El vuelco político se traslada a seis televisiones autonómicas

"No vamos a parar nuestras reivindicaciones tras los posibles cambios de Gobierno. Queremos unos medios públicos independientes del poder político, y al servicio de los ciudadanos", declaran a infoLibre desde los comités de empresa de Castilla-La Mancha Televisión, Canal Extremadura o Telemadrid. Las dos primeras estarán afectadas, con toda probabilidad, por un cambio de Ejecutivo, mientras la última se mantiene a la espera de qué formaciones lo consiguen. Las tres han sido acusadas de manipulación informativa durante los mandatos del Partido Popular. Por su parte, la izquierda valenciana anuncia la reapertura de la radio y televisión autonómica, cerrada bruscamente por el PP hace año y medio, y Aragón y Baleares se añaden al grupo de comunidades con medios de comunicación públicos que se verán afectadas por los resultados del 24-M.

Casi cuatro años después, José Luis Rodríguez Zapatero podría jactarse de que su reforma legislativa en RTVE, aprobada en 2006, se ha convertido en un referente para los medios públicos de comunicación. El contraste entre la imagen de la radio y televisión estatal durante su mandato, y la críticas que hoy obtiene, ha calado entre los representantes de los trabajadores de los medios autonómicos, que ponen aquel modelo como punto de partida para sus reivindicaciones, tal y como reconocen a este periódico. En la mayoría de ellas se contempla con esperanza el cambio político, aunque ninguno de los interlocutores se muestra dispuesto a bajar la guardia ante la nueva situación.

01. CANAL EXTREMADURA

El próximo presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, propuso en su campaña elegir al director de Canal Extremadura por "concurso público", además de estar en contra de los procesos de privatización de los servicios informativos "porque suponen un intento de control de la información". Precisamente la contratación externa de servicios y personal, junto a la manipulación informativa, han sido la principal acusación de los representantes de los trabajadores ante la dirección durante la pasada legislatura.

Para Jaime Caño, miembro de Comisiones Obreras y secretario del comité de empresa, "no hay que bajar la guardia ante la nueva situación". "Nosotros –afirma– seguimos en la pelea contra los intentos de privatizar parte de la empresa, la creación de una redacción paralela con personal traído por afinidad política, y la manipulación informativa, tal y como hemos denunciado estos años". "Para ello –continúa–, pedimos cambios normativos que garanticen el futuro como empresa pública, al margen de quien gobierne en cada etapa, y que sirvan como paraguas protector contra vaivenes. Hay que defender la profesionalidad y la independencia con órganos como el Consejo de Informativos, que debería existir ya en todos los medios públicos. Al final, Zapatero acertó en eso: no hay más que ver como está ahora Televisión Española. Hay que impedir que ocurra aquí en el futuro".

02. RADIO TELEVISIÓN Castilla-La Mancha

"Espero que esta misma noche Nacho Villa [director general de Castilla-La Mancha Televisión] esté presentando la dimisión. Es una desvergüenza cómo ha tratado a esta región”, dijo Emiliano García-Page, nada más conocer que el PP había perdido la mayoría absoluta en la región. Previamente, el programa socialista se había comprometido a que el próximo director general del ente fuera nombrado por una mayoría de tres quintos de las Cortes regionales. Para ello, el PSOE modificará la ley que regula Castilla-La Mancha Televisión y garantizará también en esta norma la creación de un Consejo de Informativos elegido entre los profesionales de la redacción que vele por la imparcialidad del canal.

Los representantes de los trabajadores han denunciado, durante estos cuatro años, múltiples casos de malas prácticas informativas, y la dirección ha sufrido frecuentes reproches desde instituciones y asociaciones profesionales, la última este mismo viernes por parte de la Comisión de Arbitraje y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

Cristina Corcuera, presidenta del comité de empresa, asegura que "para poder recuperar la dignidad y la credibilidad del medio público, el de todos los castellano-manchegos", cree que "es indispensable buscar con urgencia la mayor desvinculación posible de la política, al objeto de no volver a ser una herramienta al servicio del partido político de turno que gobierne". Por eso considera "necesario un cambio en la normativa vigente". "Apostamos por un cambio a la hora de nombrar al director general del Ente Público RTVCM, por una mayoría que podría ser de dos tercios y por que su mandato no coincida con la legislatura. En esa dirección, consideramos igualmente urgente y necesario la creación de un Consejo Profesional de Informativos y que el Consejo de Administración tenga una mayor relevancia incluyendo en su composición representantes de la sociedad y de los trabajadores", asegura.

