¿Cómo nos va a afectar el polémico registro de viajeros que impulsa la UE?

"La aprobación del PNR va a fortalecer claramente a la UE para afrontar la amenaza del yihadismo". Así de seguro se mostró este martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con respecto al Registro de Nombres de Pasajeros, el polémico mecanismo que tanto España como otros gobiernos europeos quieren implantar a nivel comunitario con el fin de mantener un fichero con los datos de los ciudadanos que viajan con origen o destino en la UE.

El Ejecutivo ya ha anunciado que pretende modificar la Ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando actualmente en las Cortes para que este instrumento tenga encaje legal en el marco jurídico español. Fernández Díaz no es el único que promueve esta iniciativa: el primer ministro francés, Manuel Valls, ya anunció hace unos días que Francia implantaría a partir de septiembre su propio PNR a nivel nacional –como ya hacen otros 14 países– y pidió de forma "solemne" que el Parlamento Europeo no se cierre a aprobar un mecanismo similar a nivel comunitario. La propia UE ya aplica este tipo de herramientas para los vuelos con EEUU, Australia y Canadá.

Y es que el establecimiento de un PNR europeo lleva varios años siendo uno de los caballos de batalla en las discusiones para implantar nuevas medidas de lucha contra el terrorismo; de hecho, en abril de 2013, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo rechazó por 30 votos en contra –los de los socialdemócratas, los verdes, los liberales y la izquierda– frente a 25 a favor la implantación de una directiva en este sentido. Pero el debate no acabó ahí: en repetidas ocasiones, la última el mes pasado, los ministros de Interior y Justicia de los 28 han pedido que el PNR se implemente de forma "urgente".

Se almacenan la forma de pago e incluso el equipaje

La última propuesta concreta –la que rechazó el Parlamento Europeo en 2013– fue elaborada en el año 2011 por la Comisión Europea –el Ejecutivo comunitario–, y especificaba ya la información que las compañías aéreas deberían recoger para posteriormente transmitirla a los ficheros que deberían crear los Estados miembros. Entre los datos incluidos se cuentan algunos obvios, como el nombre, la dirección y el destino del viajero, pero también se incluyen otros como la información sobre el equipaje, si el viajero ha facturado o no, su teléfono, la forma en que ha pagado los billetes y en qué fecha y agencia de viajes lo ha hecho, e incluso qué asiento ha ocupado durante el vuelo.

Las compañías estarían, de acuerdo con esta directiva, obligadas a entregar estos datos a los Estados entre 24 y 48 horas antes del despegue del vuelo o, como muy tarde, en el momento en el que el pasaje terminase de embarcar. Esta celeridad para conseguir la información, no obstante, no se aplica a la hora de borrarla, ya que los datos de los pasajeros estarían almacenados en las bases de datos durante cinco años, aunque con algunos matices: según la propuesta, dos años después de recolectarlos, las autoridades deberían "despersonalizar" la información, eliminando detalles como el nombre, la dirección o el método de pago del viajero.

Aunque sería cada uno de los Estados miembros quien gestionaría la información de los viajeros que entrasen y saliesen de su país, los 28 se comprometerían a transmitirla al resto de miembros de la UE "cuando estimen que dicha transferencia es necesaria para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos terroristas o delitos graves", tal y como establece la directiva planteada en 2011. El órgano encargado de gestionar el fichero de cada país estaría obligado a justificar las peticiones de información que realizase a otros, si bien se plantea un procedimiento de urgencia en el que esta justificación no es necesaria.

También se pueden registrar los vuelos dentro de la UE

Y, ¿en qué vuelos se aplicaría esta directiva? Según explica Ana Peyro, profesora de derecho internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la normativa que se planteó en 2011 afectaría tan sólo a los viajes que se hicieran "entre la UE y terceros países". El registro de los viajeros que viajaran entre los Estados miembros no sería obligatorio, señala la experta, que no obstante matiza que esta discusión sí que estuvo presente a la hora de elaborar la propuesta y no salió adelante por la oposición de algunos países, si bien se planteó que la directiva fuera imperativa también para los vuelos internos "en una segunda fase".

El propio Consejo de la UE –la reunión de ministros de Interior y Justicia de los 28–, en la toma de posición que realizó en 2012 ante la propuesta, ya admitió que tanto el tiempo de almacenamiento de los datos como la inclusión de los vuelos internos en el ámbito de aplicación de la ley había provocado algunas discrepancias. Pese a ello, sí que se contempla que los Estados puedan aplicar la directiva "a todos o a algunos vuelos internos", si bien dar este paso más allá quedaría exclusivamente bajo su criterio, lo que para los ministros "constituye un compromiso entre los Estados miembros que están a favor de la inclusión obligatoria de todos los vuelos interiores y los que se oponen a incluirlos".

Pero esas no son las únicas divergencias, ya que en el propio preámbulo de la directiva se advierte de que el PNR no se aplicaría en Dinamarca, que utilizaría su prerrogativa de opting-out –una exención concedida a un país que no desea sumarse a los demás en una medida comunitaria para que no se bloquee de forma general la decisión– para mantenerse al margen de la medida. Por contra, Reino Unido e Irlanda –los otros dos países que cuentan con el mismo privilegio en decisiones sobre fronteras– "han expresado su deseo de participar en la adopción y aplicación de esta directiva".

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PSOE a favor, UPyD e IU en contra

En España, el PSOE ha pasado de rechazar el PNR –junto a sus colegas socialdemócratas europeos– a estar abiertos a negociar sobre su implantación, aunque con "proporcionalidad, muchas limitaciones y todas las cautelas" y dejando claro quién custodiará los datos y por cuanto tiempo, tal y como ha matizado el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando. El diputado, no obstante, ha rechazado de plano la intención del PP de regular la implantación de este fichero a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana. "Es una pésima técnica jurídica para regular un tema que no es menor. Utilizarla sería inaudito y constituiría un grave error que no ayudaría al consenso, sino al disenso", ha afirmado.

Por su parte, UPyD e IU son contrarios a su adopción: el diputado de la formación magenta Carlos Martínez Gorriarán se ha mostrado a favor de implantar nuevas medidas de lucha antiterrorista, pero ha señalado que esto "no debe ser nunca una excusa para crear una especie de gran hermano policial que controle los movimientos de todo el mundo, sino solamente los de sospechosos". De igual forma José Luis Centella, portavoz de la federación de izquierdas en el Congreso, tampoco ha mencionado explícitamente el PNR, pero ha abogado por "atacar el terrorismo en sus orígenes" y sus fuentes de financiación en lugar de recortar libertades.