Podemos pide a Díaz ahorrar 23 millones en altos cargos para negociar su investidura

23,3 millones de euros. Esa es la cifra que Podemos asegura que ahorraría la Junta de Andalucía si se aplicasen las tres medidas que incluye el documento que este jueves hizo llegar al PSOE andaluz, un escrito en el que el partido desarrolla las condiciones que su líder regional, Teresa Rodríguez, pone a la candidata socialista Susana Díaz para apoyar su investidura como presidenta autonómica.

Las elecciones del pasado 22 de marzo dieron a Díaz una clara victoria sobre sus rivales, pero, al no haber conseguido la mayoría absoluta, los socialistas se están viendo obligados a negociar con las otras cuatro fuerzas políticas –PP, Podemos, Ciudadanos e IU– que consiguieron representación parlamentaria para que la presidenta de la Junta revalide su cargo. Y, a pesar de que durante las últimas semanas su posición ha sufrido algunos vaivenes, el partido liderado por Pablo Iglesias ha planteado tres condiciones irrenunciables a Díaz para facilitar su investidura: evitar contratar con bancos que ejecuten desahucios, reducir el número de altos cargos en la Administración para aumentar el personal en Sanidad y Educación y llegar a un acuerdo anticorrupción, lo que incluye que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejen sus escaños en el Congreso y el Senado, respectivamente.

Precisamente esos son los requisitos que detalla Podemos en el documento que hizo llegar a los socialistas. La única que implica ahorro monetario es la que plantea reducir los altos cargos y el personal eventual en la Junta: en este sentido, el partido propone que los únicos altos cargos que existan en las consejerías andaluzas sean el consejero y el viceconsejero (22 frente a los 174 actuales, lo que supondría según sus cifras 8,5 millones de euros de ahorro), y en la misma línea plantea eliminar estos cargos en órganos de asesoramiento como el Consejo Audiovisual, el Consejo Consultivo o el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos, lo que conllevaría ahorrar 319.649 euros.

Reinvertir el dinero en Sanidad y Educación

"Entendemos que dentro de la Función Pública Andaluza contamos con profesionales de sobrada capacidad para trabajar al frente de los equipos administrativos desarrollando los objetivos políticos fijados por los titulares de las diferentes consejerías", argumenta Podemos, que también plantea reducir el número de altos cargos en "las agencias administrativas y de régimen especial", lo que conllevaría un ahorro de 1.215.205 euros. En la partida para personal eventual, Podemos es más tajante: plantea "prescindir" del mismo tanto en las consejerías, como en las agencias y entes de la Administración, lo que se concretaría, según sus cifras, en un ahorro de 4,5 millones de euros.

Eso haría un total de 14,6 millones de euros. En cuanto a la "Administración instrumental" –"entes adscritos" a la Junta, como fundaciones o sociedades mercantiles con participación de la comunidad–, los datos son más inconcretos, precisamente porque la información sobre el número de altos cargos no es pública. No obstante, Podemos estima que limitando este tipo de puestos en este sector se ahorrarían otros 8,7 millones de euros; para realizar el cálculo, el partido toma como referencia que el 10% de todo el personal con el que cuenten los entes adscritos a la Junta sea de carácter "político", un porcentaje similar al que existe entre la plantilla de la Administración.

Con el ahorro previsto, Podemos asegura que podría aumentarse "en el ámbito educativo hasta 892 plazas de profesores en primaria o 790 en secundaria", de los 1.100 docentes de colegios y 4.502 de institutos que han sido despedidos "en los útlimos años". En la Sanidad, estos 23,3 millones podrían servir para cubrir "660 plazas de médicos pediatras, 541 plazas de médicos de familia, 931 enfermeros o 1.298 auxiliares de enfermería", si bien el cálculo que recoge el documento es que se han destruido 978 puestos de médicos y 1.409 de enfermeros.

