Los informes del interventor colocan a Chaves y Griñán camino del banquillo por prevaricación

Los reiterados informes en que el interventor de la Junta de Andalucía alertó contra el sistema aplicado durante más de 10 años para repartir no menos de 854 millones en ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis dan la clave por la que el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro ha colocado en el camino hacia el banquillo por prevaricación a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros dos exdirigentes socialistas. Griñán ya había abandonado su escaño. Chaves, el hombre que durante 19 años dirigió el único feudo socialista inexpugnable desde la restauración democrática, seguirá ahora sus pasos arrastrado por el caso ERE.

El juez destaca con reiteración que, indiciariamente, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del PSOE tuvieron un papel activo y no de meros consentidores en el diseño de un sistema que define como abiertamente ilegal, aunque deja claro que ninguno de los dos, como tampoco el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, se lucró ni participó en el desvío de fondos. Al exconsejero José Antonio Viera le atribuye en cambio también el delito de malversación como responsable de ese supuesto desvío. La quinta imputada, la exconsejera Mar Moreno, queda exonerada.

Barreiro, que acusa a Chaves y Griñán de haber realizado un “ejercicio arbitrario del poder”, condensa así su posición sobre las advertencias del interventor Manuel Gómez: sus informes avisaban “no de meras 'irregularidades' o 'inadecuaciones' en la tramitación y control de las subvenciones (…),  sino de auténticas ilegalidades, pues no pueden catalogarse de otra forma las vulneraciones patentes de preceptos legales”. Haciendo suyas las palabras usadas por el interventor en un escrito que dirigió al Parlamento andaluz, el juez recalca que los imputados "cebaron sin descanso" la partida de los ERE.

El juez describe la trayectoria del interventor como la de un funcionario que en los primeros momentos hizo lo debido y que cuando debió dar “el paso siguiente que le marcaba la ley” –emitir un informe de actuación, es decir, el que hubiese implicado el cese inmediato de las ayudas– sucumbió a la “paralización”. Año tras año, a partir de 2005, advirtió del daño que para el erario andaluz implicaba ese sistema. Pero nunca emitió informes de actuación.

Paréntesis sobre el papel de la intervención

Esa “omisión”, razona Barreiro, “sólo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal (…) pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente (…) o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad pero sin emitir informe de actuación”.

Es en ese punto cuando el juez abre una especie de paréntesis para cuestionarse el modelo de la Intervención aplicado en España: "Sólo nos queda plantearnos el interrogante de si un sistema de Intervención puede alcanzar el grado necesario de eficacia cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla. Es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido".

Aunque las acusaciones del magistrado figuran en la resolución con la que se abre el trámite para pedir el suplicatorio de los tres inculpados que aún tienen escaño en el Congreso –Chaves, Zarrías y Viera– y gozan por tanto de aforamiento ante el Supremo –Griñán ya ha dejado su escaño en el Senado–, su dimisión como diputados anticipa que la causa volverá a Sevilla.

"Conspiración del silencio"

Esto es, que el Supremo se inhibirá en cuanto se formalice su abandono del escaño y devolverá la causa a manos de la jueza que inició las investigaciones, Mercedes Alaya, cuyos argumentos fundamentales revalida ahora Barreiro. Alaya no tiene por qué cerrar de inmediato la instrucción, puede seguir practicando diligencias y los inculpados tienen todavía la opción de evitar el banquillo. Pero eso es mucho más difícil ahora tras su inculpación formal a cargo del Supremo.

En su exposición razonada –la resolución donde pide el suplicatorio– el magistrado tumba la principal línea de defensa de los antiguos responsables del Gobierno andaluz: el de que ignoraban que el sistema fuera ilegal porque nunca la Intervención les avisó de ello.

La Intervención sí avisó, concluye el juez. Pero, además, al magistrado le resulta inverosímil la hipótesis de que esos informes fueran conocidos por directores generales y viceconsejeros pero no por la cúpula del Gobierno andaluz. Porque, de ser cierta esa hipótesis, “en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios que estarían realizando una especie de complot o de 'conspiración del silencio' dentro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda” para que sus respectivos titulares no se enterasen de lo que estaba sucediendo.

El testimonio de otro imputado en el caso, el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández, que llegó a permanecer meses en prisión preventiva, ha resultado tan demoledor para Chaves como el del interventor Manuel Gómez.

Inverosimilitud

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Barreiro recuerda que el exconsejero Fernández expresó ante la juez Alaya “su convicción” de que Chaves conocía el ya célebre convenio de 2001 que hasta 2010 permitió camuflar como transferencias para gastos de explotación de un organismo de la Junta, el IFA –luego rebautizado como Agencia Idea– lo que en realidad no eran sino subvenciones.

Fue ese sistema, el de las transferencias de financiación, el que permitió gastar al menos 854 millones de euros en ayudas sociolaborales sin publicidad ni fiscalización previa ni controles de ningún tipo. El juez incluye un recordatorio de calado al hilo de la cantidad desviada: que el total repartido ascienda como mínimo a 854 millones –la Cámara de Cuentas de Andalucía lo cifró en 1.200 millones– no significa "que todo el dinero haya sido defraudado en perjuicio del erario público". Es decir, que una parte –todavía no se sabe cuál– llegó al destino que habría llegado de aplicarse un procedimiento legal.

En relación a ese convenio marco, piedra angular del sistema cuyo diseño y mantenimiento constituyen los cimientos en los que Barreiro se basa para acusar a los imputados de prevaricación, el juez recupera el argumento de la inverosimilitud: no se cree, porque sería “incoherente” que viceconsejeros, directores generales y subdirectores conocieran su existencia y en cambio no lo conocieran “los integrantes de la cúpula de la pirámide” de la Administración andaluza.