Corcuera sostiene que "es fundamental la transparencia en la gestión, que se sepa el cuánto y el cómo se gasta el presupuesto, y que se racionalice el organigrama y las retribuciones". "Teniendo en cuenta también las denuncias que los trabajadores venimos haciendo en los últimos años sobre la creación de una plantilla paralela, apostamos por la creación de una bolsa de trabajo profesional, tal y como establece nuestro convenio colectivo, y la consolidación de la verdadera plantilla de RTVCM".

03. Telemadrid

Una situación de especial zozobra se vive en Telemadrid, donde los trabajadores afectados por el ERE ven depender su futuro de la formación que presida la Comunidad de Madrid, o el PP o el PSOE. Ya en la campaña electoral, la candidata del PP, Cristina Cifuentes, dijo que "de momento", iba a esperar a que "concluyan todos los procedimientos judiciales que hay abiertos, que hay unos cuantos, y luego, sobre todo, ver cuál es la situación financiera de la casa, la sostenibilidad, la viabilidad y tomar una decisión al respecto". Cifuentes no descartó, incluso, el cierre de la cadena. Mientras, los representantes de los trabajadores hablan de "prudencia hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos". Según Ángel García, miembro de Salvemos Telemadrid, y del comité de empresa por UGT, su posición "está reflejada en el Pacto por una nueva Telemadrid. "Estamos a la espera de que se clarifique la situación y se forme Gobierno. Seguimos pensando que es posible cambiar las cosas en la empresa y que vuelva a ser una televisión normal. Y como hemos dicho desde el primer día estamos siempre dispuestos a hablar y dialogar con todos".

Tal y como informó infoLibre, el pacto citado fue firmado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida, e incluía la creación de un Consejo Audiovisual de Madrid, un Consejo Profesional de Informativos y un portal de transparencia de gastos e ingresos, para garantizar el carácter de servicio público, dotar al ente de financiación estable y suficiente, fijar un porcentaje significativo de producción interna y evitar las mayorías absolutas de un partido político en el Consejo de Administración, así como que el director general sea elegido por mayoría de dos tercios del Consejo de Administración.

04. REABRE CANAL NOU

Este viernes las fuerzas de izquierda ganadoras se comprometieron formalmente la reapertura de Canal Nou, que el Gobierno de Alberto Fabra cerró bruscamente hace año y medio. Un cierre que ha costado 150 millones de euros. Tenía 1.600 trabajadores y una deuda de 1.300 millones. El anuncio se produce tras el acuerdo entre PSPV, Compromís y Podemos de crear una televisión pública en valenciano, desligada del Gobierno autónomo. El modelo se inspira en el aplicado por Zapatero en 2006, de modo que el presidente y el Consejo de Administración sean elegidos por mayoría de dos tercios y permanezcan en su puesto por periodos de seis años.

La propuesta socialista es que la nueva radio y televisión reciba fondos públicos mediante contratos-programa, y sin posibilidad de endeudarse. La plantilla no llegará, en ningún caso, a los mil trabajadores, por lo que será imposible recuperar al total de los despedidos, pero es que la misma coincidencia en la necesidad de recuperar el medio público se produce en evitar el gigantismo y el derroche que presidieron los últimos y conflictivos años de una radio y televisión que fue reflejo fiel de la corrupción que ha dominado los últimos años de Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana.

05. Aragón y Baleares

En el caso de Aragón, la continuidad del servicio público está asegurada, a tenor de los programas electorales de PSOE, Podemos y la Chunta Aragonesista, en cuyas manos está el nuevo Gobierno. El modelo de gestión privada bajo supervisión pública no ha sido, hasta el momento, puesto en cuestión, dados los excelentes datos de audiencia obtenidos en la pasada legislatura, que sitúan a la televisión de Aragón en los primeros lugares de las autonómicas, con cuotas de pantalla de alrededor del 10%.

No obstante, Podemos apostó recientemente por crear "un posible organismo independiente que pueda etiquetar la calidad de los servicios informativos de las televisiones", una iniciativa que podría reforzar el control y vigilancia por parte de los poderes públicos. Esta formación pretende la creación del Consejo Aragonés del Audiovisual, quegarantice la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad cultural, la calidad y sostenibilidad del trabajo y que en el Consejo de Administración estén representados, además de los partidos presentes en las Cortes de Aragón, la plantilla, los sindicatos, los usuarios y “expertos elegidos de forma transparente y democrática”.

En cuanto a Baleares, se producirá un cambio profundo en la radio y televisión pública, a tenor de los programas de las fuerzas políticas vencedoras en las elecciones. No obstante, y dada la diversidad de fuerzas, los extremos no han sido concretados y serán objeto de definición tras la investidura y formación del nuevo Ejecutivo. Por el momento, el único acuerdo se produce es el general repudio a una etapa en la que las acusaciones de manipulación han ido desde la oposición política a los propios redactores, e incluso a colectivos ciudadanos como la Asamblea de Docentes.