Un inmigrante relata en Bruselas su paso por un CIE: “El mayor castigo de mi vida lo he pasado ahí”

Alhagie Yerro es la primera persona que ha pisado el Parlamento Europeo después de pisar un CIE. Este miércoles estuvo en Bruselas, y allí denunció los supuestos abusos que sufrieron, él y sus compañeros, durante los 40 días que permanecieron recluidos en un Centro de Internamiento de Extranjeros en Fuerteventura.

Los hechos se remontan a 2009. "No sé dónde nos pudieron llevar. Un cuartel militar abandonado, o un CIE, o Guantánamo. No sé cómo lo puedo llamar, pero el mayor castigo de mi vida lo he pasado ahí. Llegué incluso a pensar que debía volver de donde había venido porque [allí] no me trataban así", relató en un acto organizado por el eurodiputado de Primavera Europea Jordi Sebastiá y el partido Por un Mundo + Justo.

Alhagie se detuvo especialmente en cómo los policías les metían en el comedor. Al abrirse las puertas "se ponen el silbato y, ¿cómo quieren que vayamos a desayunar? Pues corriendo como si fuésemos animales. ¿Cómo te dicen corre? Con las porras, pegándote. Porque si te pegan una vez ya no voy a permitir que me peguen una segunda, porque voy a correr".

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Uno de los días, Alhagie reconoció que dejó de pensar en él y se preocupó "por un chaval joven, bajito, callado". Cuando se abrieron las puertas del comedor, el chico estaba en el baño. El resto de compañeros habían corrido a desayunar, y al percatarse los policías de que el joven se había retrasado, cuatro de ellos "le pegaron porrazos hasta que el chaval no quiso comer. ¿Cómo vas a comer con este miedo y el dolor?". Y así, dijo Alhagie, "seguimos viviendo durante 40 días".

Un mes largo en el que se les prohibió la comunicación. Eran ocho, compartían habitación y hablaban el mismo idioma. Por miedo a que estuvieran tramando algo contra ellos, "nos separaron a todos. Ya no podíamos comunicarnos, lo mínimo que teníamos para disfrutar, para comentar la aventura de haber llegado".

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son el lugar donde los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España, quedan recluidos, por un máximo de 60 días, hasta que se posibilita su repatriación. Sin embargo, la mitad de las personas que pasan por estos centros acaban siendo liberadas en territorio nacional. En los últimos años se han desvelado agresiones y prácticas que incluso vulneran los derechos recogidos en los reglamentos español y europeo.