Revisar los convenios con los bancos

De la misma forma, Podemos incluye dentro de su documento una lista con todas las entidades bancarias con las que la Junta de Andalucía tiene un convenio como "entidades de crédito colaboradoras" –un total de 27– y en las que, además, posee cuentas bancarias. El partido exige que los bancos que suscriban acuerdos con la Administración autonómica o sus entidades dependientes tengan que "demostrar sus buenas prácticas anteriores y su compromiso de cumplimiento a futuro" con respecto al cese de los desahucios de familias que no cuenten con alternativa habitacional, ya que estas acciones violarían de manera "flagrante" varios convenios internacionales, entre ellos la Declaración universal de derechos humanos.

En este sentido, el proceder sería el siguiente: en el caso de los convenios vencidos, su renovación se vería condicionada a que el banco en cuestión cumpliese estos requisitos, mientras que para los que estén en vigor "se iniciará de inmediato un procedimiento de revisión [...] para verificar el cumplimiento de dichas condiciones". Y, si las entidades se niegan, Podemos exige que la Junta lo haga público y que el convenio quede reducido "al mínimo legalmente exigible, vaciando al máximo las cuentas que en esas entidades tuviese abiertas la Junta de Andalucía".

En cuanto a su tercera condición, Podemos es claro: "el PSOE tiene que exigir la dimisión de Chaves y Griñán" por su "responsabilidad política" en el caso ERE y en la trama de los cursos de formación. No obstante, el partido de Iglesias también plantea que estas dimisiones sean tan sólo la punta de lanza de "un acuerdo político más amplio que añadiría a esta responsabilidad política una ampliación de la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos en los casos de apropiación indebida que hayan beneficiado a los mismos".

Los partidos tienen responsabilidad penal en los casos de corrupción desde el año 2012, pero la aplicación de la ley provoca que esa norma no sea aplicable a casos como el de los ERE, el de los cursos de formación o Gürtel, ya que cuando fueron presuntamente cometidos los delitos la legislación en ese sentido no estaba en vigor. Por ello, Podemos exige "colaboración activa real" de los partidos que se hayan beneficiado de dirigentes que han sustraído dinero de las arcas públicas a la hora de devolverlo, "con independencia del año" en el que ocurriese este robo. No obstante, no ofrece más detalles sobre el método concreto y sólo señala que "dicha restitución se realizará por cualesquiera de los medios legalmente disponibles".

Microcréditos para la campaña de mayo

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Por otra parte, Podemos anunció una campaña para financiar a través de préstamos de ciudadanos a pequeña escala las campañas electorales de cara a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. La cantidad total que solicita el partido en esta campaña casi alcanza los 500.000 euros, distribuidos entre las trece autonomías en las que se celebran comicios en 2015. Las comunidades que requieren una mayor recaudación son la Comunidad de Madrid, donde se ha fijado el objetivo en 162.000 euros, y la Comunidad Valenciana, donde asciende a 150.000.

Les siguen, aunque de lejos, todas las demás regiones: en las Islas Canarias la formación pretende llegar a los 55.000 euros; en Navarra a los 42.500 euros; en Asturias, a los 35.000 euros, y en Murcia a los 32.500 euros. Menos de 30.000 euros quieren obtener para costear las campañas en Aragón –piden 22.500 euros–, Islas Baleares y Castilla y León –para las que pretenden alcanzar los 25.000 euros–. Para Extremadura, Podemos se ha marcado como objetivo recaudar 20.000 euros y para Castilla-La Mancha 16.500 euros. Las comunidades autónomas que a juicio de Podemos requieren de una menor suscripción de microcréditos son La Rioja y Cantabria, para las que pide 15.000 y 12.500 euros respectivamente.

No es la primera vez que Podemos utiliza este modelo de financiación, ya que a través de microcréditos también costeó la campaña electoral andaluza, en la que sus simpatizantes aportaron los 400.000 euros que costó. La campaña, además, se suma a las colaboraciones económicas habituales que recibe la formación por parte de algunos simpatizantes, así como a las distintas campañas de crowdfunding que plantea puntualmente para acciones concretas. La última de ellas, no obstante, no ha cumplido su objetivo: de los 50.000 euros que pidió para poder hacer sus propias encuestas electorales, no recaudó ni la mitad.