Los logros y fracasos de un Gobierno rojo al sur de una Europa de derechas

“Andalucía, una semana más, marca la diferencia”. Con esta frase y otras similares solía comenzar el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. Unas semanas lo acompañaba un consejero o consejera del PSOE. Otras, un consejero o consejera de IU. Era un Gobierno de izquierdas, diferente, que intentaba cada martes combatir las políticas de derechas adoptadas en los Consejos de Ministros de los viernes. “Andalucía –se enorgullecían tanto PSOE como IU– está demostrando que existe otra forma de gobernar”. La ley antidesahucios fue la primera prueba de esa nueva política de defensa de lo público que ponía por encima de cualquier cifra macroeconómica a las personas.

Dependencia, educación, sanidad… con más o menos recortes, que también los ha habido, la Junta ha mantenido el tipo en estos casi tres años de Gobierno a pesar del estrangulamiento presupuestario impuesto desde Madrid, a quien exige un nuevo modelo de financiación y una reforma fiscal "más justa y equitativa". Nada más formar el nuevo Ejecutivo –con José Antonio Griñán como presidente– la Junta aprobó un decreto de recortes de salarios a los funcionarios que ahora compensa con el abono íntegro de las pagas extraordinarias. La gestión PSOE-IU ha llegado incluso a sorprender al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien, según fuentes del PP, admitió en una visita a Andalucía la enorme capacidad del Gobierno autonómico para resistir las embestidas de Moncloa.

La mayor parte de su actuación no se ha traducido, sin embargo, en la aprobación de leyes acordadas en el pacto de coalición, que de casi una treintena sólo ha sacado adelante dos: la Ley de Transparencia –aprobada más de dos años después– y la Ley integral de Transexualidad, aprobada justo después, el pasado verano. Estas han sido las principales acciones de un Gobierno rojo al sur de una Europa de derechas sobre el que han pesado dos losas que aún lleva a cuestas: la corrupción y el paro.

Vivienda: una ley antidesahucios pionera

Dirigidas por la cordobesa Elena Cortés, las políticas de vivienda han sido la seña de identidad de IU en el Gobierno. La conocida como ley antidesahucios –impulsada por IU y negociada con el PSOE fuera del pacto de coalición– establecía expropiaciones de hasta tres años a los bancos que pretendieran echar de sus casas a personas en riesgo de exclusión social. Omar Abattouy, de 43 años, y Umkiltoun Sarroukh, de 33, marido y mujer, y sus cuatro hijos menores de edad, fueron una de las familias beneficiarias de esta medida. “El Gobierno andaluz destierra las imágenes de los desahucios que eran el pan nuestro de cada día”, afirmó la consejera de Fomento y Vivienda. La celebración, sin embargo, duró poco. El Gobierno de Mariano Rajoy llevó la ley al Tribunal Constitucional por considerar que invadía competencias y creaba discriminación al expropiar el derecho de uso de la vivienda sólo a determinados propietarios, es decir, a los bancos. Al Gobierno tampoco le gustaron las sanciones –de hasta 120.000 euros– que recogía la norma para las entidades financieras e inmobiliarias que tuvieran viviendas vacías o que no dieran un uso social a sus viviendas protegidas.

“El Gobierno recurre esta ley como la defensa de la élite financiera y de los especuladores de la vivienda a costa de castigar a las víctimas de la crisis, a trabajadores desempleados, avalistas, autónomos, precarios y pensionistas. Es el recurso de la vergüenza”, llegó a calificarlo Cortés. Rajoy había formalizado el recurso casi a escondidas. Ni informó a la Consejería, que esperaba solventar los problemas en una comisión bilateral, ni a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la decisión.

La crisis vino con la Corrala Utopía

En los tres meses que estuvo en vigor, la Junta benefició a 39 familias con expropiaciones encima. El Gobierno andaluz al completo, PSOE e IU, reclamaron en reiteradas ocasiones a Rajoy que retirara el recurso de manera inmediata. Ni caso. La Junta, sin embargo, no se dio por vencida y continuó aplicando las partes de la ley no suspendidas, lo que ha permitido multar a varios bancos por no haber ofrecido sus VPO vacías al registro de demandantes. La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores por un total de 22,84 milones de euros y, este mismo jueves, confirmó una denuncia ante la Fiscalía a cinco entidades –BBK-Cajasur, Unicaja, Banco Popular, Bankia y Caixabank– por incumplimiento del Código de Buenas Prácticas relativo a deudores hipotecarios. Para cubrir a las familias que antes se podían beneficiar de la expropiación, la Junta ha abierto una línea de ayuda de 2,2 millones.

