Telefónica reclama a Fomento daños y perjuicios por rescindirle un contrato que le adjudicó a dedo

Telefónica reclama a la Sociedad de Salvamento Marítimo (Sasemar), dependiente del Ministerio de Fomento, una indemnización de 3,1 millones de euros por la rescisión del contrato que le adjudicó en 2005 para prestar el Servicio de Identificación Automática de Buques (AIS por sus siglas en inglés). El contrato fue revisado y anulado en 2011 porque había sido adjudicado a dedo, sin concurso ni expediente ni publicidad. La decisión la tomó la entonces directora general de Sasemar, Pilar Tejo, pese a que carecía de competencias para adjudicar contratos por importe superior a los dos millones de euros. El de Telefónica, valorado en 17 millones, tenía además una duración de 10 años prorrogables indefinidamente, lo que contraviene la Ley de Contratos de la Administración Pública, que los limita, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, a cuatro años más dos de prórroga como máximo.

El pasado mes de abril, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 estimó parcialmente la demanda de Telefónica y condenó a Sasemar a indemnizarla con 1,3 millones de euros.  La empresa pública ha consignado ya la provisión correspondiente a esa suma, tal y como consta en sus cuentas de 2014. La compañía de César Alierta ha recurrido esa sentencia ante la Audiencia Nacional, donde reclama 3,1 millones de euros, según ha explicado a infoLibre un portavoz del operador. En su primera demanda, los daños y perjuicios fueron evaluados por Telefónica en una cantidad superior, 7,35 millones. Sasemar, por su parte, ha renunciado a recurrir el fallo. “Tras la nueva licitación, hemos conseguido un considerable ahorro en el contrato que compensa ampliamente la propia indemnización”, asegura la sociedad pública.

La sociedad estatal firmó con Telefónica el 23 de noviembre de 2005 el contrato para prestar el AIS, un sistema de seguimiento e información del tráfico marítimo basado en el GPS. Emite los datos básicos de los barcos: posición, rumbo, velocidad, destino, condiciones de navegación... por dos frecuencias de banda marina de VHF. Es obligatorio para todas las naves de pasajeros, los mercantes de más de 500 toneladas y los pesqueros a partir de 15 metros de eslora. Su fin es evitar colisiones y controlar el tráfico de barcos con cargas peligrosas, por ejemplo. Lo integran 38 estaciones de vigilancia distribuidas a lo largo de la costa. El sistema complementa al radar, que no funciona en caso de tormenta, y a las comunicaciones por radio y por satélite.

Ese contrato se firmó como un mero anexo a otro anterior, de 5 de junio de 2001, por el que Telefónica se encargaba de la Red Mercurio del Servicio Marítimo, que transmitía los avisos a los navegantes en aguas españolas, los boletines meteorológicos y todo tipo de mensajes de seguridad. La compañía llevaba prestando ese servicio desde 1997, el año en que fue privatizada.

Un contrato al margen de la ley

El contrato de 2005 fue firmado por Pilar Tejo, directora general nombrada por la ministra socialista de Fomento, Magdalena Álvarez. En 2011, ya con José Blanco al frente del departamento, el consejo de administración de Sasemar abrió un expediente para revisar el contrato. Pedía su nulidad porque en la adjudicación se había “prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

De hecho, no se convocó concurso, por tanto no se dio publicidad al procedimiento, ni se abrió ningún expediente de contratación. Además, la directora general de Sasemar ni siquiera estaba facultada para adjudicar contratos con un importe superior a los dos millones de euros, sino que debía haberlo aprobado el consejo de administración de la empresa pública. El gasto correspondiente tampoco fue aprobado por el Consejo de Ministros, un trámite de obligado cumplimiento para los contratos que superen los 12 millones de euros. Finalmente, la ley limita los contratos de servicio de telecomunicaciones a cuatro años, prorrogables por dos más. A Telefónica se le concedieron 10 años con una prórroga indefinida mientras ninguna de las partes denunciara el contrato.

Como parte de ese expediente de revisión, la Abogacía del Estado elaboró un informe favorable a la anulación del contrato. A su juicio, Telefónica había “adquirido derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición”, al haberse hecho con un contrato por 10 años cuando la ley no le permitía superar los seis. Después, Sasemar remitió la revisión al Consejo de Estado, que también informó a favor de la nulidad: sólo el hecho de que el contrato se celebrara sin que se tramitase expediente alguno implica que el procedimiento se “violentó de modo terminante y claro”.

Por su parte, Telefónica alegó entonces que la revisión del contrato atentaba contra el principio de seguridad jurídica por el tiempo transcurrido desde su firma –seis años–.

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Abertis, con todo el sistema de comunicación marítima

Sasemar sacó a concurso entonces, esta vez sí, el Sistema de Identificación Automática de Buques: un contrato de cuatro años a cambio de 5,66 millones de euros. Se presentaron Telefónica y Retevisión Abertis, que se hizo con la adjudicación. Desde entonces Abertis –renombrada en mayo como Cellnex Telecom– presta el servicio.

Telefónica también fue el operador del Servicio de Comunicaciones de Socorro en el Mar desde 2003 hasta 2009. En 2005 subcontrató parte de las operaciones con la empresa Preservi y 2004. Mantener esa subcontratación le costó a la compañía de César Alierta ser excluida del concurso convocado por Marina Mercante en 2008 para adjudicar de nuevo el servicio, por un importe de 42,5 millones de euros. También en este caso la adjudicataria resultó Abertis, que continúa al cargo de las comunicaciones de socorro. Aunque con recortes. En 2012 Fomento redujo un 30% la cuantía de un contrato que consideraba “sobredimensionado”, lo que se tradujo en el cierre de tres de los seis Centros de Control de Comunicaciones Radioeléctricas que hasta entonces operaban en la costa española.