El juez impone una fianza de 232 millones a Olivas y otros cuatro directivos de Bancaja por las inversiones en el Caribe

El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha impuesto fianzas solidarias de 232 millones de euros (264,4 millones de dólares) para el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia Jose Luis Olivas, y contra los banqueros Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Rafael Codoñer y José Cortina, por las ruinosas y presuntamente delictivas inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano.

En el caso de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó el juez les impone una fianza solidaria de 626,9 millones de euros (712,4 millones de dólares). Esta medida cautelar había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez la considera procedente para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran fijar en sentencia.

El magistrado ha tenido en cuenta que los imputados tienen un profundo conocimiento del mundo financiero internacional que aconseja adoptar las medidas necesarias para que no resulten ilusorias la ejecución definitiva de responsabilidades pecuniarias.

Andorra y Suiza

Para calcular las fianzas el juez ha valorado indiciariamente en 198,3 millones de dólares, la divisa en la que se realizaron las operaciones, la cuantía de la apropiación indebida y estafa, más el tercio que prevé la ley. El abono de Ferri y Baldo se incrementa 112 millones de dólares por el delito de blanqueo en relación con sus transferencias a Andorra y Suiza.

El juez explica en siete autos, uno por cada imputado, que los hechos investigados son graves, complejos y aparentemente delictivos. Se investiga si los imputados cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México, por el grupo Grand Coral.

En concreto, se están analizando las operaciones inmobiliarias denominadas Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón y Piedras Bolas, en Baja California y Vinorana en Riviera Maya, así como las operaciones para refinanciar la deuda del citado grupo empresarial.

En el caso de Ferri, Baldo y Poch el juez cifra en 140 millones de dólares las plusvalías que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio, según el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), de 246 millones o 250 millones de dólares, según el Banco de España. Con esas plusvalías, los tres imputados iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, unas cuentas que estaban en Suiza y Andorra.

Correos electrónicos

En relación con la actuación de los máximos directivos de las entidades bancarias, el juez explica cómo los correos electrónicos intervenidos revelan el malestar de los directivos de tipo medio de Bancaja ante los continuos excesos que llevaban a cabo los empresarios investigados.

Unas quejas, las de los directivos medios, "que parecían no tener eco en sus superiores, los cuales no sólo no parecieron tomar medida alguna para corregir los excesos, sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos".

"Si bien los máximos directivos de las entidades bancarias afectadas, que mantenían una estrecha relación con los empresarios investigados, no sólo no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio de los intereses de dichas entidades y favoreciendo los intereses particulares de los referidos empresarios", indica el juez en uno de los autos, que prosigue. "Y todo ello en contra de los socios mayoritarios y de las entidades bancarias, generando un perjuicio para las mismas".

Según el juez, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia actuó como máximo dirigente de ambas entidades, interviniendo en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron con carácter urgente para comprar la finca Vinoramas.

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Numerosas irregularidades

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona el juez aportan datos sobre las numerosas irregularidades observadas y la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas, de forma que los terrenos comprados se revalorizaban de forma elevada en el momento anterior a su adquisición, desviándose las plusvalías generadas a cuentas corrientes de Andorra y Suiza.

En esta actuación "difícilmente explicable" según el juez, el magistrado añade los viajes a Cuba de José Luis Olivas y otros altos cargos acompañando a los empresariosJosé Luis Olivas y sufragados por estos últimos que "difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios".