La principal empresa de la 'trama Púnica' trabajó como subcontratista en Fomento de forma irregular

Las empresas implicadas en la operación Púnica sufrieron un fuerte varapalo en su imagen cuando se destapó en 2014 la trama de corrupción, pero sigue habiendo administraciones públicas dispuestas a trabajar con ellas. Es el caso del Ministerio de Fomento, que desde hace cuatro meses está cambiando la instalación eléctrica de su sede central de Madrid utilizando los servicios de la empresa Cofely España, una de las compañías más estrechamente vinculadas con la red de corrupción. La sede de Cofely fue registrada pocos días después de iniciarse la operación y cuatro de los directivos de la compañía, entre ellos su director general, fueron arrestados.

El origen de la participación de Cofely España en la renovación de la instalación eléctrica de la sede del Ministerio se remonta al mes de marzo, cuando el departamento dirigido por Ana Pastor formalizó un contrato con Vías y Construcciones S.A. para que se ocupase de la segunda fase de las "obras de acondicionamiento de las instalaciones eléctricas y de iluminación" de su sede central. Según se especifica en el documento de formalización de la adjudicación, la empresa presentó la oferta más ventajosa para la Administración, con un coste de casi dos millones y medio de euros. Vías y Construcciones pertenece al grupo ACS, dirigido por el empresario Florentino Pérez, que declaró como testigo el pasado abril en el marco de la investigación de la operación Púnica.

Precisamente en esta oferta presentada por Vías y Construcciones se especificaba que la compañía tenía previsto contar con la participación de dos subcontratas externas para realizar una parte del trabajo. Según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, la firma Saiter se ocuparía de la "instalación de falsos techos" en la sede de Fomento –una actividad que supone el 3,58% del trabajo final–, mientras que otra compañía, de nombre Ingedom, sería la subcontratista que se encargaría de renovar la instalación eléctrica del edificio. Esta segunda parte del trabajo que se subcontrató es de una mayor enjundia, ya que asciende a un 42,96% del presupuesto de la obra.

No obstante, Ingedom nunca llegó a hacerse cargo de la renovación de la instalación eléctrica de la sede de Fomento: así lo demuestran varios correos electrónicos intercambiados entre funcionarios de Fomento y otros documentos oficiales, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre. La empresa que realmente llevó a cabo estos trabajos fue Cofely España.

Pese a estas pruebas documentales, la versión oficial de Fomento es que "Cofely no participó en esta fase de las obras".

Cambio en la subcontrata

El hecho de cambiar a la subcontratista prevista (Ingedom) por otra que no figuraba en ningún lugar de la oferta (Cofely) es contraria a la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 227 indica que "el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito [...] la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista". Cofely lleva trabajando en el Ministerio desde el mes de mayo, y la identidad de sus trabajadores consta en el registro de entrada del Ministerio de Fomento. 

Esta ley también apunta que los subcontratos que se celebren con empresas diferentes a las indicadas en la oferta tendrán que notificarse y justificarse. A principios del mes de julio, cuando el conocimiento de esta situación irregular empezó a extenderse entre altos funcionarios de Fomento, el ministerio intentó regularizar la situación. Para empezar se puso en contacto de forma oficial con Vías y Construcciones, la empresa del grupo de Florentino Pérez, para comunicarle que "no autorizaba" que la subcontratista fuese Cofely España. 

Vías y Construcciones contestó inmediatamente proponiendo un nuevo subcontratista para encargarse de la instalación eléctrica, que fue aceptado por el Ministerio de Fomento: Axima Servicios Energéticos S.A. La sorpresa surge al comprobar que esta compañía también pertenece al grupo de Cofely España. Constituida el pasado 5 de febrero, Axima Servicios Energéticos tiene como presidente a Etienne Jacolin, que pertenece al consejo de administración de Cofely, según el último informe anual disponible en la página web de la firma.

No fue la única solicitud hecha por Vías y Construcciones. El pasado 22 de junio, Soledad Aparici, directora de la obra por parte de Fomento y jefa de Área de Conservación de la Oficialía Mayor, acordó con la empresa adjudicataria adelantar 750.000 euros del presupuesto comprometido inicialmente para 2016 a este mismo año. Pero de nuevo existieron trabas: un interventor del Ministerio echó atrás el acuerdo porque contenía errores formales, que según la institución quedaron posteriormente subsanados, por lo que se aprobó este cambio.

Fomento niega la participación de Cofely

infoLibre se puso en contacto con el departamento dirigido por Ana Pastor para conocer su versión sobre estos hechos. Respecto al adelanto presupuestario, el portavoz indicó que "se ha invertido" el orden de las tareas relativas al cambio de la instalación eléctrica de la sede del ministerio, ya que "no se hizo bien la planificación a 18 meses". "Lo más lógico es acometer las tareas más molestas durante el verano, ya que el edificio está mucho más vacío y el trabajo resúlta más cómodo para operarios y funcionarios", señaló.

El portavoz de Fomento también admitió que Vías y Construcciones solicitó en julio que fuese Cofely quien se hiciese cargo de esta parte del trabajo y señala que Fomento lo rechazó de forma "tajante". No obstante, el ministerio niega que "Cofely haya estado trabajando desde principios de mayo en su sede como subcontratista" y asegura que es la empresa que inicialmente se contemplaba en la oferta –Ingedom– la que ha llevado a cabo los trabajos en su instalación eléctrica. La documentación a la que ha tenido acceso este periódico desmiente esta versión.

Uno de los ejes de la Púnica

Cofely España es una empresa que se sitúa como eje vertebrador de la trama Púnica, y según la investigación llevada a cabo por el juez Eloy Velasco sería una de las principales beneficiarias de los contratos que algunas administraciones adjudicaban a cambio de comisiones irregulares. Tras situarse en el centro de la polémica, su imagen quedó tan deteriorada que algunas de las administraciones con las que tenía contratos en vigor los rompieron. 

En cualquier caso, varios de los acuerdos que Cofely España firmó con algunas instituciones fueron especialmente jugosos. Es destacable el ejemplo del municipio madrileño de Parla, donde la empresa se encargaba desde 2013 de prestar los servicios energéticos en diferentes instalaciones de la localidad tras firmar un contrato valorado en 66 millones de euros con el exalcalde José María Fraile (PSOE), que fue detenido el pasado octubre. La cifra, no obstante, se queda pequeña si se compara con la cuantía global que pudo haber cobrado Cofely a raíz de sus contratos con diferentes administraciones: más de 170 millones de euros.

Fueron varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid los que mantuvieron una relación más fluida con la compañía. Y es que, además del alcalde de Parla, otros de los regidores detenidos por adjudicar contratos a la trama fueron José Carlos Boza (Valdemoro, PP); Agustín Juárez (Collado Villalba, PP); Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco, PP); Antonio Sánchez Fernández (Serranillos del Valle, del partido localista UDMA); y David Rodríguez Sanz (Casarrubuelos, PP), informan Tono Calleja y Alicia Gutiérrez.

Este diario trató de recabar la versión de Vías y Construcciones sobre estos hechos. Un representante de esta empresa remitió al Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, al que infoLibre hizo llegar estas preguntas por escrito sin recibir respuesta:

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1) ¿Por qué se decidió que la instalación eléctrica la realizase Cofely, que no figuraba en la oferta que realizó Vías y Construcciones?

2) ¿Solicitó Vías y Construcciones permiso a Fomento para cambiar la subcontrata una vez adjudicada la obra?

3) ¿Por qué se solicitó un cambio de anualidad por un importe de 750.000 euros del contrato, que se restarían al presupuesto de 2016 y se integrarían en el de 2015?