Los ecologistas piden que la multa sea de un millón

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha propuesto una sanción de 200.001 euros a inmobiliaria del Bullaque SA por irregularidades en las obras de reforma y rehabilitación realizadas en finca Cabañeros, en pleno parque nacional del mismo nombre. Esta es la empresa que administra esta finca propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios. Sus 7.000 hectáreas pertenecen al término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real).

Las ONG denunciantes, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción emitieron este miércoles un comunicado mostrando su satisfacción "en parte" por esta sanción. Pero lamentan su cuantía. Según el comunicado, "hay algunos puntos en el expediente abierto en los que es necesario responder con mayor severidad y contundencia, especialmente en lo relativo a la cuantía de las sanciones".

Pese a que Agricultura considera que la propiedad de esta finca famosa por sus cacerías ha cometido una infracción "muy grave" al haber practicado actuaciones sin permiso en este espacio altamente protegido, el castigo se queda en la parte más baja de la horquilla de las infracciones muy graves. La sanción máxima en esta categoría es de dos millones de euros. La ley aplicable según las citadas fuentes es la 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

"Para las organizaciones denunciantes,

Agricultura propone la sanción mínima para el marido de Oriol: 200.001 euros por ampliar su mansión en Cabañeros

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unos hechos de estas características, consistentes en la realización de unas obras ilegales sin licencia en el interior de un Parque Nacional deben ser merecedores de la más alta sanción que la ley prevea, sean quienes sean los promotores o responsables. Por este motivo, como parte personada, SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción han solicitado que la sanción que se imponga sea de, al menos, 1 millón de euros", reza el comunicado.

Una carretera sobre una vía pecuaria

Por último, el comunicado, recuerda que estas organizaciones ecologistas siguen a la espera de que la Junta de Castilla-La Mancha ofrezca información sobre las medidas que va a tomar respecto a otro de los hechos denunciados, las obras realizadas que afectaron a una vía pecuaria, asunto de competencia autonómica.