El mandato que le espera a Díaz

El nuevo arco político surgido en Andalucía tras el 22-M dibuja un primer escenario más cerca del purgatorio que del infierno que pronosticaban las encuestas a Susana Díaz, empezando porque su victoria y la aritmética no le obliga a reeditar un pacto como el que el sostuvo al Gobierno la pasada legislatura. Lo ha venido diciendo desde que rompió con la formación liderada por Antonio Maíllo y lo ha repetido insistentemente durante toda la campaña: quiere un Ejecutivo en solitario, sin ningún pacto que la frene y la ate de pies y manos. “Sola, haré muchas más cosas por los andaluces”, alegó para convocar los comicios. Los 47 escaños alcanzados por los socialistas, sumados al descalabro del PP y a la atemperada irrupción de Podemos, pueden permitir a la presidenta emprender una legislatura con un cierto respiro. Aunque, en el mejor de los casos, tampoco será un camino de rosas.

El primer bache que tendrá que saltar será la sesión de investidura, que depende sobre todo de que PP y Podemos, que suman 48 diputados –uno más que el PSOE–, no voten en contra. En ese caso, necesitaría el apoyo de Ciudadanos, que ya ha dicho que no lo hará si Díaz no hace nada por expulsar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, citados a declarar como imputados en el caso de los ERE por el Supremo. Antes de las elecciones, Mariano Rajoy aseguró que no se opondría. El día después, el PP parece haber cambiado de opinión y se inclina ahora por oponerse. Podemos, hasta el momento, no se ha manifestado claramente en contra. Y en IU guardan silencio. Lo que sí es prácticamente seguro es que la investidura tendrá que esperar a una segunda vuelta con abstenciones. Un rechazo en bloque que condujera a repetir las elecciones podría beneficiar más a Díaz.

La china que no podrá evitar quitarse del zapato –y no será pequeña– serán probablemente las comisiones de investigación por corrupción y otras iniciativas como auditorías de las cuentas públicas, que pide Podemos. Según han ido avanzando por separado a lo largo de toda la campaña, es más que probable que todos los partidos de la oposición –y con el mismo grado de contundencia– unan ahora sus escaños para pedir explicaciones sobre los escándalos que azotan a la comunidad, que no es sólo el caso ERE.

Una de las causas de la ruptura

A la lista se suman el fraude en los cursos de formación, la malversación de caudales en la empresa pública Invercaria o el uso inadecuado de la ayudas a UGT. Los numerosos intentos del PP por someter todos estos casos a una comisión de investigación siempre chocaron con la mayoría que conformaban PSOE e IU. La única que se celebró fue la de los ERE, en 2012, que fue una de las condiciones que IU impuso para entrar en el Gobierno.

Desde entonces y hasta la asamblea celebrada el pasado diciembre, Izquierda Unida siempre se puso del lado del PSOE. El deterioro de las relaciones entre los ya exsocios y las críticas que le empezaban a llover a IU, confluyeron en el el acuerdo de Alberto Garzón y Antonio Maíllo de pedir una comisión no sobre un caso en concreto, sino sobre la corrupción en general, incluido Gürtel. IU, de hecho, achaca la ruptura por parte de Díaz a ello. Pero desde el PSOE interpretan que era la manera que IU tenía de tirar la piedra y esconder la mano para hacer frente a las críticas, puesto que el PP nunca iba a dar su visto bueno a una comisión así.

De momento, el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, ya comenzó este lunes por pedirle a la dirigente socialista que deje sin escaños en el Congreso y el Senado a Chaves y Griñán, como se comprometió el pasado noviembre antes de que el Supremo los llamara a declarar como imputados. La situación se complicará para Díaz en el caso de que el Supremo, el próximo abril, les impute algún delito y no mueva ficha para cumplir lo que prometió. De lo que sí se ha cuidado mucho la presidenta –ahora en funciones– es de no llevar ni un solo imputado en sus listas, a diferencia del PP, cuyo número dos por Cádiz se sentará en el Parlamento andaluz acusado de prevaricación por el rescate de la concesión del servicio de transporte urbano. Juanma Moreno Bonilla, que lanzó la propuesta de acabar con el aforamiento de los diputados andaluces, no considera este caso como corrupción, sino una causa administrativa.

Arrimar el hombro

Será en la aprobación de leyes fundamentales como el presupuesto en lo que el PSOE se tendrá que emplear a fondo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos, el partido que ha conseguido las llaves del nuevo mapa político frente a las previsiones de las encuestas, que daban ese lugar a Podemos. Esta circunstancia, en principio, allana el camino de Díaz a la hora de gobernar tras su insistente rechazo a posibles pactos con el partido liderado por Pablo Iglesias, a quien le podría pesar de cara a las generales aliarse con quien considera una de las bestias negras del bipartidismo.

El candidato electo de Ciudadanos, Juan Marín, ya gobierna en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con los socialistas. “Si los partidos volvemos al sectarismo esto puede ser un desastre. Pero si somos responsables y no entendemos a los diputados de PP, PSOE y Podemos como enemigos sino como compatriotas, será una gran oportunidad”, dijo este lunes Rivera sobre la responsabilidad de la oposición en la estabilidad de un arco parlamentario tan variado. Arrimar el hombro, es lo que Díaz ha pedido también este mismo lunes a los partidos para dar estabilidad y confianza a los andaluces.

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En cualquier caso, teniendo que dar sólo cuentas a IU, la pasada legislatura ya fue bastante lenta en la aprobación de leyes suscritas en el pacto de Gobierno. De las 28 previstas sólo se aprobaron dos: la de transparencia, que aún no ha entrado en funcionamiento por la moratoria establecida, y la de transexualidad. La ley de banca pública, una de las más defendidas por IU y puesta como condición, además, para no romper el pacto, no vio la luz. Y la ley antidesahucios, que fue la norma estrella del Gobierno PSOE-IU, está recurrida por Rajoy en el Constitucional y paralizada en sus principales puntos, como las expropiaciones temporales a los bancos en caso de desahucios.

Gobernar por decreto daría mucha más agilidad a las intenciones de Díaz y, de hecho, esta fórmula defendida por el Ejecutivo por la urgencia con la que hay que resolver, por ejemplo, las cifras del paro, ha superado a la aprobación de leyes en los últimos tres años. Antes contaba con la mayoría socialista y de Izquierda Unida. Ahora, cuando esos decretos lleguen al Parlamento sólo tendrán seguros los apoyos de los 47 diputados socialistas frente a los 62 restantes. Lo que sí puede jugar a favor de Díaz es si se produce un bloqueo sistemático de la oposición, que puede traer al presente la época de la pinza.

De momento, la principal ley, que son las cuentas autonómicas, ya están aprobadas para 2015 y no habrá de sacar adelante las siguientes hasta finales de año, cuando ya se hayan celebrado todas las demás elecciones, incluidas las generales si Rajoy las convoca en la fecha prevista. Estos primeros meses hasta noviembre –con verano incluido– darán por tanto un tiempo razonable a los partidos que miran especialmente a esas citas, como Ciudadanos y Podemos, para hacerse una mejor idea de cuál tendría que ser su modelo de oposición en Andalucía.