Ciudadanos admite que su propuesta de subir el IVA de la cesta de la compra no aumentaría la recaudación

Ciudadanos pretende subir el IVA de la mayoría de productos y servicios básicos (los imprescindibles como el pan, la leche o los medicamentos, pero también otros como el transporte de viajeros, las gafas o las compresas y tampones) y bajar el de suministros como la electricidad, la telefonía y también de los comésticos, las peluquerías o las funerarias. El partido de Albert Rivera concretó este martes los términos de su reforma fiscal, que incluye que todos los productos o servicios que hasta ahora estaban gravados con un tipo superreducido (4%) pasen a uno nuevo del 7% y los que estaban en los antiguos reducido (10%) y general (21%) pasen al 18%. La formación no apuesta por cambiar algunos productos o servicios de un grupo como hizo Rajoy en 2012 con la única excepción de la hostelería, cuyo IVA bajaría del 10 al 7% para hacer a este sector más competitivo frente al mercado internacional. 

Esta medida, según los expertos economistas y fiscalistas consultados por infoLibre, supondría un "fuerte" encarecimiento de la cesta de compra. Y tendría un mayor impacto en las familias con rentas más bajas en situación de desempleo, que no verían compensado ese esfuerzo, pues el partido prevé ayudas en forma de complemento salarial a cuenta del Estado para los trabajadores con sueldos más bajos pero no para las personas que están en el paro. Además, en el documento elaborado por el economista Luis Garicano y el inspector de Hacienda Francisco de la Torre, el partido admite que con esta medida se conseguiría "una recaudación [por IVA] similar a la actual". Es decir, no habría un aumento de la recaudación, que actualmente está en el 1,5% del PIB. En la presentación, Rivera dijo que el objetivo de esta medida es "incentivar el consumo de los ciudadanos y aumentar su renta disponible". 

Ciudadanos también concretó este martes en qué consiste su propuesta de reducir los tipos y tramos del IRPF y garantizar un "complemento salarial anual garantizado" para quienes tengan salarios bajos o empleos precarios y al que podrían acceder unos cinco millones de hogares. En cuanto a los tramos se reducirían desde los cinco actuales a tres: 18% (hasta 22.500 euros de sueldo), 28% (entre 22.500 y 52.500 euros) y 42%. El partido defiende que "simplicar el sistema supone aumentar la seguridad jurídica" pero obvia que la reducción de tramos implica menos progresividad y tampoco recalca que la propuesta incluye también rebajar el tramo máximo –el de las rentas de más de 300.000 euros– del actual 47% hasta el 42%.

El seguro frente al empleo precario que propone Ciudadanos también prevé un sistema de tramos que dependen de la situación familiar y del nivel de la renta. Por ejemplo, una pareja con dos hijos que declaren de forma conjunta una renta de hasta 14.000 euros al año seguiría exenta de pagar impuestos (como ahora) pero recibiría un complemento de 5.000 euros. Es decir, su renta aumentaría un 35,71%. Ciudadanos también prevé complementos para los pensionistas con rentas más bajas que serían en forma de deducción de hasta 500 euros en la cuota estatal. Por otro lado, el planteamiento con respecto al impuesto sobre la renta de las personas físicas prevé también la eliminación de las reducciones por rendimientos del trabajo, que suelen ser de alrededor de 2.000 euros. Y sí se dejarían intactos los mínimos personales y familiares.

Todas estas medidas tendrían un coste de 12.592 millones de euros, cifra que, según el partido, podría reducirse a 7.732 millones como consecuencia del efecto sobre la renta declarada del cambio en los tipos marginales de IRPF. Y, ¿cómo pagarlo? La formación no da muchos detalles y asegura que se financiaría "íntegramente a través de la eliminación de deducciones en sociedades, la simplificación de la administración y una decidida inversión en la lucha contra el fraude".