Nadie esperaba, por tanto, que fuera un asunto relacionado con la vivienda –el realojo de las personas de la conocida Corrala Utopía– lo que generara la primera crisis que llevó al borde de la ruptura a los dos socios de Gobierno, finalmente recompuesto. Fue en abril del año pasado. 

Empleo: la comunidad con mayor tasa de paro

Fue muy criticada incluso por sus socios de Gobierno, pero siempre ha sido clara en ese sentido: “Me reuniré con quien tenga que reunirme para conseguir que las empresas confíen e inviertan en Andalucía”, ha repetido una y otra vez Susana Díaz. El mismísimo Emilio Botín terminó besándole la mano en la primera visita –pública– que un banquero hacía al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, por donde después han desfilado una retahíla de nombres del Ibex 35: Telefónica, Endesa, La Caixa, BBVA, Iberdrola y Vodafone. También se ha reunido con Fujitsu. De todas ellas, Díaz ha arrancado compromisos de inversión en la comunidad y la creación de becas en esas compañías para jóvenes andaluces. En todos sus discursos, en sus mítines, en sus intervenciones, la presidenta andaluza ha calificado el empleo como su obsesión. Fue determinante también su actuación en la comarca minera de Aznalcóllar (Sevilla). En apenas 48 horas, tras una conversación con Rajoy, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas retiró el recurso de inconstitucionalidad que había presentado contra el decreto andaluz para la reapertura de la mina.

Según los últimos datos de la EPA, el paro bajó en Andalucía en 66.800 personas el pasado año, lo que supone un descenso del 4,57% en relación con el año anterior. Pero la losa, a pesar de los rezos de la ministra andaluza Fátima Báñez a la Virgen del Rocío, sigue pesando y mucho: fue la comunidad con mayor tasa de desempleo, con un 34,23%. Los planes y actuaciones a los que la presidenta se ha encomendado, enfocados tanto a las empresas como a las personas con un nuevo modelo productivo basado en la competitividad, sostenibilidad medioambiental y cohesión social y territorial, han sido la pieza angular de su Gobierno y, según el PSOE, prometen.

La Agenda por el Empleo, aprobada el pasado 22 de julio, y acordado con los principales agentes sociales, establece las estrategias para recuperar en los próximos siete años los puestos de trabajo perdidos. El principal objetivo: superar en 2020 los 3,2 millones de ocupados. Prevé una inversión de 45.305 millones de euros, de los cuales, el Gobierno andaluz aportará 21.113 millones de euros, y el resto será exigido al Estado en concepto de inversiones. Pero la realidad es que los resultados de las políticas de empleo, de momento, aunque puedan ser loables, no son ni mucho menos para tirar cohetes. La rebaja significativa de las tasas de paro ha sido la asignatura pendiente de los sucesivos Gobiernos socialistas. Plan "insuficiente"

Entre los planes puestos en marcha por la Junta, destacan el decreto de inclusión social y el programa de impulso a la construcción sostenible. El primero, dotado con 40 millones de euros y destinado a combatir la exclusión social a través del empleo, tiene previsto generar 25.000 puestos de trabajo. Según la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, dirigida por María José Sánchez Rubio (PSOE), también secretaria de Sanidad en la ejecutiva federal de Pedro Sánchez, ya se ha pagado el 100% a los ayuntamientos para el inicio de las contrataciones, que se efectuarán en los próximos días. Algunos colectivos, como la Asociación Pro Derechos Humanos, consideran el plan como “insuficiente, asistencialista y electoralista” y exigen una ley.

El programa de construcción sostenible, que subvenciona las remodelaciones que persiguen la eficiencia energética –como el cambio de ventanas–, la mejora de instalaciones y el uso de fuentes renovables, tuvo que ser ampliado ante la rápida acogida de las empresas al 100% del presupuesto inicial, 150 millones. Para este año, la Junta tiene presupuestados 75 millones más. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, capitaneada también por el PSOE y en manos del catedrático de Economía José Sánchez Maldonado, prevé generar 18.500 puestos de trabajo directos. Aunque hay previsto un plan de autónomos, el colectivo sigue sin tener una respuesta clara a su situación en Andalucía.

Críticas por pedir "favores" a Botín

La Junta también tiene activado un plan para parados de larga duración, dotado con 106 millones de euros, que prevé en torno a 25.000 contratos. El plan para jóvenes, con una dotación de 200 millones, ha supuesto ya la contratación de más de 22.000 chicos y chicas de los 41.000 empleos previstos. Incluye además un convenio de becas con el Banco Santander, del que se beneficiarán mil jóvenes. Actualmente, ya se han asignado las tres terceras partes de las becas.

