Gaspar Zarrías se escuda en el interventor para no asumir responsabilidad en el ‘caso ERE’

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y diputado socialista en el Congreso Gaspar Zarrías declaró este jueves durante más de tres horas en el Tribunal Supremo que las propuestas de modificación presupuestaria elevadas al Gobierno andaluz desde la Comisión de Viceconsejeros que él presidía, los denominados consejillos, tuvieron siempre el visto bueno de la Intervención General de la Junta.

A su salida, Zarrías especificó a los medios de comunicación: "Ha quedado claro que la comisión general de Viceconsejeros, que yo presidía, y que no tenía poderes decisorios, simplemente elevaba al Consejo de Gobierno las decisiones. Siempre, en todo momento, y en cualquier circunstancia, elevó asuntos plenamente afectados por la legalidad".

De esta forma Zarrías establece un cortafuegos de responsabilidad para los consejeros y presidentes de la Junta de Andalucía imputados en el Tribunal Supremo, al asegurar: "En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca, y por lo tanto, perfectamente ajustado a derecho".

Para el interrogatorio, el instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha contado con el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Zarrías y la senadora Mar Moreno, la única que queda por declarar, y en el que los agentes concluyen que este presidió hasta 12 sesiones la Comisión de Viceconsejeros, en las que se trataron acuerdos relacionados con estas ayudas sociolaborales.

Zarrías resaltó en su declaración que esos consejillos no son órganos de decisión política sino administrativa, por lo que en sus actas no se fija ninguna referencia a las "transferencias de financiación", que fueron el instrumento presupuestario utilizado para tramitar las ayudas y que están sometidos a menores controles que los normales.

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Ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso, Zarrías insistió en que carece de responsabilidad respecto a las acusaciones planteadas por la juez Mercedes Alaya, declarando en la misma línea que han venido haciéndolo el resto de aforados, como los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción recurrió este jueves ante la Audiencia Provincial de Sevilla la nueva negativa de la juez Mercedes Alaya a dividir en piezas separadas el caso ERE y reiteró su advertencia de que el no hacerlo podría llevar a la prescripción de algunos de los hechos investigados, señalando que las distintas líneas de investigación abiertas han dado lugar a "una macrocausa de extensión temporal subjetiva y material prácticamente inabarcable".

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público señala que, "en el orden práctico, no proceder a la división de la causa en piezas tal como solicitamos se traduce en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas que han sido propuestas", lo que "supone una instrucción sine die", y también se traduce en "admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos".