El juez de los ERE en el Supremo avisó a Chaves de que no se cree el argumento clave de las defensas

La transcripción del interrogatorio judicial al que el expresidente andaluz Manuel Chaves fue sometido en el Supremo el pasado 14 de abril por el caso de los ERE acredita que el juez instructor de la causa abierta contra él y otros cuatro cargos socialistas aforados no se cree el principal argumento de sus defensas.

Y ese argumento es el de que nunca sospecharon que el procedimiento aplicado fuese ilegal porque la Intervención de la Junta de Andalucía jamás elevó lo que se conoce por “informe de actuación”, el previsto en caso de menoscabo de fondos como el que presuntamente se produjo aquí: 140 millones de euros sobre un total de 855 millones gastados entre 2000 y 2009.

"Yo –avisó a Chaves el magistrado, Alberto Jorge Barreiro, en un momento del interrogatorio– tengo que decirle que, con arreglo a la experiencia, una persona a la que nombran ustedes [el interventor] y que les hace tantas advertencias por escrito, el hecho de que no les lleguen informes de actuación tampoco puede tener la relevancia que ustedes le dan”.

El calado de la ausencia de esos informes de actuación, continuó razonando el juez instructor, “estaría fundamentado si no hubiera dicho nada el interventor, pero tanto en las memorias [de los planes de control financiero] como en los informes es bastante claro y contundente en sus advertencias a pesar de lo que ustedes alegan aquí en presencia del juez instructor”.

Cuajada de diálogos que evidencian la incredulidad del juez respecto del desconocimiento total esgrimido por Chaves en relación al procedimiento empleado para repartir las ayudas y las alertas que la Intervención fue emitiendo a lo largo de los años, la transcripción constata que el juez tampoco cree en el segundo gran argumento de la defensa: la legalidad de las llamadas transferencias de financiación como vehículo para canalizar subvenciones. El expresidente recalcó una y otra vez que jamás adoptó ninguna decisión ilegal. Y que si hubiera tenido dudas sobre la legalidad del procedimiento habría actuado.

“No leí las memorias, me habría pasado el tiempo leyendo papeles”

Tanto el juez como los fiscales sostuvieron que ese mecanismo de las transferencias de financiación vale para sufragar “actividades genéricas, no para el pago de subvenciones” que quedaban ajenas, por ejemplo, al principio de publicidad.

En un momento dado, y en referencia a las memorias que plasmaban los resultados de los programas anuales de control financiero permanente y en las que la Intervención reflejó distintos “incumplimientos”, el juez interpeló así a Chaves: “Parece ser que entonces sí le llegaban datos muy concretos a través de estas memorias de los problemas que había con las reiteradas transferencias de financiación, por lo menos aquí constan por escrito”.

Tras recalcar que jamás tuvo “constancia de ninguna irregularidad” y que “no lo hubiera permitido”, Chaves habló así: “Yo no leí las memorias. No sé si llegaron al Consejo de Gobierno, no lo sé, pero también le tengo que decir [...] que yo no me podía leer todos los informes que acompañan a cualquier iniciativa normativa que llegaba al Consejo de Gobierno porque entonces me hubiera pasado todo el tiempo de mi Presidencia de la Junta de Andalucía leyendo papeles”.

Díaz, sin ser investida

La transcripción del interrogatorio, que duró dos horas y media, llegó a todas las partes personadas en la causa del Supremo este viernes, horas después de que la presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, fracasara en su segundo intento por lograr la investidura.

Los socialistas andaluces, que días atrás daban por descontado el apoyo de Ciudadanos tras haber asumido el decálogo anticorrupción propuesto por esa formación, han visto finalmente cómo la permanencia de Manuel Chaves en su escaño del Congreso se convertía en el motivo invocado por Albert Rivera para dar marcha atrás.

El expresidente andaluz anunció el 24 de abril que no repetirá en las listas al Congreso, pero planea continuar en la Cámara hasta las elecciones generales. Su sucesor al frente del Gobierno andaluz, el también imputado José Antonio Griñán, ha optado en cambio por abandonar su escaño en el Senado tras la investidura de Susana Díaz.

Asunción de las tesis de Alaya

El fondo y la forma de las preguntas dirigidas por el juez Barreiro a Chaves no parecen augurar una rápida desimputación del hombre que durante 19 años (1990-2009) dirigió el Gobierno andaluz.

La dureza de los fiscales asignados al caso tampoco lo presagia. Fuentes de las defensas consultadas por este diario coinciden en que lo que transmite Alberto Jorge Barreiro es que ha hecho suyas las tesis de la jueza original del caso, la sevillana Mercedes Alaya: que hubo una especie de confabulación en las alturas del Gobierno andaluz para articular un sistema normativo y financiero que permitiese repartir ayudas públicas de forma ilegal y sin el menor control. O con “descontrol absoluto”, expresión literal utilizada por uno de los fiscales que interrogaron a Chaves.

Las defensas centran ahora sus esperanzas en las dos últimas declaraciones prestadas en la causa: la de los dos catedráticos –Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago– que han elegido como peritos para refutar las conclusiones de la Intervención General del Estado (IGAE).

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En contra de lo dictaminado por la IGAE, esos dos catedráticos sostienen que el uso de las llamadas transferencias de financiación –el dinero que la Junta de Andalucía remitió año tras año al organismo público autonómico encargado de pagar las ayudas a empresas en crisis y sus trabajadores– fue estrictamente legal. Fuentes de las defensas aseguran que, por primera vez en todas las comparecencias registradas hasta la fecha en el Supremo, los fiscales no plantearon ni una sola pregunta a Zornoza o Martínez Lago.

Si el juez Barreiro citará ahora a los peritos de la IGAE para contrastar con ellos, cara a cara, el informe de los peritos de la defensa continúa siendo una incógnita. Pero, desde luego, todo apunta a que la instrucción en el Supremo ha enfilado ya su recta final.

Y apunta que, también desde luego, ninguna de las defensas de los cinco imputados –Manuel Chaves, José Antonio Griñán, el exvicepresidente Gaspar Zarrías y los exconsejeros José Antonio Viera y Mar Moreno– puede cantar victoria ni dar por descartado que Barreiro opte por pedir el suplicatorio para inculparlos formalmente y sentar en el banquillo a alguno, algunos o todos.