Violencia machista: suben las denuncias pero bajan las órdenes de protección

Tras cinco años de descensos en el número de mujeres que denunciaron a sus supuestos agresores, esta cifra aumentó en 2014 un 1,5% respecto al año anterior. Fueron, en total, 126.742, según datos presentados este viernes [ver informe completo, aquí] por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. De las 45 mujeres asesinadas el año pasado sólo 14 (un 31%) habían denunciado.

Pero el dato del año pasado sigue estando lejos del de 2008, cuando se presentaron 142.125 denuncias aunque es cierto que, en este tiempo, también ha disminuido el número de mujeres asesinadas. Precisamente fue 2008 el año en el que más asesinatos machistas se produjeron desde que hay estadísticas (76) frente a los 45 de 2014. En cualquier caso, las estadísticas siguen arrojando cifras dramáticas, pues desde 2006 un total de 557 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España.

El 70,5% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 15% resultado de la intervención directa de la Policía y casi un 12% de partes de lesiones. Sólo en el 1,5% de los casos fueron los familiares de la mujer agredida quienes denunciaron, mientras que las denuncias registradas a raíz de la intervención de los servicios asistenciales fueron también del 1,5%.

Órdenes de protección 

Por otro lado, las cifras muestran un creciente rechazo de los jueces a aceptar las medidas de protección que reclaman las víctimas de violencia de género. Según los últimos datos, los órganos judiciales desestimaron el 44,2% de las solicitudes (se reclamaron 33.617). En 2004 las rechazadas fueron el 22,2% (se pidieron 36.807). Desde entonces hay una tendencia al alza en el número de peticiones rechazadas que tampoco se rompe este año. 

La ley Integral de Violencia de Género alude de forma expresa a la orden de protección y señala que el juez que reciba la solicitud tiene que decidir si la estima en un plazo de 72 horas tras una audiencia urgente de la víctima, el supuesto agresor y el Ministerio Fiscal. Se trata de que pueda adoptar, desde el inicio de la instrucción, las medidas que considere necesarias para la protección de la víctima. Estas medidas van desde la protección física a la regulación provisional de aspectos de índole civil como el alejamiento inmediato del supuesto agresor, que ha de salir de la casa compartida, la concesión de la custodia de los hijos o el establecimiento de una pensión de alimentos. Además, establece que todas las mujeres que han sido agredidas por su pareja tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, y encarga a las comunidades y a los Ayuntamientos la organización de estos servicios.

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Renuncias al proceso 

Asimismo, otra de las cifras preocupantes que aporta la estadística del Consejo General del Poder Judicial es que las víctimas renuncian cada vez más a continuar con los procesos judiciales, pues en los últimos seis años ha crecido la proporción de las denuncias retiradas. De las 126.742 mujeres que interpusieron alguna demanda por violencia machista, el 12,4% renunciaron a continuar con el proceso cuando estaba en fase de instrucción. En números absolutos fueron 15.721. En 2008 fueron el 11,3% las denuncias retiradas. Por otro lado, un 31% de las mujeres que denunciaron por violencia de género en 2014 eran extranjeras, aunque supusieron el 38% de las renuncias a continuar el proceso judicial.

Los patrones que reproducen conductas machistas también se reproducen en las generaciones más jóvenes. El año pasado hubo 150 menores enjuiciados y se impusieron medidas en el 87% de los casos. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Complutense en noviembre de 2013 recogía que el 10,5% de las chicas de 14 a 19 años reconocen haber sido maltratadas por sus novios, frente al 9,6% registrado por el mismo estudio en 2010.