Memoria histórica: por una comisión de la verdad

Han pasado cuarenta años desde la muerte del dictador y treinta y siete desde la aprobación de la Constitución y el triunfo político de la democracia y, sin embargo, sigue pendiente el completo reconocimiento de las víctimas del franquismo y el esclarecimiento total de la verdad.

Con el golpe de estado de julio de 1936 se asesinó vilmente a muchas cientos de miles de defensores de la República, la mayoría sin juicio, sólo por defender la legalidad. Eran hombres y mujeres de distintas organizaciones, socialistas, ugetistas, comunistas, anarquistas, pero también republicanos, nacionalistas, sencillamente gente de bien. Muchos de ellos enterrados en fosas comunes y cunetas, cuyo paradero es aún hoy desconocido para sus familiares y cuyos restos no pueden ser exhumados. Otras decenas miles fueron objeto de represión posterior por la dictadura, además de miles de niños robados a su madre para ser dados en adopción.

La transición tuvo un objetivo muy importante, la reconciliación entre los españoles tras ciento setenta años de enfrentamientos, casi siempre cruentos, entre los españoles, pero se llevó a cabo con olvido de las víctimas del franquismo, no de las otras que ya habían sido reconocidas públicamente y sus familias muy bien reparadas. Pero para las primeras hubo un pacto tácito de silencio, que las hacía doblemente víctimas, por haber sido asesinadas y por el olvido en el que se las mantuvo.

La conciencia de su existencia y de la injusticia del olvido llevó a finales de los años noventa a promover su reconocimiento por los familiares, organizados a través de asociaciones de víctimas y también de memoria histórica, que exigían la localización y descubrimiento de las fosas comunes y la justicia y reparación del daño causado.

Porque su reconocimiento y dignificación era y es un deber moral en la vida política y signo de fortaleza de la democracia. La historia no puede construirse sobre el olvido de las víctimas, sino bajo los principios de verdad, justicia y reparación, que son los únicos que pueden cerrar las heridas que aún permanecen abiertas.

Las primeras actuaciones colectivas para investigar los crímenes franquismo se iniciaron por numerosas asociaciones de víctimas del franquismo en el año 2006 ante la Audiencia Nacional, denunciando la existencia de miles de desaparecidos y asesinados, para que se investigara la verdad, para su localización e identificación y entrega a familiares, y para el esclarecimiento y persecución de los crímenes de lesa humanidad, permanentes e imprescriptibles, que se hubieran producido. Conforme a previsiones de distintos convenios internacionales en esa materia que obligan a España.

Esas denuncias llevaron a la apertura de diligencias penales por el juez Garzónapertura de diligencias penales por el juez Garzón, único juez que se ha atrevido a investigar la responsabilidad penal de los golpistas que se levantaron contra la república. Pero el Tribunal Supremo archivó la causa y Garzón fue expulsado de la judicatura. Y aunque se sigue también una acción judicial ante un juzgado argentino, el Gobierno de Rajoy se ha opuesto a la extradiciones solicitadas por la jueza Servini, sin tampoco plantear sigue la responsabilidad penal que pudiera aún existir.

En 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica, promovida por el Gobierno de Zapatero, primer paso del Parlamento para intentar recuperar y hacer justicia a la memoria de las víctimas del franquismo. Supuso, entre otras cosas, la aplicación de una partida de los PGE para exhumaciones y apoyo a las asociaciones de memoria y de víctimas, y a las familias; y la apertura de una Oficina de Víctimas del Franquismo y de la Dictadura que sirviera de apoyo público a aquéllas.

Fue una ley moderada, para algunos insuficiente, por buscar incorporar a aquella tarea a la derecha política, como ha ocurrido en otros países europeos que han sufrido conflictos y situaciones como la vivida en España. Pero la derecha política española, demasiado condicionada por las raíces franquistas de muchos de sus miembros, se opuso y sigue oponiéndose a su aplicación. Y cuando Rajoy ganó las elecciones el presupuesto lo dejó en cero euros y la Oficina de Víctimas se cerró.

Todavía estos días hemos debatido en el Congreso y Senado enmiendas para recuperar aquella partida para el 2016 y abrir de nuevo la Oficina, pero el PP en solitario volvió a negarse. El argumento alegado los años anteriores de que estábamos en crisis y había que hacer ajustes esta vez ya no les servía, pues ahora cantan a muchas voces que estamos en plena recuperación, aunque a las víctimas del franquismo no les llega un euro de esa recuperación. Ahora afirman con descaro que ya no quedan fosas que descubrir. Puro cinismo.

Lo cierto es que gracias a la Ley de Memoria Histórica se ha podido levantar un mapa de fosas, habiéndose localizado 2.382 fosas comunes, referentes a unas 45.000 víctimas. Desde 2.000 se han abierto aproximadamente 300, poco más del 10%, rescatando unos 6.500 cuerpos (2.840 en cementerio de Málaga). Siguen quedando muchas decenas de miles de cuerpos sin localizar, sin identificar y sin un entierro digno por sus familiares. Y queda el descubrimiento de la verdad.

Recientemente dos organismos de la ONU han aprobado sendos informes, uno del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, de septiembre 2013, y el segundo del relator especial de para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación, de julio 2014, que recogen importantes recomendaciones al Gobierno de Rajoy sobre los derechos de las víctimas. Valorando la Ley de Memoria Histórica, son una dura denuncia por la ausencia de una política sobre las víctimas, reclamando políticas públicas a favor de la memoria y recursos presupuestarios públicos para esa finalidad. El segundo de ellos, tras señalar que “la asistencia a las víctimas no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos”, daba un plazo de tres meses al Gobierno para proponer ayudas para exhumaciones y para eliminar los signos que aún quedan del franquismo, y son muchos, en instituciones y lugares públicos, incluidos edificios religiosos. La respuesta de Rajoy ha sido que ya está todo hecho, con desprecio a la ONU por un país miembro del Consejo de Seguridad, y a las víctimas.

Juristas y políticos reclaman una Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas

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Y la ONU propone la creación de una Comisión de la Verdad, con pleno apoyo institucional, como en otros muchos países que han vivido estos conflictos, integrada por expertos independientes y encargada de determinar la realidad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura, en particular las desapariciones forzadas, incluidos los niños robados.

Pronto se celebrarán elecciones generales y una nueva mayoría parlamentaria deberá abordar estos temas con determinación, promoviendo una Comisión de la Verdad, para que las heridas se cierren definitivamente y para que los principios de verdad, justicia y reparación se apliquen y nuestra democracia sea plena. _____________________________

Manuel de la Rocha Rubí es diputado del PSOE.