La guerra entre los registradores por la informatización del Registro Civil llega a los tribunales

La guerra entre los registradores a cuenta de la asunción del Registro Civil se reanuda, si es que en algún momento llegó a firmarse la paz. Un registrador, a la cabeza de un grupo de 25 de estos profesionales, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el que impugna los presupuestos de su propio colegio profesional para este año. Esas cuentas incluyen una partida de 18,6 millones de euros para la implantación del sistema informático con el que se gestionará el Registro Civil a partir del 15 de julio, en teoría la fecha en que está previsto que los registradores mercantiles se hagan cargo de los trámites. El recurrente considera que el Colegio de Registradores está “distrayendo dinero de todos los colegiados”, procedentes de sus fondos de tesorería, “en beneficio de un tercero”, el Ministerio de Justicia, que será el propietario del nuevo sistema informático.

El TSJM, que ha admitido a trámite el recurso, dilucida en estos momentos si concede al recurrente las medidas cautelares que ha solicitado: suspender de forma inmediata la ejecución de los presupuestos; por tanto, también de los contratos que se han firmado al amparo de esa partida de 18,6 millones de euros. Porque el Colegio de Registradores ya ha subcontratado a Indra, Telefónica, Accenture y PricewaterhouseCoopers, entre otras empresas, para que desarrollen la nueva plataforma informática. El Servicio de Sistemas de Información (SSI) del colegio ha dividido esa plataforma en unidades de trabajo. Cada una de ellas se ha sacado a concurso y se están adjudicando a distintas compañías.

Se da la circunstancia de que Indra y Telefónica son las dos empresas a las que el Ministerio de Defensa –por encargo del de Justicia– adjudicó el pasado mes de octubre el diseño de ese sistema informático, en un polémico concurso que quedó sin efecto nada más dimitir Alberto Ruiz-Gallardón y abandonar su sucesor, Rafael Catalá, el diseño inicial de la reforma de los registros impulsado por el primero.

infoLibre se ha puesto en contacto con el Colegio de Registradores, que ha declinado hacer ningún tipo de comentario sobre este asunto.

“Una donación al ministerio sin contrapartida”

En concreto, el presupuesto de 2015 del Colegio de Registradores destina casi 12 millones de euros al desarrollo del sistema informático y otros seis millones al alquiler y habilitación de las nuevas oficinas donde los registradores tendrán que gestionar los trámites del Registro Civil. La labor de búsqueda y adaptación de los locales se ha encargado a una empresa especializada, Project Management.

La partida, “aplicación extraordinaria de fondos de tesorería para el año de implantación del Registro Civil”, incluye 900.000 euros en sueldos de personal y 200.000 euros más para los seguros sociales de esos trabajadores. Para 2016, aseguran las fuentes consultadas, están previstos otros seis millones de euros para continuar con los desarrollos informáticos.

Los fondos de tesorería proceden de las cuotas que pagan los registradores al colegio. Su fin es hacer frente a la responsabilidad civil de los registradores en el ejercicio de sus funciones, así como, por ejemplo, ayudar a la informatización de los registros más pequeños. Sin embargo, “sacando dinero de todos los colegiados”, de los fondos de tesorería, los está “distrayendo de la función propia del colegio: proteger la actividad de los registradores”, explica Juan José Ortín, registrador de Granollers a la cabeza del recurso y de quienes no quieren asumir el Registro Civil de ninguna de las maneras, “ni gratuito ni con financiación”. Según destaca, al asumirlo y financiarlo –pagando la plataforma informática–, el colegio está haciendo “una donación al Ministerio de Justicia, y sin contrapartida”.

Reforma frustrada, negociación opaca, rechazo social y político

Tras dimitir Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá deshizo la reforma de los registros preparada por su antecesor. El Consejo de Estado destrozó con un dictamen muy duro el decreto con el que Ruiz-Gallardón pretendía crear una suerte de colegio de registradores paralelo. El nuevo ministro también cambió el equipo que hasta entonces había liderado la reforma en la Dirección General de los Registros y el Notariado, integrado por registradores pero muy criticado por estos por su proximidad al hermano de Mariano Rajoy –registrador como él– y a la asociación profesional conservadora Arbo.

A continuación, el ministro y el colegio oficial crearon una comisión mixta que desde entonces está negociando cómo van a asumir los registradores el Registro Civil. La tempestad parecía haber amainado. Pero no fue así. Parte de los registradores desconfían de los responsables del colegio, a quienes reprochan la opacidad de las conversaciones que mantiene con Justicia. El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de reforma del Registro Civil se ha ampliado al próximo día 21.

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Hasta el momento se conocen las propuestas que el Colegio de Registradores ha hecho al Ministerio de Justicia, entre ellas, cobrar a los usuarios por trámites que hasta ahora son gratuitos: libros de familia en formato electrónico, inscribir y revocar poderes, consignar la vecindad civil en los nacimientos, incluir el domicilio registral y la dirección para recibir notificaciones o citaciones en procedimientos judiciales, inscribir actos de última voluntad y contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.

Mientras, el ministro Catalá no deja de repetir en todas sus declaraciones públicas que el Registro Civil seguirá siendo “gratuito” y “público”. No le creen, sin embargo, ni los funcionarios de Justicia, ni los secretarios judiciales, ni los mismos registradores, ni los jueces. Todos ellos están movilizados contra los cambios que impulsa el Gobierno. El pasado sábado miles de personas procedentes de toda España se manifestaron en Madrid en contra de la privatización del Registro Civil, incluidos algunos registradores.

Tampoco los partidos políticos respaldan la iniciativa de Justicia. Desde el PSOE hasta Ciudadanos y Podemos, pasando por UPyD, Izquierda Unida y los nacionalistas CiU y PNV, han expresado ya su rechazo a los cambios en el Registro Civil que está preparando el Gobierno.