La decisión de Ruz sobre la ‘mordida’ al PP de Cospedal: archivar ya o elevar pronto la causa al Tribunal Superior

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tendrá que decidir en las próximas semanas qué hacer con la investigación iniciada por la presunta financiación ilegal en 2007 de la primera campaña electoral de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. El extesorero y el actual gerente del partido en esta Comunidad, Lamberto García Pineda, y José Ángel Cañas Cañada, respectivamente, han pedido que se archive la causa. Algunas acusaciones, en cambio, piden que siga con la investigación hasta enviar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, que es el órgano judicial en el que se tienen que investigar a los aforados presuntamente implicados.

Según la declaración de Bárcenas, el actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, y por tanto aforado, habría participado en la reunión celebrada entre los representantes de la empresa Sufi, la filial de Sacyr-Vallehermoso que habría abonado la mordida, en la que se acordó el pago del dinero para la campaña. Este es el motivo por el que el propio Ruz, en un auto de octubre, plantea la posibilidad de remitir la causa al “órgano que se estimare competente". Y ese órgano es "en principio la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha". Pero Ruz también podría incluir entre las personas aforadas objeto de la investigación a la propia Cospedal, que también es aforada al ser presidenta de la Comunidad castellanomanchega.

El magistrado investiga el pago de 200.000 euros por parte de una filial de la empresa Sacyr-Vallehermoso al PP de Cospedal, que habría utilizado este dinero en sus primeras elecciones como candidatacandidata a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Según la declaración de Luis Bárcenas, este dinero estaría ligado a la concesión del contrato de la recogida de las basuras en el Ayuntamiento de Toledo, gobernado entonces por el PP. 

El abogado Jesús Santos Alonso, defensor de los imputados del PP Lamberto García Pineda y José Ángel Cañas Cañada, ha presentado dos escritos solicitando el archivo de la causa de la mordida de 200.000 euros, alegando en ambos casos que la versión de Bárcenas "introduce vaguedades e imprecisiones", ya que el extesorero ha cambiado en varias ocasiones de relato, en función de sus propios intereses.

Por otro lado, el letrado justifica que Cañas Cañada redactara y después firmara un recibí de 200.000 euros por la "dependencia jerárquica" entre Bárcenas (gerente nacional) y Cañas Cañada (gerente regional, nombrado en 2007), pero también por "el carácter intimidatorio y amenazante utilizado por Bárcenasintimidatorio y amenazanteBárcenassobre Cañas Cañada, que era según el abogado la práctica habitual del extesorero nacional, como lo probaría la declaración como imputado del gerente nacional Cristóbal Páez, quien llegó a asegurar que se sintió amenazada por Bárcenas.

Asimismo, el representante legal de los imputados sostiene que la declaración de Bárcenas de la mordida de 200.000 euros con destino a Cospedal está guiada por la "animadversión" y "resentimiento" hacia la secretaria general del PP. "Una de las formas de acabar con ella es dañar su honor y su reputación como secretaria general de un partido político, con la falsa imputación de una actuación irregular. Como es el haber ejercido su influencia sobre los máximos responsables de Sacyr para efectuar una donación al PP de Castilla-La Mancha".

"El PP no es entidad pública"

Además, explica que en relación al delito de tráfico de influencias el mismo estaría prescrito: "En este apartado conviene recordar que el Partido Popular no es una entidad pública sino privada. Ni el tesorero ni el gerente político son cargos públicos", por lo que no son funcionarios ni autoridades públicas a efectos penales "sino meros particulares".

Sobre el delito de cohecho que de forma indiciaria atribuyen los investigadores a los imputados, el abogado resalta que al ser el receptor el partido y no Cañas Cañada, "nunca podría dar lugar a un delito de cohecho", aunque sí reconoce que podría tratarse de un delito de tráfico de influencias, aunque ya estaría prescrito.

En relación a la prevaricación, el letrado Santos Alonso sostiene que pese a que fue el PP de Toledo el que adjudicó a Sufi, filial de la empresa Sacyr-Vallehermoso, el contrato de las basuras, la modificación del precio del servicio no fue efectivo hasta que lo aprobó el equipo de Gobierno del PSOE, que llegó al poder tras aquellas elecciones de 2007.

"Por tanto, podemos concluir que las actuaciones irregulares en el procedimiento para la modificación del precio del contrato han tenido lugar a partir de la formalización del acuerdo de noviembre de 2007 y siguiente, que han pretendido modificar el precio del contrato omitiendo el procedimiento legalmente establecido para la modificación de los contratos tras su adjudicación". Es decir, culpa al PSOE de Emiliano García-Page.

De esta forma, los imputados del PP consideran que el protocolo que firmaron con la empresa, y que acabó con una huelga de basuras a días de las elecciones municipales, "no vinculaba a la Administración". "Por tanto, la nueva Corporación local y tras recibir los preceptivos informes debería haber seguido el procedimiento legalmente establecido y, si fuese necesario, llevar la reivindicación de la empresa Sufi a los tribunales".

Imputar a la junta de gobierno de Toledo en 2007

Por su parte, la acusación del PSOE ha registrado un documento en la Audiencia Nacional en el que solicita la declaración, en calidad de imputados, de los integrantes de la junta de Gobierno de Toledo, que ratificaron el protocolo suscrito entre el Ayuntamiento del PP, la empresa Sufi y el comité de empresa el 23 de mayo de 2007.

Los socialistas reclaman también que declare como testigo el presidente del comité de empresa de la mercantil Sufi, Balduino Martín-Forero Calvomercantil Sufi, Balduino Martín-Forero Calvo, una de las personas que firmó el protocolo mediante el cual el equipo de gobierno del Ayuntamiento del PP se comprometía a sufragar un sobrecoste de 11 millones de euros en el servicio de limpieza.

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Otra acusación, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), ha enviado al juez Pablo Ruz un nuevo escrito en el que reclama documentación sobre el contrato complementario al servicio de limpieza, firmado el 16 de marzo de 2007, por un importe total de 1,4 millones de euros, una cantidad que fue acordada "en baja temeraria".

Esta asociación también ha solicitado el expediente de resolución del contrato de suministro de aguas de Toledo, por el que el Consistorio fue condenado por el Tribunal Supremo a abonar 24 millones de euros a Sufi.

Por otra parte, el juez Ruz ha rechazado la personación como acusación particular de la empresa Centro de Jardinería El Tajo 2010 S.L. en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. El magistrado sostiene que los hechos incluidos en una denuncia contra el exalcalde del PP de Toledo José Manuel MolinaJosé Manuel Molina no tienen correspondencia con la financiación irregular del PP.