¿Por qué siguen aumentando las ejecuciones hipotecarias?

Los datos del INE, en este caso sobre ejecuciones hipotecarias, certifican como la recuperación de la que presume el Gobierno no llega a todos los sectores de la población. Según esta estadística, las viviendas habituales embargadas tras el impago de una hipoteca aumentaron en el tercer trimestre de 2014 un 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Las ejecuciones hipotecarias fueron en cifras absolutas 6.787. Pese al aumento respecto al año pasado, estas cifras sí suponen una caída del 29,4% en relación al trimestre anterior. En el segundo trimestre de este año –cuando las ejecuciones fueron en total 9.611– también hubo un aumento del 8,4% en términos interanuales. 

"Hay que tener en cuenta que ante la imposibilidad de hacer frente al pago de una hipoteca hay varias instancias. Primero aparecen el crédito moroso, luego el procedimiento de ejecución y después el lanzamiento [nombre técnico con el que se define al desahucio]", explica el economista Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro del colectivo Economistas frente a la Crisis. A su juicio, los datos difundidos este lunes por el INE están relacionados con los índices de morosidad en la compra de vivienda que de forma trimestral difunde el Banco de España. "Aunque parece que ya ha tocado techo, la morosidad hipotecaria ha estado creciendo mucho durante todo 2013 y hasta el primer trimestre de 2014. Estos procedimientos son consecuencia de esas altas cotas de morosidad", amplía. 

La morosidad de las hipotecas a particulares se disparó hasta marcar un récord histórico en el 6,3% a finales de marzo de este año. Las hipotecas morosas sumaban en esa fecha 37.863 millones para una cartera de 599.153 millones, con lo que la mora llegó al 6,3%, dos puntos por encima que un año antes, cuando estaba en el 4,22%, y por encima del 5,98% del cierre de 2013. Los últimos datos, del tercer trimestre de 2014 evidencian una leve mejoría, pues la dudosidad ha vuelto a bajar del 6%. 

"Aunque la economía estaba en fase de crecimiento, durante todo el año pasado la cifra de morosos, tras años de intenso aumento, siguió creciendo. Solo en los últimos meses han empezado a aflojar los aumentos. La consecuencia es que cuando hay gente que no puede hacer frente al pago de su hipoteca, especialmente como consecuencia del desempleo y la emigración, la entidad financiera procede a reclamar el pago de la deuda y se inicia entonces el procedimiento de ejecución hipotecaria, que se puede extender hasta dos años hasta que tenga lugar el desahucio", explica Rodríguez. 

La estadística pone de manifiesto también que el 56,1% de los procesos de ejecución hipotecaria llevados a cabo en el tercer trimestre de este año surgió de créditos firmados entre 2004 y 2007, considerados los años del boom inmobiliario porque fue cuando el sector financiero flexibilizó los criterios para prestar dinero y las entidades financiabanincluso más del 100% del valor de la vivienda obviando en muchos casos al riesgo de esas operaciones. "Son créditos que se concedieron con mucho menos rigor, con una relación préstamo valor mucho más alta y, por lo tanto, más susceptibles de entrar en morosidad que los firmados en los años previos a la burbuja", asegura Rodríguez. 

Los desahucios se incrementaron un 11% en 2013

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Fracaso del decreto antidesahucios

"Las ejecuciones hipotecarias de hoy son los desahucios de mañana", dice Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quien defiende que las cifras difundidas por el INE "vienen a corroborar que es falsa la recuperación y las expectativas de salida de la crisis de las que hablan algunos". Morote denuncia también que estos datos son el reflejo de que tampoco ha funcionado la normativa antidesahucios que entró en vigor en noviembre de 2012 después de que el PP rechazara la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la PAH a la que avalaron 1,4 millones de ciudadanos y que incluía una moratoria para los desahucios, la dación en pago y la creación de una gran bolsa de viviendas sociales en alquiler para los afectados impagos. Finalmente la iniciativa de los afectados se plasmó en un decreto que sólo preveía una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias en caso de personas o familias vulnerables. 

Morote recuerda además que la legislación española sobre desahucios acumula dos sentencias que han determinado que el sistema español de desahucios no es acorde a la normativa comunitaria en materia de protección de derechos del consumidor. Ambas sentencias contribuyeron a reformar la legislación sobre desahucios a favor de los deudores. Y se incluyeron, entre otras cuestiones, para los créditos nuevos y viejos la obligación de que los intereses de demora no puedan ser superiores a tres veces el interés legal del dinero (12%), la posibilidad de reducir la deuda pendiente una vez que la vivienda ha sido adjudicada a un tercero o la ya citada moratoria pero sólo para supuestos de “especial vulnerabilidad”.