‘Caso Ayotzinapa’: un año después nos siguen faltando 43

Un año después de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, uno de los estados más castigados por la pobreza y el narcotráfico en México, todavía no se sabe la verdad de lo que ocurrió durante el 26 y 27 de septiembre de 2014 con los jóvenes.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura, en un informe reciente, que es “científicamente imposible” que los jóvenes fueran quemados en un basurero, el Gobierno, días más tarde, informó de que la Universidad de Innsbruck (Austria) había identificado a un segundo estudiante, Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años, encontrado en dicho lugar. Una versión que los padres no creen, asegurando que la "verdad histórica" que dio el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto ahora es "la mentira histórica" del país.

"Ha sido un año de mucho dolor, un año en que lo he perdido todo: a mi familia, lo que construí durante 50 años… pero también perdí el miedo. Por eso seguiré buscando a mi hijo hasta las últimas consecuencias, hasta saber la verdad. Porque como padre, te digo una cosa: yo sé que mi hijo está bien", asegura Mario González, padre de César Manuel González, uno de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa desaparecido aquellos fatídicos días en Iguala (Guerrero).

A pocos días de cumplir un año de la desaparición con vida de los estudiantes y la muerte de seis personas, las versiones del Gobierno mexicano se desmoronaron el pasado día 6 de septiembre ante un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –con la aprobación del Estado Mexicano–. La verdad histórica que presentó el exprocurador –fiscal general, en España– Jesús Murillo Karam se convirtió, según los padres de los 43, en "la mentira histórica". Una versión oficial en la que se aseguraba que miembros del narcotráfico fueron los responsables de la desaparición y los que incineraron a los jóvenes en el basurero de Cocula (Guerrero,) algo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descartó por ser "científicamente imposible". Una jarra de agua fría para el Ejecutivo de Peña Nieto, que según la última encuesta de Parametría, cosechó entre los meses de diciembre de 2014 y marzo de 2015 una desaprobación del 58%, cifra que aumentó hasta un 64% coincidiendo con la fuga de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Ni la desaparición con vida de 43 estudiantes ni la desaparición de El Chapo parecen bastarle al presidente mexicano, quién se ha visto inmerso en casos de corrupción como el de La Casa Blanca, La Casa Blancaen el que se le acusó de incurrir en conflicto de interés en la compra de una casa a un contratista del gobierno, la reforma educativa, con miles de manifestantes en diversos Estados del país o el debilitamiento histórico del peso mexicano frente al dólar, la matanza de Tlatlaya, etcétera. En definitiva, un listado amplio.

Consecuencias políticas: la credibilidad al garete

El caso de Ayotzinapa y el desmoronamiento de la versión oficial “ha profundizado la falta de credibilidad con las instituciones”, explica el director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez. “Ya estaba debilitado, pero con el caso de los 43 se agrava”, sentencia.

Otra de las consecuencias, según el abogado, es “la muestra de que las instituciones de este país no están preparadas para un caso complejo de desapariciones. La evidencia es que tuvimos que recurrir a terceros –como es el caso de los forenses argentinos y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–”. Además, “cae el mito del presidencialismo”, argumenta. La reunión de los padres de los desaparecidos con el presidente del Gobierno meses atrás “no resolvió los problemas, por eso cae de nuevo la credibilidad de la institución, porque no ayudó en nada”, añade Cortez.

El periodista John Gibler, especializado en el tema y autor de Tzompaxtle, la fuga de un guerrillero (Editorial Tusquets), incide en esta tesis y lanza el siguiente dardo: "¿Con qué cara el Gobierno mexicano pide una investigación seria en Egipto cuando en su país son sus propias fuerzas políticas las que cometen actos terroristas?".

La complejidad del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala nos obliga a ir por partes. A continuación explicamos dos puntos clave para entender por qué un grupo de expertos independientes tumba la versión oficial.

Versión oficial. La procuradora general de la República, Arely Gómez, anunció el pasado miércoles que el laboratorio genético de la Universidad de Innsbruck (Austria) reconoció mediante pruebas genéticas al segundo normalista, a Joshivani Guerrero, de 20 años de edad. El primer estudiante identificado fue Alexander Mora Venancio, de 21 años. Ambos, según el Gobierno, encontrados en el basurero de Cocula, donde los sicarios los incineraron para después arrojarlos en bolsas de basura al río San Juan.

Informe del GIEI. “De haber existido un fuego de las dimensiones mínimas requeridas para el cremado de 43 cuerpos a condiciones consistentes con los restos recolectados (...) la radiación hubiese generado daños generalizados en la vegetación aledaña al fuego y el fuego hubiese encendido la pendiente de basura(….) No hay ninguna evidencia de daños consistentes con estas condiciones, por ende es imposible que un incendio de esta magnitud se haya podido haber dado en el basurero municipal de Cocula”.

