Tribunal Supremo
La Fiscalía asegura que Pablo Iglesias no cometió ningún delito al registrar el nombre de Podemos
La Fiscalia del Tribunal Supremo considera que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no cometió ningún delito cuando inscribió el nombre de la nueva formación política, según confirmó a infoLibre un portavoz de la Fiscalía General del Estado.
El fiscal rechaza que no se admita a trámite la querella presentada contra Iglesias, en la que también se incluye a la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina BescansaCarolina Bescansa, por un delito contra la propiedad intelectual. La denuncia no fue examinada por un simple fiscal, sino por Antolín Herrero, uno de los representantes del Ministerio Público en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Y en este caso, que fuentes de la propia Fiscalía califican como "un simple caso de propiedad intelectual", el escrito enviado por Antolín Herrero a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza que se admita a trámite la querella presentada el pasado 18 de febrero por el empresario de Cantabria José Jorge González Herrán.
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Este ciudadano, de 63 años, registró el nombre de Podemos! en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo poco después de la irrupción Podemos en las elecciones europeas. La formación de Pablo Iglesias acudió días después, y según el diario ABC el nombre no se pudo inscribir en el apartado de partidos políticos, sino que se vieron obligados a acudir al de "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.
El mencionado rotativo aseguró que el querellante, que es gerente de una asociación de discapacitados, centró su acusación contra Iglesias y Bescansa, las dos personas cuyo nombre aparece en el acta fundacional del Podemos, de haber cometido un delito contra la propiedad intelectual.
"No me gustan"
El Código Penal castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel a la persona que "usurpe" un "signo distintivo" de otra persona. ABC recoge las declaraciones de este empresario en la que llega a reconocer que registró el nombre de "Podemos" porque no le "gustan" las personas de esta formación política.
"No me gusta cómo se financia la Tuerka [la televisión online en la que trabaja Pablo Iglesias], ni que oculten si España va a ser como Venezuela; no me gustan los que van de salvadores de la patria", especificó José Jorge González Herrán al periódico madrileño. El querellante defiende el derecho "exclusivo" a utilizar la marca Podemos durante diez años.
Pero el fiscal Antolín Herrero también ha sido el autor de otro escrito, también dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en el que también pide que no abra un proceso contra Pablo Iglesias tras la querella presentada por el sindicato Manos Limpias por la financiación de la formación política.
Contra Manos Limpias
En la querella se atribuía a Iglesias una decena de delitos por no dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores del programa La Tuerka durante su emisión en Canal 33. Según el blog El Español, el relato de Manos Limpias que se puede leer en la querella "es muy confuso", pues mezcla hechos con sospechas u opiniones y carece de cualquier soporte probatorio.
El blog de El Español, encabezado por el exdirector de El Mundo Pedro J. Ramírez, explica que el dictamen del fiscal Antolín Herrero destaca que la querella "no tiene otro soporte" que las manifestaciones hechas ante notario por uno de los técnicos y por el propietario de Canal 33, Enrique Rioboo. Las fotocopias de tres “supuestas facturas” que reflejan flujos de dinero entre Canal 33, Producciones Con Mano Izquierda y la emisora iraní Hispan TV son ajenas a Iglesias, que no aparece “en ninguno de esos documentos, no pertenece a esas sociedades y, si bien era vocal de PCMI en aquella época, no firma ninguno de los recibos", completa el documento.
Rodríguez Menéndez
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En enero pasado, el Tribunal Supremo ya archivó la primera querella contra Iglesias por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito electoral por falseamiento de cuentas. La querella la interpuso el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez a través del Partido Socialista de Justicia.
La querella imputaba al secretario general de Podemos, así como a Íñigo Errejón y Luis Alegre la recepción de 3,7 millones a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en su mayoría procedentes del Gobierno venezolano, por sus labores de asesoramiento político en 2006 y 2007.
La presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, Gloria Elizo, ha asegurado a infoLibre sentirse satisfecha de que los intentos de "difamación" contra Podemos se vayan resolviendo "uno a uno": "La mejor respuesta sobre la transparencia e integridad de Podemos es que el Tribunal Supremo responda de forma clara y contundente a las querellas, sin que existan dudas sobre la formación política o sobre cualquiera de sus miembros".
