Catalá dice la policía sólo se saltará la autorización del juez para espiar a terroristas y redes de delincuentes

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido que Interior pueda intervenir las comunicaciones sin permiso judicialsin permiso judicial, como se contempla en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha insistido en que es una medida contemplada en "casos de primera necesidad y urgencia" para delitos "gravísimos" y donde habrá control del juez "a las 24 horas".

"Esté usted muy tranquila de que nadie va a escuchar su teléfono ni leer sus mensajes, sobre todo señoría si usted no forma parte de una red organizada de delitos ni comete delitos terroristas", ha dicho a la diputada socialista Sofía Hernanz.

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro ha respondido así después de que Hernández denunciara el "coladero y la carta blanca" que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal da al Gobierno para que "espíe" de forma "indiscriminada las conversaciones de los ciudadanos".

"Este es el Gobierno de la trama Gürtel, del 'aguanta Luis, sé fuerte' –en referencia al SMS que envió Mariano Rajoy al extesorero del PP investigado en este caso–. Esto en mi tierra se llama poner al lobo a guardar las ovejas", ha expresado la diputada del PSOE.

Recuerda la medida aprobada por el PSOE en 1988

Durante su intervención, el ministro de Justicia ha asegurado que la regulación sobre la interceptación de las comunicaciones del anteproyecto reúne "todas las garantías de constitucionalidad y protección de derechos" para ser aprobado en el Parlamento.

"Ese anteproyecto de ley no hace otra cosa más que mantener entre otros un artículo vigente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el PSOE en 1988, con el apoyo del PP, porque trataba de dotarnos de mecanismos excepcionales y, por lo tanto, hacer de la excepcionalidad la regla es desenfocar el debate", ha dicho.

Policías, jueces y fiscales rechazan las escuchas sin autorización judicial

Ver más

La ley actual contempla, en su artículo 579, que el ministro del Interior pueda ordenar esta medida en casos de terrorismo o grupos organizados. El artículo 55.2 de la Constitución sólo permite suspender el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones –recogido en el 18.3– en investigaciones sobre "bandas armadas o elementos terroristas".

Lo que hace el anteproyecto es extender las escuchas policiales a "delitos contra menores, personas con capacidad modificadas judicialmente u otros delitos considerados de especial gravedad". Para Catalá, este texto dota de herramientas eficaces a los investigadores para combatir "delitos de redes organizadas" u otros "gravísimos" cometidos contra menores. "Son casos extraordinarios, circunstanciales y hay un control judicial a las 24 horas", ha remachado.

"¿El Gobierno va a poder escuchar mis conversaciones y las comunicaciones privadas de cualquier ciudadano de este país cuando el ministro del Interior lo considere oportuno? ¿Se tarda menos en llamar al ministro que al juez de guardia?", ha preguntado la diputada socialista Sofía Hernanz. Así, ha denunciado el "impulso" del Ejecutivo del PP en vulnerar los derechos de los ciudadanos. Primero con las tasas judiciales, luego con la ley mordaza y esta semana con "la barra libre a la intervención de las comunicaciones". Ha dicho que el PSOE se opondrá esta medida de investigación y sigue exigiendo la derogación de las tasas.