Medio centenar de personas pide la dimisión de León de la Riva

Algo más de medio centenar de personas convocadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid se ha concentrado este lunes ante la puerta principal de los Juzgados de la ciudad antes del comienzo del juicio por presunto delito de desobediencia al alcalde, Francisco Javier León de la Riva, quien ha accedido al interior del edificio por la entrada lateral de la calle Torrecilla unos minutos antes de las 9.30.

Para esa hora, además de los convocados por la Federación Antonio Machado –personada en la causa como acusación particular–, que han reclamado la dimisión del primer edil "por machista y por ladrón", se encontraban también a las puertas un amplio grupo de trabajadores de los medios de comunicación e incluso la jefa de Gabinete del alcalde, la superintendente jefe de la Policía Municipal, Julia González Calleja, y el exsubdelegado del Gobierno e integrante de la candidatura municipal que encabeza el primer edil, José Antonio Martínez Bermejo.

Aunque la convocatoria se planteaba como silenciosa para "evitar altercados que pudieran suponer la suspensión del juicio", algunos de los concentrados han reclamado la dimisión del primer edil. Muchos de ellos portaban pancartas en las que reclamaban "primero Justicia" y el cese de León de la Riva por "machista y prepotente". A pesar de ello, el regidor se presenta como candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad.

El juicio estaba fijado a las 9.30 horas y desde casi una hora antes ha habido presencia policial por la zona al tiempo que se ha instalado un vallado ante la entrada principal del edificio para delimitar el espacio para los ciudadanos que no tuvieran que acceder al mismo y para los trabajadores de los medios de comunicación.

Sobre las 9.15 horas han accedido al edificio buena parte de los concejales del Grupo Popular, así como alguno de los integrantes de la candidatura municipal del PP, como José Antonio Martínez Bermejo. El primer edil finalmente ha accedido a pie por la entrada lateral de la calle Torrecilla, con lo que ha evitado exponerse a la mayoría de los medios y a los ciudadanos concentrados.

La miembro de la Ejecutiva de la Federación vecinal Margarita García ha considerado que les habría "gustado más" que "hubiera algo más de valentía" por parte de una persona como el alcalde que, según ha recordado, "siempre presume" de esa cualidad. La representante ha añadido que "no es un trago agradable para nadie entrar a un juicio de estas características siendo un cargo público".

Un fallo condenatorio conllevaría la inhabilitación

El regidor de Valladolid ocupa el banquillo para responder de un presunto delito de desobediencia relacionado con los retrasos de las obras en el proceso de legalización del edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, donde reside el regidor.

La trascendencia del hecho radica en que del resultado del juicio depende el futuro político del alcalde, toda vez que un fallo condenatorio, que conllevaría inhabilitación, implicaría que León de la Riva, con dos décadas al frente de la Alcaldía de Valladolid, tendría que apartarse de la carrera por revalidar su sexto mandato y obligaría al PP a buscar un 'plan b' de entre el resto de candidatos que componen la lista al Ayuntamiento.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública tipifica los hechos como un delito de desobediencia, del artículo 410.1 del Código Penal, e interesa por ello un año y tres meses de inhabilitación para el cargo de alcalde u otros análogos, el pago de una multa de 3.600 euros y de las costas procesales.

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Delito continuado de desobediencia

Por su parte, la Federación Antonio Machado entiende, a diferencia de la Fiscalía, que la conducta del regidor se enmarca en un delito continuado de desobediencia y pide su inhabilitación por dos años y el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 250 euros, es decir, un total de 90.000 euros, amén de las costas.

Los acusadores toman como punto de referencia la inicial sentencia de abril de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León –ratificada en septiembre– que anuló licencias y obligaba a demoler áticos en dicho inmueble creados a partir de unos trasteros, así como, sobre todo y a causa del no cumplimiento de dicho fallo, los autos de 16 de junio de 2009 y posteriores de julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012 que ordenaron al alcalde, "bajo su directa y personal responsabilidad" y en un plazo de tres meses, ejecutar la demolición de las obras de rehabilitación y a reconstruir los elementos protegidos ilegalmente demolidos o modificados.