Los imputados que sí le valen a Rajoy para las listas

"Cualquier persona del Partido Popular que quiera ser candidato en las próximas elecciones municipales y autonómicas, que pueda estar incurso en algún asunto de corrupción, no va a ser candidato del PP". El autor de esta declaración es Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral. La hizo no hace mucho, el 5 de noviembre de 2014 en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE). Había transcurrido sólo una semana desde que se destapó la Operación Púnica. Y seguía la estela de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, que también se había comprometido a no apostar por personas con causas pendientes de la Justicia en materia de corrupción a la hora de elaborar las listas electorales. Cuatro meses después, el partido del Gobierno se encuentra en plena fase de designación de candidatos para los comicios del 24 de mayo y sus dirigentes no exhiben tanta contundencia a la hora de defender la no presencia de imputados en sus listas. De hecho, ya hay varios confirmados. Han pasado del rechazo absoluto a mantener que se estudiará caso a caso. Así lo puso de manifiesto el propio Mariano Rajoy este lunes en una entrevista concedida a Onda Cero. "No todas las imputaciones son iguales [...] Hay imputaciones e imputaciones. La imputación no significa condena".

Con sus palabras, el presidente del Gobierno y del PP se sumaba a Felipe González. En una entrevista concedida al diario El País el domingo, el expresidente socialista se mostró contrario a dejar fuera de las listas electorales a políticos imputados. Se trata de "un error", dijo. "No hará falta que un juez te diga qué persona no puede ir en una lista porque a veces el criterio del juez es contradictorio con la representación democrática libre. Tiene que ser la propia fuerza política quien lo diga", subrayó. 

En los últimos meses, insistiendo en que los escándalos de corrupción afectan a todos los partidos por igual, el PP se comprometió a debatir con el resto de grupos parlamentarios el momento en el que un político se aparta del cargo. La propuesta de Rajoy quedó después limitada a la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos. En ella, se recoge una serie de obligaciones para las formaciones políticas. Entre ellas, figura la de incluir en los estatutos la figura de la expulsión de sus miembros cuando estos hayan sido condenados por delitos de corrupción. Nada se dice en el texto que se remitió desde el Congreso al Senado de la figura del imputado. Un término al que el Gobierno quiere cambiar por el de "investigado" para borrar las connotaciones negativas.

Líneas rojas que se caen

En este contexto, son los partidos los que siguen teniendo en su mano que los imputados concurran o no a las elecciones. De marcarse sus propias líneas rojas. En el caso del PP, a la tesis de la dirección nacional de que hay que ver las imputaciones "caso a caso" están las líneas rojas marcadas por direcciones regionales como la de la Comunidad Valenciana o Baleares. Tanto Alberto Fabra como José Ramón Bauzá se han comprometido a no llevar imputados por corrupción en sus listas después de que sus formaciones fuesen salpicadas duramente por la corrupción. Baste un ejemplo: en Les Corts, cámara regional de la Comunidad Valenciana, han llegado a coincidir sentados en esta legislatura más de una decena de imputados en la bancada del PP. Pese a la línea roja, Fabra ha seguido tirando de algunos imputados. Los alcaldes de Cullera (Valencia), Alboraya (Valencia) y La Nucía (Alicante) repetirán en el mismo puesto de la lista municipal.

Y el PP de Madrid, a tenor de algunos de los nombres confirmados, también ha optado por seguir las directrices de Génova de ir "caso a caso".

A continuación, se repasan algunos de los nombres más llamativos de cargos del PP con puesto reservado en las listas pese a su situación judicial. "La imputación no es una condena pero hay un debate abierto sobre si en estos momentos de desconfianza de la clase política por parte de los ciudadanos es necesario 'un plus', un esfuerzo extra por parte los partidos", admite un dirigente conservador consultado.

Rajoy ya ha sentenciado que "todos los casos son distintos y en cada caso concreto habrá que tomar la decisión correcta". En el caso de Juan José Imbroda, presidente de Melilla, la decisión "correcta" del PP fue ratificarle como candidato pese a su imputación.  

"No tengo ningún tinglao raro"

Cuando el pasado 11 de marzo acudió a declarar ante el juez, el dirigente conservador ya había sido ratificado por el Comité Electoral Nacional. Ante el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde negó haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001 y rechazó que su imputación por este asunto le lleve a dimitir. "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglao raro", ha dicho.

También repite en listas otro clásico del PP, un veterano: Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid. En su caso, afronta un juicio –será el 27 de abril, a menos de un mes de las municipales– por un presunto delito de desobediencia en la ejecución de las sentencias que ilegalizaron el edificio de la Plaza de Zorrilla en el que posee su vivienda habitual, informa Europa Press.

Pilar Barreiro es otro de los cargos imputados con los que Rajoy sigue contando. Así, repetirá como cabeza de lista al Ayuntamiento de Cartagena. Menos de una semana antes de ser ratificada el 13 de marzo fue a declarar ante el Supremo como imputada en un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la trama de corrupción urbanística del caso Novo Carthago.

Las listas del PP de Aguirre

Las listas de algunos municipios de la Comunidad de Madrid tampoco están libres de imputados. En esta comunidad autónoma en la que se ha quedado su presidente, Ignacio González, sin liderar la lista para mayo, concurren cargos del PP con causas pendientes con la Justicia. 

Es el caso del alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, imputado por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y amenazas. Su caso tiene origen en una denuncia interpuesta por UPyD por su presunto intento de comprar a una de sus concejales, Isabel Cotrina. 

El candidato del PP para el Ayuntamiento de Las Rozas, José Ignacio Fernández-Rubio, está imputado por prevaricación y por un delito de ordenación del territorio. El de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría Novoa, tiene dos causas abiertas; una por presunta prevaricación urbanística y la otra por pagos irregulares a funcionarios municipales. Y, María Ángeles Herrera, alcaldesa de Ciempozuelos, está imputada por un presunto delito de contabilidad irregular en el consistorio.

En un primer momento, tras el estallido de la Púnica, Aguirre llegó a hacer exámenes públicos a los alcaldes que sustituyeron a los cuatro detenidos. Dijo que éste iba a ser el método a aplicar en las listas para las elecciones de mayo. Ahora ha dado marcha atrás: sólo examinará a quienes integren la lista al Ayuntamiento de Madrid junto a ella.

En Canarias, la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, imputada en el caso Faycán, repite. Lo mismo le ocurre al regidor de Mogán, Francisco González, pero en el marco del caso Góndola. Castellano está acusada de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude. Al alcalde de Mogán se le imputan siete delitos, el de cohecho entre ellos.

El presidente del PP leonés justifica la presencia de imputados en las listas

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Andalucía: el PSOE, contra Saldaña

El candidato del PP a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, se presenta en pleno territorio ERE. Pese a que las acusaciones al PSOE a cuenta de los imputados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, él no lleva las listas libres de imputados. El nombre que más sobresale es el de Antonio Saldaña, número tres por Cádiz. Saldaña se ha convertido en el foco de las críticas de los socialistas. A lo que Moreno responde siempre apelando a que no es lo mismo una imputación por corrupción que una imputación por "cuestiones administrativas". 

Este, el de las cuestiones administrativas, sería el caso de Antonio Saldaña. Saldaña, primer teniente alcalde de Jerez ha sido llamado a declarar en calidad de imputado junto a otros compañeros después de que el juzgado admitiera a trámite una ampliación de la querella de la concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Jerez contra el Gobierno local.