Ayotzinapa, un año de injusticia

La escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa tiene tradición de lucha social y compromiso. De ella salió en los años setenta Lucio Cabañas, líder guerrillero del Partido de los Pobres, que murió en un enfrentamiento con el ejército mexicano en 1974. Este tipo de escuelas rurales fueron un reflejo de los primeros años de la Revolución, cuando se soñaba con transformar el país. El presidente Lázaro Cárdenas fue uno de sus grandes impulsores. Cárdenas era un hombre de principios; también fue quien ordenó acoger a 20.000 republicanos tras el final de la Guerra Civil, tan refugiados entonces como los son ahora los sirios que llegan por millares a las fronteras de Europa.

Estas escuelas han sido abandonadas por el Estado, que les retiró las ayudas en la esperanza de que mueran de inanición. Esa actitud es también un símbolo de la pérdida de raíces de la Revolución de México. Acabó tan anquilosada que su partido principal pasó a llamarse Partido de Revolución Institucional (PRI), como si lo extraordinario pudiera ser cotidiano. Esa institucionalización fue la muerte de la revolución y el arranque del abuso y la corrupción.

Ha sido un largo camino hasta alcanzar el desastre actual: un país sometido por los cárteles del narcotráfico, émulo de la peor versión de la Colombia de Pablo Escobar y los hermanos Orejuela; también de los peores planes estadounidenses para combatir la plaga que extendieron la infección en lugar de sanarla.

En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala. El Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Procaduría General de la República (PGR), resolvió el enigma en muy poco tiempo en una investigación que tenía por objeto borrar pruebas y lanzar la idea de que se trató de una confusión en la guerra que mantienen dos bandas de narcos en el norte del Estado de Guerreo, uno de los más violentos del país.

La PGR también resolvió que los cuerpos habían sido incinerados en el vertedero de Cocula. Detuvieron al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su mujer, ambos del Partido de la Revolución Democrática, en la oposición al PRI, acusados de ser los inductores intelectuales del crimen. Este vídeo de la PGR es un intento de que compremos su versión. Lean un poco más antes de dejarse convencer por el Gobierno y escuchen a este padre que le habló claro a la cara a Peña Nieto.

Las madres de los estudiantes no aceptaron la tesis del Estado. Las noticias que les llegaban involucraban a la policía municipal y al Ejército, con un importante destacamento en Iguala, ciudad considerada el laboratorio de la droga. Las madres invitaron al equipo forense argentino, uno de los más prestigiosos del mundo por su experiencia con los miles de desaparecidos en su país, para que realizaran su propia investigación. Sus conclusiones pusieron en evidencia a la PGR, ya que negaban la posibilidad de que en Cocula se hubieran quemado los 43 cuerpos.

El caso de los 43, como se le llama en México, movilizó a la sociedad como no lo habían hecho otros en un país que acumula 22.000 desaparecidos. El impacto se debió a la cifra y a que eran estudiantes de la escuela de Ayotzinapa; también a la incansable lucha de las madres.

Ha pasado un año y el Gobierno sigue produciendo versiones refutadas por los expertos extranjeros. En estos 12 meses, las madres y los padres han vivido un calvario y una gran soledad. Si no hay restos no puede comenzar el duelo. Viven en un laberinto, presos de la emoción y el temor a traicionar a sus vástagos.

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El Estado les falló en la protección de sus hijos, el Estado les ha fallado en la búsqueda de la verdad. El Estado se ha dejado en este caso un prestigio que no tenía. Pero ahí sigue, flotando como un corcho, inmune también al escándalo de las muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa y las matanzas de Veracruz.

Los 43 ya no ocupan portadas de periódicos ni abren informativos de televisión o radio, pero no han caído en el olvido. Los demás estudiantes mantienen las marchas en las que se enfrentan a la policía, un cuerpo que ven como parte del problema. Aún no se sabe la verdad científica, pero todo el mundo sabe en México que ningún desaparecido forzoso regresa jamás del país de los muertos y que el Estado está podrido. También sabe todo el mundo que México es un país con más del 90% de impunidad en los crímenes y que el Estado, en cualquiera de sus formas y expresiones, puede dormir tranquilo; lo más probable es que sus crímenes también queden sin castigo.

Ha pasado un año, la lucha continúa, la esperanza, también.