Hacienda denuncia ante la Fiscalía el pago de 110 millones en comisiones en la autorización de parques eólicos

La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto pago de comisiones por importe de 110 millones de euros para facilitar la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que vincularía con esta práctica a altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo, según ha publicado este lunes el diario El País.

Entre los involucrados por la autorización de los parques eólicos, el informe de Hacienda -de 94 folios y fechado el pasado 30 de diciembre–, cita a "autoridades públicas de Castilla y León", a "empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques", a "los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas" y a "las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones".

El doumento detalla "siete operaciones en las que las eléctricas pagan a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta", detala el diario. 

La Junta de Castilla y León defiende la legalidad de las autorizaciones 

El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha asegurado este lunes que las autorizaciones sobre los parques eólicos que investiga la Agencia Tributaria "se ajustan a la legalidad", según un primer análisis de los expedientes realizados por técnicos de su departamento. Villanueva se ha referido así a una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la Agencia Tributaria,

Los expedientes a los que se refiere Hacienda en los informes son los de 35 parques autorizados entre 2004 y 2007 y entre las personas que pudieron haberse beneficiado de esta situación estarían el que fuera viceconsejero y secretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado y el exconsejero delegado de la empresa pública Excal –dedicada a impulsar las exportaciones– Alberto Esgueva, propietario de algunas empresas beneficiadas.

El titular de Economía y Empleo, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha asegurado que la Junta no ha tenido acceso a la denuncia, pero se ha puesto a disposición tanto de la Agencia Tributaria como de la Fiscalía o, si fuera necesario, del juzgado que corresponda, para poner a su disposición los expedientes administrativos a los que se hace alusión, ya que por el momento no se han solicitado a la Junta.

Villanueva ha explicado que tras conocer la información se ha dado instrucciones a los servicios técnicos, que han revisado los expedientes para conocer su situación y se estudia la posibilidad de extender este análisis y control a todos los referidos a energía eólica tramitados por la Junta. De este primer análisis, ha explicado, los técnicos han trasladado que la tramitación administrativa ha sido "correcta", "ajustada a la legalidad", "a derecho" y se han cumplido los plazos.

Procedimiento reglado

El procedimiento administrativo, según el consejero, es el que la Comisión Nacional de la Energía informó que se debe seguir en estos casos, que es "largo, complejo, complicado", está regulado por decreto y se inicia con la solicitud de los promotores para la ubicación en un lugar concreto de un parque eólico.

A este respecto, ha incidido en que la Administración, una vez que ha dado la autorización, no tiene participación ni relación alguna con esas operaciones, que es una cuestión que corresponde a empresas o particulares, y ha reiterado que la Junta, sus servicios técnicos y territoriales que tramitan estas autorizaciones lo han hecho corrección y transparencia.

El consejero ha incidido en que si alguna empresa se dirige a la Administración para hacer una solicitud se aplica la norma y se resuelve la autorización, lo que además conlleva una parte de tramitación medioambiental, ya que se requiere un informe sobre su impacto y, de ser negativa esta evaluación, no se podría autorizar.

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A este respecto, ha asegurado que la Consejería nunca ha tenido una queja por el posible beneficio a empresas e incluso los empresarios han trasladado que se trataba de un procedimiento muy "transparente". Además, ha incidido en que nunca se han producido impugnaciones nada más que de tipo ambiental por parte de asociaciones ecologistas, todo ello a pesar de que el Boletín Oficial de Castilla y León publica hasta tres o cuatro veces el procedimiento que sigue cada autorización.

En cuanto a la figura de Rafael Delgado, el consejero ha recordado que trabajó con él muchos años y ha afirmado que es una persona "muy preparada, al tiempo que ha pedido respeto para las personas, a las que cree que no se puede "enjuiciar" antes. Por lo que se refiere a Esgueva, Tomás Villanueva ha aclarado que no se entra a conocer quiénes son los socios de las empresas que realizan las solicitudes, que además se registran en los servicios territoriales.

En este sentido, Villanueva ha aseverado que si hubiera tenido conocimiento de algún tipo de irregularidad, que no le consta, se hubieran tomado medidas.