Coto a los beneficios fiscales de las empresas 

En el impuesto de sociedades, Ciudadanos destaca su voluntad de crear un tipo único del 20% frente al actual, que está en el 30% pero que, debido a los numerosos beneficios fiscales, suele quedarse para la mayoría de las compañías en el 18,7%. Una cifra que es todavía inferior en el caso de las grandes empresas que, en 2012 tributaron al 5,3%. Por eso, el partido de Albert Rivera defiende que reformar este impuesto es "imprescindible". Este tipo del 20% sería único y también afectaría a las pymes, que en la actualidad tributan al 16%. El partido defiende que "los tipos reducidos para pymes desincentivan el crecimiento empresarial". 

En este capítulo, la formación apuesta de forma decidida por acabar con "la práctica totalidad de los beneficios fiscales" que tienen las empresas y que suponen dejar de ingresar unos 3.300 millones de euros cada año. A saber: la deducibilidad de los gastos financieros "en la medida que financien activos que generen ingresos exentos", la deducción del gasto en I+D porque su eficiencia "no parece justificar su coste" y la deducción de intereses de la deuda por encima de un millón de euros, aunque esta última medida se haría de forma progresiva. La reforma de este impuesto generaría una recaudación de 4.534 millones de euros. 

Por otro lado, la formación de Rivera también propone reformas en los impuestos de sucesiones y patrimonio. Apuesta por la "armonización" y defiende que el objetivo es que "en ninguna región española la clase media tenga que pagar impuesto de sucesiones". Pero para eso, de paso, da un espaldarazo a los grandes patrimonios. Propone incluir la exención de la primera vivienda (sea cual sea su valor), de la empresa familiar y de hasta un millón de euros por hijo en el impuesto de sucesiones. Por encima de ese millón proponen una horquilla de entre el 4 y el 10%. Actualmente en Madrid, por ejemplo, la horquilla está entre el 7,65% y el 34%. En el impuesto de patrimonio, aunque no especifica la cifra, sí propone un tipo "más bajo que ahora" y con un mínimo exento de un millón de euros. El mínimo actual está en 750.000 euros. 

Control del gasto público 

Otra de las patas de la reforma fiscal del partido de Rivera es el control del gasto público con el objetivo de conseguir un ahorro de 5.000 millones de euros. Para ello, la formación propone eliminar las diputaciones, instituciones a las que considera "de dudosa utilidad y que además han sido un nido de corrupción sin control democrático". También apuesta por fusionar los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, que son un total de  6.803 en todo el país, lo que "redundará en una reducción de la corrupción y en una mejora de los servicios ofrecidos" y "permitirá eliminar duplicidades con el consiguiente ahorro". 

Expertos como Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, se han mostrado críticos con el hecho de sustentar un plan de este tipo en un pretendido ahorro que, a su juicio, "sería una gota de agua en el mar del déficit de las administraciones públicas, no de las entidades locales que, salvo algunas excepciones, tienen sus cuentas saneadas", tal y como señaló a infoLibre. De hecho, según datos de la Comisión Europea, las administraciones locales cumplieron sobradamente su objetivo de equilibrio presupuestario en 2013, registrando un superávit equivalente al 0,4 % del PIB. 

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Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de alcaldes y concejales de los pueblos pequeños no reciben remuneración alguna en función de su cargo y que sólo cobran determinadas dietas para desplazamiento u otro tipo de gastos derivados de sus funciones. Sí es incuestionable el ahorro de otra de las propuestas de Ciudadanos respecto a la arquitectura municipal, que consiste en lograr economías de escala que sí son más eficientes haciendo una gestión conjunta de servicios como recogida de residuos, mantenimiento del alumbrado, gestión de recaudación, gestión de multas, gestión de cementerios, limpieza viaria... 

Asimismo, Ciudadanos apuesta por exigir que las personas que se acogieron a la amnistía fiscal del actual Gobierno paguen el 10% de lo amnistiado, como se aprobó inicialmente, en lugar del 3% final. De esta manera se lograría recaudar para las arcas públicas 2.800 millones en 2016, una cantidad a la se sumaría los hasta 20.000 que espera recaudar doblando el número de funcionarios de la Agencia Tributaria y aumentando sus recursos o persiguiendo las facturas falsas. Por último, no habla de eliminar las sicav, aunque sí defiende que estén más controladas.