La Real Fábrica de Tapices solicita un concurso de acreedores

El Pleno del Patronato de la Real Fábrica de Tapices acordó el pasado lunes solicitar un concurso de acreedores, según han informado el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad, miembros del Patronato, en un comunicado conjunto. La Fundación que dirige la institución ha tomado esta decisión después de que se agotaran los plazos para saldar la deuda que había contraído en los últimos cuatro años con trabajadores y proveedores. Ninguna de las tres administraciones ha hecho público a cuánto asciende el déficit, que el sindicato FITAG-UGT cifra entre 2 y 5 millones de euros.

Durante la reunión del pasado lunes, la presidenta de la Fundación de la Real Fábrica, Mónica de Oriol, presentó su dimisión, aunque se comprometió a permanecer provisionalmente en su cargo durante un mes con el objetivo de facilitar las gestiones durante este periodo de tiempo. Los patronos han declarado en el comunicado que ven "necesario un cambio de rumbo" en la gestión de la Real Fábrica, por lo que llevarán a cabo un "plan de viabilidad" que ya ha sido encargado a una consultora "pro bono, sin coste alguno" para la institución. El Ministerio ha reiterado que la prioridad del Patronato es mantener abierta la Real Fábrica. 

La Fundación que rige la Real Fábrica, fundada en 1720 por Felipe V, está integrada por los tres organismos públicos mencionados, la Fundación Caja Madrid y los directores de Patrimonio Nacional y de la Dirección General de Patrimonio. En 1996, la Real Fábrica dejó de estar en manos de sus fundadores originales, provenientes de Flandes, y pasó a ser una fundación privada sin ánimo de lucro. El cambio se debió también a la mala situación económica de la entidad, que acumulaba una deuda de 80 millones de pesetas.

Conflicto laboral

La Fundación sufre, desde hace cuatro años, retrasos en los pagos a proveedores y trabajadores. Actualmente debe a sus 52 empleados cinco meses de salario (entre los 800 y los 1.200 euros por mensualidad, según representantes sindicales) y tres pagas extraordinarias. Los empleados llevaron a cabo una huelga entre el 20 de mayo y el 13 de junio, que se paralizó tras el compromiso de los patronos de solucionar el problema, según explicaron a este periódico fuentes del sindicato FITAG-UGT. "Esto nos crea la incertidumbre de qué es lo que el administrador va a decir", se plantea José Luis Hijosa, representante sindical de esta organización, que aseguraba haberse enterado de la decisión del Patronato a través de la prensa.

Hijosa sostiene que esta situación podría haberse evitado si la Fundación hubiera cumplido lo prometido en junio en las negociaciones durante la huelga. "[Los patronos] se comprometían a hacer un escrito que sirviera como aval para poder pedir un crádito a un banco y pagar salarios, Seguridad Social y a algún proveedor. Mientras, ellos reconvertirían las partidas presupuestarias para hacer llegar más dinero", explicaba a este periódico . "Esto se ha ido demorando, y ahora nos vienen a decir lo mismo. Los trabajadores piensan que estos son palabras, palabras, pero no hay hechos", continuaba. Hijosa asegura que los empleados se encuentran en una situación de "emergencia" y que uno de ellos ha recibido una carta de desahucio por no poder hacer frente a sus gastos de vivienda. 

Dinero público para saldar la deuda

Fuentes del Ministerio han definido la situación como "insostenible". "Se ha dado este paso adelante para tratar de saldar la deuda con proveedores y trabajadores", han explicado. La producción no se detendrá durante el proceso del concurso de acreedores, han asegurado a infoLibre. Mientras, las tres administraciones se han comprometido a dedicar "aportaciones económicas adicionales tan pronto como sea posible" para pagar a trabajadores y proveedores. Ninguno de ellos ha especificado qué cantidad baraja cada uno. 

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El Ministerio de Cultura dedicó en los pasados Presupuestos Generalesuna aportación de 180.000 euros dividida en dos partes: una de 95.000 dedicada a saldar la deuda y una de 85.000 dedicada al funcionamiento de la Fábrica. La Comunidad de Madrid aportó 93.000 euros el pasado noviembre dentro de los presupuestos. El Ayuntamiento de Madrid concede a la organización una subvención anual de 75.000 euros al menos desde 2012, y la última aportación se produjo el pasado febrero. En total, en este ejercicio la Real Fábrica ha recibido 348.000 euros de las tres instituciones. 

El Ayuntamiento de Madrid, en un comunicado hecho público el pasado 7 de julio después de reunirse con trabajadores de la Real Fábrica, achacaba la situación actual a la falta de "un proyecto de continuidad laboral" y a que "los principales clientes potenciales de la Fábrica (Ministerio de Asuntos Exteriores, Patrimonio Nacional y Senado) han adjudicado progresivamente estos trabajos a empresas privadas". Hijosa confirma que la única institución pública que trata con el taller es el Congreso de los Diputados, para los que reparan actualmente algunas alfombras. También reciben encargos internacionales, como la restauración de tapices llegados desde el Palacio Real de Dresde, como explica el representante de los trabajadores. "No se está valorando la calidad del trabajo, por eso las administraciones están enviando fuera sus pedidos", denuncia Hijosa.

Las tres administraciones públicas planean mantener reuniones durante la próxima semana con las "entidades financieras que sostienen la deuda", según se recoge en el comunicado del Ministerio, para evaluar la situación.