Gibler comenta que tras realizar varias entrevistas a los dos trabajadores de la basura que acudieron al lugar entre las 13.00 horas y las 14.00 horas, ambos aseguraron que la zona “estaba mojada y sola”. Una frase que, según el periodista, aniquila la versión oficial. Además, Cortez señala otro punto clave: “los forenses argentinos no tienen certeza de dónde ni cómo fueron hallados los cuerpos”. “No hay que descartarlo, pero las posibilidades son pequeñas”, añade. Un hallazgo que, si bien al Ejecutivo le daría aire, lo cierto es que parece un “dame lo que tengas” para reforzar su postura. “La procuradora dijo que eran indicios, pero no lo aseguró”, detalla Omar García, uno de los líderes de los estudiantes de Ayotzinapa. “Es un tema mediático para el Gobierno porque ahora trata de desprestigiar el informe de la Comisión Interamericana”.

Han hecho falta casi 12 meses para conocer la existencia de un quinto autobús, un Estrella Roja, en el que viajaban parte de los 43 estudiantes. Mientras que el Gobierno insistió en que solo secuestraron cuatro de ellos, el GIEI enfatizó en la importancia de este quinto. “Las cámaras grabaron a este autobús y los chavos (jóvenes) supervivientes nos contaban de su existencia”, aclara Gibler.

Versión Oficial. Murillo Karam explicó en rueda de prensa que explicó que "el grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses donde tomaron otros dos camiones de otra empresa”.

Informe del GIEI. Se desprende que este quinto autobús fue grabado por las cámaras ubicadas en frente del Palacio de Justicia de Guerrero, en Iguala. Cuando los expertos piden ver estos vídeos se percatan de: a) las cámaras sí graban lo acontecido, b) los vídeos fueron recuperados y c) los vídeos fueron destruidos.

Lo que la Procuraduría General de la República no dijo es que el operador del camión 3278 de la empresa Estrella Roja fue primero interceptado y luego custodiado por policías federales.

Hipótesis de la heroína

Una de las hipótesis de este grupo de expertos es que los estudiantes pudieron tomar, sin saberlo, un autobús en el que el cártel Guerreros Unidos, que opera en la zona, podía transportar heroína o drogas hacia Chicago, Estados Unidos. “Si fuera cierto que ese quinto camión llevara droga, sería la muestra más contundente de la participación plena y sistemática de las tres instituciones gubernamentales en la industria del narcotráfico, porque cuando pierden un cargamento, ¿a quién están llamando? A la policía”, sentencia el periodista.

“Con el caso de Iguala el concepto de corrupción queda rebasado”, apunta Gibler, que añade que “ahora la gente ya no habla de un Gobierno corrupto, sino del narcogobierno”. Una definición que los mexicanos usan al quedar demostrada la participación de las tres diferentes fuerzas del Estado: la Policía de nivel local, ministerial y federal. La falta de confianza y la debilidad de las instituciones, para Cortez, “hace que los medios de comunicación sean la alternancia”. Lo que supone que “las opiniones que de estos se desprenden se convierten en un conjunto de monólogos en los que se justifican sus propios discursos, y así es muy difícil avanzar”.

No solo nos faltan 43

Es importante resaltar que lo ocurrido la noche del 26 tiene un alcance verdaderamente grande. El saldo de la noche del 26 en Iguala, de acuerdo con el informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ronda las 180 víctimas directas: 6 ejecutados, 40 heridos, más de 80 perseguidos y la desaparición de 43 normalistas .

En el informe, los expertos dedican un apartado al impacto que ha tenido el caso y la actuación de la Fiscalía en los padres de familia. “Las explicaciones finales sin contraste de la información más amplia y sin proceso de diálogo con los familiares, fueron vistas como un intento de cerrar rápido un capítulo negro de la historia reciente de México o disminuir la presión sobre las autoridades, en lugar de tener una respuesta efectiva a las dudas y necesidades de los familiares”, escribe el GIEI, añadiendo además las declaraciones de una de las madres: “La primera muerte fue cuando supimos que nuestro hijo estaba desaparecido; la segunda muerte cuando nos querían entregar las primeras fosas; la tercera muerte fue en las demás y la cuarta en lo de Cocula”. Según el informe, “la aceptación de pérdida es imposible en estas condiciones”.

Siguiente paso: reunión con el presidente.

El próximo día 24, los padres de los estudiantes se reunirán en la casa presidencial, Los Pinos, con Enrique Peña Nieto. "Lo que se le va a exigir al presidente es que los expertos se queden de manera indefinida hasta que se resuelva el problema. No podemos confiar en las autoridades ni en sus investigaciones”, señala Omar García. “Al presidente le voy a mirar a los ojos y le voy a pedir que nosotros, como padres, vamos a seguir hasta que encuentren a los chavos”, sentencia Don Mario.

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Quedan pocos días para la manifestación que conmemorará el año de la desaparición con vida de los 43. Se marchará desde Los Pinos hasta el Zócalo, el centro de la Ciudad de México. Se trata de un recorrido distinto pero de una marcha como todas las que se han celebrado hasta ahora todos los días 26 de cada mes. Unas manifestaciones que cada vez han sido más esqueléticas.

Una mujer, en la marcha pasada, dio un paso al frente de un tumulto de gente (una vez más) e hizo esta pregunta (una vez más) que nunca se ha dejado de escuchar hasta la fecha: "¿Dónde están nuestros hijos?".

Unos signos de interrogación que llevan a cuesta como los mártires llevan sus cruces en las procesiones. Con un dolor del que sabe que es una pregunta que en México no puede tener respuesta.