Del Santander también consiguió la presidenta de la Junta una línea de crédito a corto plazo de hasta 500 millones de euros, muy duramente criticado por los ahora candidatos de IU a las generales y a las autonómicas, Alberto Garzón y Antonio Maíllo, quienes calificaron el préstamo de usura. "Susana Díaz no tendría que pedir ningún favor a Botín con una banca pública en Andalucía”, reprochó Garzón aprovechando para recordar otro asunto que también ha generado tensiones entre los socios de gobierno. A la nueva línea mantenida por Garzón y Maíllo atribuyen fuentes socialistas las “razones objetivas” del clima de “inestabilidad”. La banca pública era una de las normas que, según IU, condicionaban la convocatoria del referéndum entre sus militantes sobre su continuidad o no en el Gobierno andaluz. Las otras leyes que exigieron sacar adelante para descartar la consulta afectaban a igualdad y violencia de género, la renta básica y la agricultura integral.

Sanidad y Asuntos Sociales: defensa de lo público siempre... o casi siempre

“Andalucía parece Etiopía”. Fue una de las polémicas frases del ahora portavoz del PP en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando. “En Andalucía se ha pasado de regalar ordenadores a regalar bocadillos”, afirmó también su compañero de filas Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla. El decreto que garantizaba tres comidas al día a los niños en riesgo de exclusión social tampoco gustó a la derecha. Y ahí, de nuevo, PSOE-IU han estado resistiendo a las políticas de Rajoy con la defensa de lo público y el Estado del bienestar. De ese decreto se beneficiaron 22.000 menores. Los últimos datos distribuidos por Cáritas advierten de que la exclusión social ya se ha convertido en crónica en Andalucía: actualmente, un millón de personas (334.000 hogares) vive en exclusión severa (el 13,1% frente al 10,9% nacional). En este contexto, se queda sin aprobar un decreto que garantice los suministros vitales, condición también de IU para no convocar el referéndum.

La gran batalla emprendida, no obstante, por ambos socios residió en combatir la ley de reforma local, que acabó con un recurso en el Constitucional. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), denunció duramente el efecto centralizador de la ley: “Trata a los ayuntamientos como menores de edad”, afirmó. Alcaldes, incluso del PP, manifestaron su rechazo.

La ley de dependencia ha sido otra de las batallas entre la Moncloa y San Telmo. Los últimos presupuestos andaluces destinan 1.131 millones, unos tres millones al día, prácticamente lo mismo que la inversión del Gobierno en el conjunto de España (1.200 millones). A pesar de ello, muchas familias siguen mostrando su descontento por la lentitud en la consecución de las ayudas, refrendado por duros informes del Defensor del Pueblo Andaluz.

Blindaje del Estado del bienestar

En preparación está la Ley de Servicios Sociales, que pretende garantizarlos como un derecho, según la consejera Sánchez Rubio. Es la línea que la nombrada consejera de Hacienda por Susana Díaz, la socialista María Jesús Montero, ha mantenido durante años cuando estaba al frente de la Consejería de Salud. “La mejor garantía de igualdad en sanidad es que el banquero esté acostado al lado de la cama del gitano”, dijo en una entrevista. La solución para el PSOE, más que hacer leyes, pasa por reformar la Constitución para blindar el sistema sanitario como público, universal y gratuito, ahora amenazado por un modelo en el que el ciudadano es sustituido por el concepto de asegurado.

En el día a día, en cualquier caso, la falta de presupuesto también se ha dejado notar en los centros de salud y hospitales, donde se mira con lupa cualquier recurso. Menor tiempo de hospitalización, menos derivaciones al especialista o mayor tiempo de espera que ha desbordado los servicios con la avalancha de gripe. Aunque no ha habido mareas como en Madrid contra la privatización de la sanidad, los sindicatos también han denunciado el abuso de contrataciones temporales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Educación: oposición frontal a la ley wert

El Gobierno PSOE-IU, que ha encabezado a las comunidades opuestas a la ley Wert, también ha resistido como ha podido los recortes presupuestarios impuestos desde Madrid. Según la Consejería de Educación, dirigida por Luciano Alonso (PSOE), el mantenimiento de la gratuidad de libros de texto, el transporte escolar y el servicio de comedor ha ahorrado a las familias andaluzas una media de más de 2.000 euros en el pasado curso escolar. Este curso, casi un millón de alumnos se están beneficiando de la gratuidad de los libros. El transporte escolar gratuito, una prestación que sólo Andalucía ofrece incluso en la educación postobligatoria, atiende a más de 99.000 estudiantes. Y el servicio de comedor beneficia, diariamente, a 180.000 alumnos. De ellos, el 54% dispone de gratuidad total. En becas, la Junta ha rescatado a más de 10.000 alumnos excluidos de los nuevos requisitos adoptados por el Ministerio de Educación. Además, ha destinado más de 24 millones de euros a ayudas para evitar el abandono escolar. Para este año, en aplicación al aumento de la tasa de reposición anunciada por el Gobierno central, la Junta ha convocado 1.229 plazas de empleo público.

