El SUP pide ante la jueza del ático que Ignacio González justifique “la acumulación de tanto dinero líquido”

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado un escrito de 27 páginas detallando "los numerosos indicios de la comisión de un delito de blanqueo de capitales" que observa en relación con el ático de lujo que el presidente madrileño, Ignacio González, tiene en Estepona (Málaga). El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, fue presentado la semana pasada por el SUP ante la jueza instructora que investiga la adquisición del ático por parte de González y de su mujer, Lourdes Cavero.

En su escrito, el SUP señala que Ignacio González debería "justificar la procedencia para la acumulación de tanto dinero líquido", una petición que justifica porque el matrimonio abonó los 741.000 euros del ático de lujo "mediante transferencia desde su cuenta en La Caixa [...] constituyendo un montante de dinero excesivamente alto para los sueldos de ambos conyuges, uno de ellos servidor publico, quienes disponen de otros bienes inmuebles en zonas exclusivas de España". Dos meses después de la transferencia González y su mujer constituyeron una hipoteca, pero "el pago inicial se realizó en efectivo", subraya el SUP en su relato.

Ignacio González siempre ha negado cualquier irregularidad en relación con la adquisición del ático de lujo.

Centrar la investigación en el blanqueo

El SUP pide a la jueza instructora que se centre en la investigación de un posible delito de blanqueo de capitales, y no en un presunto delito contra la Hacienda Pública, como se ha hecho hasta ahora. En esa línea, reclama que se envíen nuevas comisiones rogatorias, entre otros lugares a Panamá. Esta petición se produce después de que el país centroamericano rechazara la comisión rogatoria inicial lanzada por la jueza. El argumento del país centroamericano fue precisamente que el delito fiscal no existe en su legislación.

En el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona se investiga la compra por parte de la empresa Coast Investors del ático de lujo, que de forma inmediata alquilaron González y su mujerGonzález por un precio "muy por debajo del mercado". Después de que estallara el escándalo en los medios de comunicación, la pareja adquirió el inmueble por 772.000 euros.

Según la declaración de la vendedora del ático, fue el mexicano Rudy Valner el que en nombre de Coast Investors adquirió el inmueble. Y lo hizo después de que la mujer de González visitase al menos en dos ocasiones el ático.visitase al menos en dos ocasiones el ático

El SUP ha pedido "la imputación formal", por el mencionado delito de blanqueo de capitales, de Rudy Valner, que es un testaferro profesional; de los abogados José Antonio Suárez de la Dehesa y Antonio Yáñez, así como de la empresas que realizaron la operación, Coast Investors y su matriz, Walford Overseas Investments.

El documento dirigido por el SUP a la jueza explica, asimismo, que el matrimonio dispone de otros bienes inmuebles "en zonas exclusivas de España", como puede ser su propio chalet en el distrito madrileño de Aravaca, adquirido seis años antes por 1.060.000 euros. Además, apunta otro dato llamativo: "El escaso importe de deuda hipotecaria total" de la pareja, que asciende a 212.500 euros entre Bankinter y Caixa. "Sobre todo si se compara con el alto valor real patrimonial de sus inmuebles".

De esta forma, el sindicato policial focaliza su denuncia en el presidente madrileño, asegurando que, según la legislación del Estado de Delaware (EEUU), la compañía propietaria del ático, Coast Investors, "ya no era legal en el momento de la segunda venta del ático a Ignacio González y a Lourdes Cavero, por no haber presentado las cuentas de sus balances en todos esos años y no haber nombrado administrador en tiempo y forma".

construir una Justificación documental

El SUP considera que la ausencia de actividad de Coast Investors al margen de la operación del ático "es evidente al observar las supuestas facturas emitidas, tratando de construir una justificación documental del cobro del alquiler a la familia González-Cavero".

Así, resalta que las 14 facturas del alquiler del ático de lujo llevan una numeración correlativa, "sin intervalos de otras posibles emitidas a otros clientes, durante el periodo de varios ejercicios. Prueba de que durante todo ese tiempo, del 11 de julio de 2008 al 1 de octubre de 2011, Coast Investors únicamente tuvo como actividad (al menos la única posible de someter a declaración legal), la del supuesto alquiler del ático".

Además, el sindicato considera que el matrimonio se ha beneficiado de un precio en la renta "inferior al del mercado en la zona. Finalmente y contra toda la lógica que aconsejaría una prudente desvinculación de esta operación, cuando ya fue de dominio público, se convierten en sus propietarios finales, siendo más rentable seguir utilizándolo en régimen de alquiler por la exigua cuota arrendaticia (ya que la comunidad, inusualmente, la pagaba la vendedora) que desprenderse de 740.000 euros".

En el escrito, el SUP solicita la ampliación de las diferentes comisiones rogatorias. En concreto las enviadas al Reino Unido y a Estados Unidos, países en los que solicita que se reclame información de las operaciones económicas que hayan podido realizar González y su mujerGonzález y su mujer.

El papel de los bancos

Por otra parte, y como muestra del importante impulso que ha dado el SUP en su acusación, el sindicato conmina a la jueza para que solicite información sobre la posible relación de González y Cavero con las cuentas bancarias utilizadas en la operación, abiertas en Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular. En este punto quieren que se aporten "los soportes documentales de todas las operaciones realizadas con las empresas Coast Investor y Walford Overseas Investment o el ciudadano mexicano Rudy Valner", que fue la persona que compró el ático para venderlo posteriormente a González.

Precisamente, el sindicato analiza la transferencia de fondos para adquirir el inmueble. Así, explica que el Banco Popular actuó como corresponsal del US Bank de Porland en el reenvío de fondos a favor del Santander. "En todo caso, el origen de este dinero y su propiedad no ha sido acreditado", indica el escrito del SUP.

En concreto, hicieron circular el dinero desde el US Bank de Delaware (EEUU) al Banco Popular, en funciones de banco corresponsal, para hacerlos llegar a la cuenta del Banco Santander del vendedor, Pedro Javier Villate Pérez. "De esta forma han evitado que el Banco Popular comunique la operación", asegura el SUP en el escrito, que continúa: "Ya que proviene de una entidad de EEUU, supuestamente sometida a los estándares de prevención internacionales. Lo mismo ha ocurrido con el Santander, que no ha tenido tampoco la obligación de supervisar ni someter la operación a un examen especial que la ley le obligaría, porque los fondos provienen de otro banco español, que supuestamente ya ha controlado y bendecido la operación de llegada del dinero a nuestra jurisdicción".

La acusación del sindicato policial también pretende que el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, el Servicio Ejecutivo de la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac); el servicio norteamericano de crímenes financieros (Fince); la Agencia de Lucha contra el Crimen (CNA) del Reino Unido; y la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá, aporten información sobre operaciones sospechosas de González y de su mujer, así como del resto de personas físicas y jurídicas relacionas con la operación.