados con la gestión económica de los Gobiernos socialistas. Además, el giro no es estrictamente nuevo. Ya en julio de 2013, cuando Rubalcaba y los barones pactaron la Declaración de Granada, se incluyó la necesidad de incorporar a la Constitución lo que se llamó un artículo 135 bis, por el que se consagrase la "estabilidad social", el sostenimiento del Estado del bienestar.

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Aquella idea, sin embargo, no se llegó a materializar en ninguna iniciativa parlamentaria. Ahora sí. Además de votar ayer a favor de la toma en consideración de la proposición de Izquierda Plural, el PSOE presentará su propio texto a principios del próximo periodo de sesiones, en febrero, en el que aparte de asumir el principio de "estabilidad presupuestaria", se blinden también los derechos básicos. La ejecutiva federal considera que no se responde a Podemos, sino a la coyuntura en sí, y a la necesidad de imprimir un nuevo rumbo al partido. Ya la semana pasada, el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, número dos de Susana Díaz, aseguró que la reforma de la Carta Magna debería incluir la revisión del 135, porque fue "un gran error" que no se volvería a "cometer". 

"No sé cómo decirlo más veces –esgrimía Sánchez ante los periodistas este martes–. Parece que ustedes están más obsesionados que ningún otro con Podemos. El PSOE tiene su propio camino y tiene un espacio amplio que es el de la socialdemocracia en España. Para ocupar el espacio del PSOE hay que ser el PSOE". La dirección trabaja, sostuvo, para "recuperar la credibilidad perdida", apostando por "medidas audaces y con coraje", "reconociendo errores" y planteando alternativas. 

Sánchez, no obstante, cosechó abundantes críticas de dentro y fuera de sus filas. Exministros de Zapatero como Manuel Chaves o Valeriano Gómez cuestionaron el paso porque entendían que no se podía renegar del pasado. El PP achacó el vuelco al "síndrome de la coleta" (o sea, el ascenso de Podemos), y el Gobierno lo calificó de "populista". IU lo tachó de "oportunismo" y de viraje "sorprendente" y UPyD cuestionó la política de "alharacas" del secretario general.