Ruz envía a juicio al presidente de Damm y le da 10 días para depositar una fianza de 236,4 millones

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado la apertura de juicio oral contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre y ha dado a ambos un plazo de diez días para abonar una fianza en concepto de responsabilidad civil por importe de 236,4 y 476,4 millones de euros.

El magistrado les acusa de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales que llevan aparejadas penas que, en el caso del padre, superan los 48 años de prisión.

El juez también ha enviado a juicio al considerado hombre de confianza del padre del presidente de la cervecera José Luis Serrano Florez y al asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen que tendrán que abonar 224,3 y 365,4 millones de euros, respectivamente.

Considera que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, impuesto de patrimonio y de sucesiones. Así, explica que al menos desde el año 90, Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de camuflar sus rentas y patrimonio a la Hacienda española, mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales.

Ruz considera que Carceller Arce participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en inversiones en Arizona (Estados Unidos), articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas", según señala el auto que fue adelantado este jueves por El Confidencial.

Carceller Arce se enfrentará por tanto a un juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 14 años de prisión en su contra y 48 años y seis meses para su padre. El Ministerio Público atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Anticorrupción considera que Carceller Coll se dedicó a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

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Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según el escrito, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución "tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su "mano derecha", su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.