Los banqueros suizos preparan su salto al vacío

La conferencia titulada “El nuevo rumbo de los centros financieros”, celebrada en Ginebra el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre, fue todo un acontecimiento. Por segundo año consecutivo, en un palacio de la ciudad se daban cita cientos de banqueros, intermediarios financieros, gestores de fortuna, fideicomisarios, abogados suizos dispuestos a abordar las novedades más recientes.

Durante los dos días que duraron las jornadas, organizadas por el diario Agefi y Academy & Finance, se discutió principalmente sobre la “nueva normativa internacional” bautizada EAR (intercambio automático de informaciones, por sus siglas en francés), un ovni que pronto va a aterrizar en el universo cotidiano de los banqueros. Tras oponerse durante varios años, Suiza finalmente se comprometió el pasado 29 de octubre en Berlín, a implantar, como máximo en 2018, el intercambio automático de informaciones fiscales bajo la égida de la OCDE. Según el calendario previsto, las entidades financieras tendrán que recabar en 2017 las informaciones relativas a sus clientes extranjeros (saldos, dividendos, intereses y otros rentas, así como la identidad de los beneficiarios reales de los trusts, fundaciones y otras estructuras opacas) que comunicarán a la Administración Federal de Contribuciones (AFC), quien a su vez las transmitirá en 2018 a los países de residencia de estos clientes, lo que debería disuadir a los defraudadores. El intercambio administrativo de información bajo petición seguirá existiendo de forma paralela.

Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal (CTP) de la OCDE, era el invitado estrella de la jornada. La antigua bestia negra de los banqueros suizos es hoy uno de los hombres más solicitados. En los pasillos del edificio que acoge las conferencias, Patrick Odier de la Asociación Suiza de Banqueros (ABS)  le aborda con educación para recordarle “la necesidad de organizar próximamente una reunión para hablar de ciertas cosas”. El francés que no tiene un hueco libre en su agenda se compromete a atender la petición.

Saint-Amans tuvo palabras de “felicitación” para el centro financiero helvético. “Estamos muy impresionados por la rápida reacción de Suiza, 52º Estado en firmar el pasado miércoles 19 de noviembre el MCAA (acuerdo multilateral de autoridades competentes para el intercambio automático de informaciones sobre cuentas bancarias)”, explicó sonriente, sin olvidar hacer mención al camino recorrido, salpicado de crisis. Como cuando, por ejemplo en abril de 2011, Suiza fue suspendida en el examen del Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información, lo que le impidió pasar a la fase 2 por su legislación incompleta en materia de intercambio de información fiscal bajo petición (entonces, la norma internacional). Hace un año, la exasperación era máxima entre Berna y París, ya que todas las solicitudes realizadas por Francia estaban bloqueadas porque el procedimiento suizo obligaba en esa época a prevenir a los defraudadores antes de remitir su expediente. Un aspecto que ha quedado modificado en la ley suiza.

“Han sido extremadamente lentos, han creado enormes frustraciones y los últimos años han sido horribles, pero hemos salido de esta incomprensión”, resumió irónico Pascal Saint-Amans, para subrayar que la nueva norma sobre el intercambio automático de información se ha elaborado en un año y ha contado con la participación activa de Suiza.

En los últimos meses, el lobby bancario helvético se ha peleado con uñas y dientes para que sus exigencias se incluyeran en la nueva norma, a saber, que las informaciones intercambiadas se utilicen exclusivamente con los fines fiscales acordados (principio de la especialidad), que sean transmitidas de forma recíproca, que la confidencialidad se vea garantizada para que los datos no caigan en manos de cualquiera (por ejemplo, en manos de las mafias…) y, finalmente, que los beneficiarios reales de las cuentas, incluso aquellos que se esconden detrás de trusts y otras estructuras jurídicas sofisticadas, sean identificados. De este modo, Berna lograba imponer la noción de level playing field, obligando en teoría a todos los países a transmitir información fiscal del mismo nivel.

En estos momentos, todo está por hacer para dar el gran salto al intercambio automático de información. Este cambio radical en las prácticas también tendrá que ser ratificado en el Parlamento Suizo y posiblemente en referendo.