A pesar de estos datos, los sindicatos han mostrado su enfado con este departamento en reiteradas ocasiones. Consideran, entre otros aspectos, que a pesar del recurso contra la Lomce el consejero no ha hecho lo suficiente por resistirse a su implantación. Desde el punto de vista religioso, aunque sí se puso fin a la financiación pública de los colegios que segregan por sexo –de nuevo beneficiados por la Lomce–, también han destacado las protestas desde colectivos como Andalucía Laica por no ser contundentes a la hora de sacar la religión de la escuela. Ni siquiera con IU en el Gobierno.

Igualdad: no a la reforma del aborto

De momento, tras la salida de Alberto Ruiz-Gallardón del Gobierno, no ha sido necesario. Pero la Junta anunció desde el minuto cero un recurso de inconstitucionalidad si salía adelante la reforma de la ley del aborto que devolvía a España a los años 80. En este caso, la implicación del PSOE, con el Instituto Andaluz de la Mujer a la cabeza, fue mucho más activa –o visible– que la de IU.

Al contrario ocurrió con la Ley de Transexualidad, una norma que sí estaba incluida en el pacto de gobierno. Impulsada por Izquierda Unida, fue aprobada el pasado verano después de múltiples retrasos y discrepancias a la hora del tratamiento que podrán recibir los menores. El texto, apoyado por el PP, es el primero en toda Europa que despatologiza la transexualidad. En el cajón de la legislatura se quedarán, sin embargo, las reformas de las leyes de igualdad y de violencia de género.

Medio ambiente: luces y sombras

Vino a verla hasta Salma Hayek. El capítulo de La Almoraima, la finca pública ubicada en el Parque Natural de los Arcornocales (Cádiz) que puso a la venta el Gobierno del PP, ha sido la principal batalla ganada de este Gobierno de izquierdas en materia de medio ambiente frente a la especulación urbanística. La fórmula ideada por la Junta fue ampliar el espacio protegido para que el 100% de la finca quedara dentro. El Gobierno de coalición dio, así, un paso importante en la defensa del medio ambiente y marca una clara diferencia con el ejecutivo socialista anterior en solitario, que llegó a respaldar proyectos insostenibles como el mastodóntico gasoducto Balboa, cuyo trazado pasaba por las inmediaciones de Doñana.

La mano de Diego Valderas también estuvo detrás de la salvación de la playa de Valdevaqueros, en Tarifa, de la especulación urbanística. Tampoco hizo nada el anterior Ejecutivo en solitario por parar el almacén previsto por Gas Natural en el subsuelo del mismo parque, otro proyecto ahora en cuestión. Ha sido también en este periodo cuando Felipe González dejó el Consejo de Participación de Doñana, que compatibilizaba con su cargo como consejero en Gas Natural. El que resiste a izquierda y derecha es el Algarrobico, que descansa en primera línea de playa protegido por una enorme sombrilla de líos judiciales.

Cuestionada apuesta por la minería

Otra marca de identidad de IU en el Gobierno andaluz ha sido el Plan de la Bicicleta, que incluye la creación de 330 kilómetros de carril bici en un año. A él se han adherido siete ayuntamientos: Algeciras y Jerez en Cádiz y todas las capitales de provincia salvo Sevilla y Jaén. Es decir, gobiernos del PP han terminado apoyando esta política de movilidad sostenible tan criticada por la derecha y por la que la propia Elena Cortés, que ha hecho también encaje de bolillos para seguir financiando obra pública, tuvo que aguantar mofas. Queda pendiente una Ley de Movilidad Sostenible.

La principal crítica de los grupos ecologistas al Gobierno andaluz se centra ahora en el impulso que Susana Díaz está dando a la minería, que insiste en que la reapertura se hará con todas las garantías medioambientales. El fantasma del desastre de Aznalcóllar sigue estando, sin embargo, muy presente para los ecologistas, que denuncian que a sólo diez kilómetros, la Junta está permitiendo la actividad a otra mina, Cobre Las Cruces, reiteradamente multada por la propia Administración y acusada de contaminación por la Fiscalía en los tribunales.

