Jueces, y parte, en el caso Bankia

En mayo del año 2012, Bankia fue nacionalizada con la inyección de más de 22.400 millones de euros de fondos públicos, aplicados entre esa marca y su matriz, BFA, para compensar sus pérdidas y sus fondos propios negativos en ese momento. Diez meses antes se llevó a cabo una oferta pública de venta (OPV) donde se captaron 3.092 millones euros, procedentes en su mayoría del mercado minorista español, especialmente a través de inversores no profesionales, que procedían de los clientes habituales –ahorradores– de las cajas que formaron esa marca, principalmente de Caja Madrid y Bancaja.

El juez Andreu, instructor del caso Bankia en relación a su salida a bolsa, requirió informes a dos peritos independientes, adscritos al Banco de España, quienes emitieron una opinión en el sentido que “Bankia maquilló sus cuentas para salir a Bolsa”, completando dicha afirmación con que “la auditoría de Deloitte, que respaldó la OPV, incumplió la normativa del Banco de España” y con que “el salto al parqué de Bankia vulneró la libre competencia”. Finalizando su valoración, afirmando que el precio de 3,75 euros por acción, quebró BFA.

Hoy, los contribuyentes españoles, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Bancario) somos los propietarios del 100% de BFA (Banco Financiero y de Ahorros), así como del 62% de Bankia, vía BFA, y hemos leído en prensa de que tanto el FROB, como la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), el propio Banco de España y, por supuesto, el actual equipo directivo de Bankia, afirman que las cuentas con que el banco nacionalizado salió a Bolsa en julio de 2011 eran correctas, arremetiendo contra las peritos independientes.

Es evidente que este posicionamiento busca, exclusivamente, parar, en lo posible, las demandas por indemnizaciones de esa OPV, pero el argumento se cae por su propio peso, pues si las cuentas que aparecieron en el folleto de esa emisión eran correctas, ¿el deterioro que devino desde julio de 2011, a mayo de 2012, para tener que inyectar 22.400 millones de euros se generó en esos diez meses en concreto?, ¿el mismo equipo gestor que solicitó la nacionalización y el alto flujo de fondos públicos inyectados, considera que las cuentas de la OPV, diez meses antes, eran correctas?, ¿por qué se diluyeron, hasta extinguirse, los 3.092 millones de euros captados en la OPV?, demasiadas preguntas sin respuesta, aunque cualquier ciudadano español de a pie tiene certezas sobre ellas.

Puede ser comprensible que tanto el FROB, como la CNMV, como el Banco de España e, incluso, el actual equipo directivo de Bankia quieran minimizar, en lo posible, el importe de las indemnizaciones a pagar por la OPV, que al final aportará el sufrido contribuyente español, pero ¿acaso quienes reclaman en base a sus legítimos derechos por haber perdido miles de millones de euros en esa entidad no son también españoles que se merecen que se vele por ellos?.

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Lo acontecido con Bankia, consecuencia de la politización de las cajas de ahorro que la dieron lugar, ha supuesto un “caso catastrófico” que será estudiado durante años en las escuelas de negocios, sus víctimas son miles de personas, entre accionistas fallidos, preferentistas, empleados que han visto desaparecer sus puestos de trabajo y exempleados con quienes no se ha cumplido en cuanto a los abonos comprometidos, asumidos en sus despidos con intervención directa de los sindicatos mayoritarios.

El posicionamiento tomado por el FROB, la CNMV y el Banco de España, contra el informe de los peritos independientes, ha sobrepasado la raya de lo que una autoridad supervisora debe hacer, de alguna manera se han constituido en juez y parte, pero a pesar de todo, de forma idealista, seguimos confiando en la Justicia y esperamos que el juez Andreu siga avanzando en su causa instructora y que los responsables de tanto dolor como el que ha generado Bankia lleguen a purgar las correspondientes penas por ello.

Mario Martín Lucas (@Mario_cjMadrid) es socio de infoLibre