El Consejo Federal (véase el comunicado oficial) ha adoptado tres mandatos de negociaciones. El primero, con la Unión Europea, promete ser largo y arduo. Ya se escuchan voces que vaticinan que no se cumplirán los plazos. Berna duda sobre si negociar con la UE en bloque o cerrar acuerdos con cada uno de los Estados miembros, lo que permitiría obtener contrapartidas. “Si se negocia país por país, se puede tratar de conseguir la posibilidad de regularizar a los clientes y también tener acceso a los mercados financieros porque, ¿para qué facilitar informaciones de clientes si no se tiene acceso al mercado del país del origen?” resumió Jan Langlo, abogado fiscalista en Pictet y director adjunto de la Asociación de Bancos Privados Suizos.

Mientras el intercambio automático no se convierte en una realidad, la cuestión de la “regularización del pasado” sigue siendo igual de sensible. El 4 de diciembre se celebrará en Ginebra un coloquio que lleva por título: “El cierre de las cuentas de clientes no regularizados. Cómo hacerlo correctamente”. Escarmentados por los procesos judiciales abiertos en Francia y en Europa contra algunas entidades (UBS, HSBC y Reyl) y las acusaciones de blanqueo de fraude fiscal que atenazan a los banqueros, los bancos quieren deshacerse lo antes posible de aquellos clientes poco sensibles, antaño recibidos con los brazos abiertos. Se han tomado medidas drásticas contra los que no quieren regularizar su situación, como el bloqueo de cuentas, el establecimiento de un límite a la retirada de efectivo o la prohibición de hacer transferencias a otros países. Indignados, algunos clientes han acudido a la justicia, tal y como recoge regularmente la prensa suiza. En Francia, el proceso de regularización va bien. Según las últimas cifras facilitadas por RTS, se han remitido 12.000 expedientes a la unidad especializada creada por el Ministerio de Economía, lo que representa una suma de 11.000 millones de euros y que se traduce en 2.000 millones de ingresos fiscales en 2014. Sin embargo, queda mucho por hacer. Según un estudio citado por el ATS, a finales de 2010, había 80.000 cuentas sin declarar a nombre de ciudadanos franceses, lo que suponía 83.000 millones de francos suizos (69.000 millones de euros). Todo ello, frente a los 210.000 millones de francos ingresados por los alemanes y los 158.000 millones de euros de los italianos.

¿El agujero negro americano?

Suiza tendrá que renegociar también con Estados Unidos el acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act o ley sobre el cumplimiento fiscal relativa a cuentas en el extranjero). Esta ley norteamericana obliga a las instituciones financieras del mundo entero a transmitir la información de que disponen de contribuyentes norteamericanos (US Persons). Aquellas entidades que no cumplan con las regulaciones están sujetas a un impuesto de retención disuasorio del 30%. En junio de 2014, Berna optó por el modelo 2 de FATCA  que prevé proporcionar al fisco norteamericano (IRS) los datos de las US Persons con el consentimiento de estas. El Gobierno quiere ahora pasar al modelo 1 de FACT, la transmisión automática de información, a través de la Administración Federal de Contribuciones (AFC), evitando con ello a los bancos tener que tratar con el IRS. Washington asegura que esta renegociación será rápida, pero un punto crucial agita el centro financiero; hasta la fecha los norteamericanos solo aplican una reciprocidad limitada, ya que solo transmiten a sus socios de FATCA información sobre los intereses de las cuentas de ahorro. Es más, EEUU se beneficia de una excepción al no estar obligados a identificar a los beneficiarios reales de las cuentas abiertas en sus bancos en jurisdicciones opacas con los que no han firmado el acuerdo FATCA, por ejemplo Panamá.