Transparencia y corrupción: la losa de los ere

Abrir las puertas y ventanas de la Administración, anunció Susana Díaz en su toma de posesión tras el relevo a Griñán. La de Transparencia fue la primera ley aprobada en el Parlamento andaluz, el pasado junio. Dentro de los compromisos del pacto y apoyada incluso por el PP, la norma pretende potenciar la rendición de cuentas en la administración a partir de dos premisas: los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen las instituciones –y otros organismos que reciban fondos públicos– y éstas tienen la obligación de informar sobre sus actividades. La duda está en si la ley, que nace de la necesidad de limpiar la política de corrupción, será de verdad o de mentira, una vez entre en vigor el próximo verano. Lo que sí se ha cumplido de momento son las dos comparecencias al año de la presidenta para debatir sobre la situación política de Andalucía, quien ha dejado claro que si los expresidentes Griñán y Manuel Chaves terminan imputados en el Supremo les pedirá que se marchen.

Sobre la posibilidad de que el PSOE entre en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz a los diputados aforados para salvarlos de la jueza Mercedes Alaya ante un adelanto electoral, IU ya ha dicho que se opondrá. A eso y a la renovación de la Cámara de Cuentas, cuya reforma, anunciada también para combatir la corrupción, sigue en el aire.

Durante estos tres años de Gobierno, las sesiones en el Parlamento han estado marcadas por la corrupción. El escándalo de los ERE primero, Invercaria después y el presunto fraude en los cursos de formación –que ha hecho saltar por los aires a UGT y las relaciones entre la Junta y el sindicato hermano– ha pesado como otra losa de cemento sobre el PSOE, pero también sobre IU, acusado incluso desde sus propias filas de mantener a un Gobierno corrupto. La legislatura, no obstante, arrancó con la comisión de investigación de los ERE impulsada por IU, que ha obligado también en múltiples ocasiones al consejero Luciano Alonso a explicar el fraude de la formación. No ha sido suficiente, sobre todo, para hacer frente a la ola Podemos.

En la asamblea celebrada el pasado diciembre, supuesto origen de la ruptura del pacto, IU pidió un pleno exclusivo sobre corrupción y la posibilidad de abrir una comisión de investigación sobre toda la corrupción, incluidos los asuntos que afectan a su propio partido y al PP. La reforma de la Cámara de Cuentas, otra de las medidas anunciadas para combatir la corrupción sigue en el aire. El PP ha llegado incluso a presentar una propuesta.

Memoria histórica

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El Consejo de Gobierno del pasado martes, puede que el último en el que Miguel Ángel Vázquez salga acompañado de un camarada, como llaman amistosamente los socialistas a los comunistas, aprobó dos proyectos de ley impulsados por Izquierda Unida. Uno, que pretende proteger a los consumidores y usuarios de los abusos en las contrataciones hipotecarias con sanciones de hasta un millón de euros –insuficiente para colectivos como Facua–. Y un segundo, el proyecto de ley de memoria histórica, otro de los acuerdos incluidos en el pacto.

Desde la Dirección General de Memoria Democrática, conducida por IU, la Junta ha emprendido una política de memoria pública con la que por primera vez una Administración asume como una obligación las exhumaciones, hasta ahora en manos de los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo. La norma, ahora en el aire, garantiza la apertura de todas las fosas que pidan los familiares y, a diferencia también de la ley de José Luis Rodríguez Zapatero, establece multas de hasta 10.000 euros por la no retirada de símbolos franquistas, incluidos aquellos edificios o inmuebles que aleguen razones artísticas, indultados por la ley estatal.

El principal talón de Aquiles de la norma, ahora en el aire, es la insuficiente memoria económica –10 millones de euros– para un territorio donde existen al menos 600 fosas sin exhumar y para un asunto en el que el tiempo corre en contra. Muchos familiares son ya ancianos. No obstante, esta apuesta por la recuperación de la memoria en Andalucía, basada en las recomendaciones de la ONU y el derecho internacional, choca frontalmente con el desmantelamiento absoluto que ha hecho el PP de esta materia, a cuyo presupuesto destina 0 euros. Los exabruptos de la derecha en un asunto que debería ser de Estado pueden resumirse de nuevo en una frase de Hernando, que acusó a los familiares de acordarse de sus muertos cuando llegaron las subvenciones. Ahora, con un pacto al que ya no se le puede llamar pacto, en este y en otros temas que quedan sin aprobar, habrá que esperar para saber si Andalucía volverá a marcar la diferencia.