“Se trata de nuestra preocupación principal”, reconoce a Mediapart Michel Dérobert, director de la Asociación de Bancos Privados Suizos (ABPS). “Estados Unidos ha logrado imponer al mundo una norma que se han inventado para ellos mismos, pero que no se aplican a ellos mismos. De momento, FATCA es unilateral y en gran parte no es recíproca”, explica. La Administración Obama se ha comprometido a sumarse próximamente a un verdadero intercambio. “No veo ninguna tendencia política que vaya en este sentido”, lamenta el banquero, que estima que los republicanos del Congresos seguirán indudablemente oponiéndose a que los banqueros norteamericanos entreguen toda la información sobre sus clientes extranjeros. “Espero que los demás países sean conscientes del hecho de que ahí quizás haya un agujero negro, quizás ya utilizado”, concluye Michel Dérobert.

Preguntado al respecto en el transcurso de la conferencia, Pascal Saint-Amans reconoció que “los Estados Unidos no han asumido el compromiso de reciprocidad y aunque lo hubiesen hecho, no serían capaces de cumplirlo”. El francés recuerda que en EEUU, y no solo en algunos Estados como Delaware, existe “un problema de identificación del beneficiario real” en las Limited Liabilities Compagnies (LLC o sociedad de responsabilidad limitada), en el punto de mira de la OCDE.

Esta estructura jurídica específica existe en 48 Estados norteamericanos. Es fácil y poco costoso utilizarla como offshore tras el que esconderse, con tal que de que se ciudadano no americano y que no desempeñe actividad alguna en el país. Las LLC de Delaware, Wyoming y Nevada siguen sin verse obligadas a comunicar el nombre y la dirección del accionariado al Registro Mercantil ni a proporcionar estas informaciones al Estado durante la constitución de la sociedad.

Por último, deben firmarse acuerdos con países de fuera de EEUU y de la UE. A este respecto, Suiza ha sido clara al afirmar que regirá el principio de reciprocidad y en función de sus intereses. “En una primera fase, se puede priorizar el intercambio automático con países que respondan a los siguientes criterios: cuenten con vínculos económicos y políticos estrechos con Suiza; en caso de ser necesario, habilitación de suficientes vías de regularización para los contribuyentes afectados; potencial comercial que hace de estos países socios importantes y prometedores para el sector financiero suizo”, indica en un comunicado el Consejo Federal. En resumen, los países en vía de desarrollo cuyas élites son corruptas y practican la evasión fiscal no deberían obtener nada de Suiza, al no estar en condiciones de facilitar ellos mismos este intercambio. A esto se añade el argumento según el cual no puede hablarse de transmitir información a países que no son Estados de derecho. Lo que nunca ha impedido a los banqueros acoger las fortunas expoliadas de los potentados.

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Toda la profesión reflexiona ya sobre las cuestiones puramente prácticas inherentes al intercambio automático. Jan Langlo, director adjunto de la Asociación de Bancos Privados Suizos, vaticina situaciones surrealistas como clientes extranjeros cuyo lugar de residencia se desconoce con la imposibilidad de transmitir a un Estado concreto la información, trusts cuyas controlling persons (personas que controlan la entidad) son de cuatro nacionalidades diferentes, obligando con ello a multiplicar los envíos etc. “A los banqueros les espera mucho trabajo y los costes son difíciles de cifrar, sin duda ascenderán a cientos de millones de francos”, calcula el abogado fiscalista, que lamenta que no se haya realizado ningún estudio sobre el coste/beneficio del intercambio automático de información. “Los Estados tienen más que ganar con un proyecto del tipo BEPS (el plan de acción de la OCDE contra la optimización fiscal agresiva de las grandes empresas), esperamos que el sentido común y la razón terminen por imponerse”, añade.

Algunos de sus colegas perfilan ya su estrategia para responder a las necesidades futuras de sus ricos clientes. Fabrizio Gonzales, socio del estudio Anaford en Zurich, explicó que lo esencial del trabajo se basará en el acierto con que se elija la residencia fiscal, el país donde se enviarán las informaciones bancarias. El abogado puso por caso el de una “persona que no quiere que se envíe la información a Reino Unido”. Según él, algunos países cuando reciban estos datos se contentarán con cruzarlos con las declaraciones fiscales de los contribuyentes, pero en algunos casos “habrá miles y miles de verificaciones fiscales. Saltarán las alarmas y son cosas que habría que evitar”, añade el abogado mercantilista.

Traducción: Mariola Moreno