Más de 850 fiscales se rebelan contra una ley “inviable que favorece a los corruptos”

Más de 850 fiscales de los 2.500 de toda España habían firmado la mañana del miércoles una carta dirigida al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al Consejo Fiscal en la que les transmiten su "profunda inquietud" por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé el cierre de las investigaciones judiciales en seis meses, dejando un plazo máximo y excepcional de 36 meses para las causas más complejas, como por ejemplo los casos Gürtel y Bárcenas.

En concreto, el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Partido Popular en solitario, especifica que los procesos penales podrán alargarse un máximo de seis meses. Estas causas solo podrán ser prorrogables, a instancias del fiscal, por el mismo periodo de tiempo. Y en el caso de que la causa sea compleja, los plazos serán de 18 y 36 meses.

La norma, que entrará en vigor el 5 de diciembre, impedirá a los fiscales reclamar más pruebas pasados los plazos tasados: "No se va a poder cumplir", explica Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que destaca que la gente que está "en las trincheras, no la jerarquía de la Fiscalía, no va a poder reclamar a los jueces la causa y estudiársela. Por eso muchas causas llegarán a juicio cortas de prueba o no llegarán. Es una ley absurda y nosotros solo pedimos más tiempo para prepararnos".

Carta a Catalá

infoLibre ha tenido acceso a la carta que van a dirigir los fiscales al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que cuenta con el apoyo de las tres principales asociaciones de fiscales: Asociación de Fiscales, Asociación Progresista de Fiscales, y Asociación Independiente de Fiscales.

En la misma, los firmantes aseguran que la reforma procesal "tendrá inevitablemente efectos indeseados en la Administración de Justicia". El documento considera de imposible cumplimiento "con los medios personales y los recursos materiales con que contamos en la actualidad", completa Viada, que mantiene que la ley, desde un punto de vista técnico, no está muy bien hecha, "ya que tiene lagunas groseras".

Un millón de causas

La nueva ley prevé la revisión de cerca de un millón de causas, que tendrán que llevar a cabo los fiscales, que temen que esta celeridad pueda crear "espacios de impunidad que favorezcan a los corruptos", según aseguró a este diario el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, que sostiene que la aplicación de la ley es "inviable" pues obliga a los fiscales a revisar la mayor parte de las 970.000 causas judiciales que permanecen vivas.

Pero además de considerar la aplicación de la reforma de la ley "inviable" y "que favorece a los corruptos", García pone como el ejemplo del caso del asesinato de la joven madrileña Eva Blanco, cuyo presunto autor fue arrestado en Francia 18 años después de haberse cometido el crimen: "Si el caso no hubiera sido revisado, o simplemente no hay evidencias, el procedimiento estaría cerrado, por lo que las pruebas de ADN conseguidas por la Policía no servirían para nada. Con esta decisión del Gobierno del PP se corre el peligro de que muchos delitos queden impunes", completa el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García.

Precisamente, Álvaro García destaca que en la norma hay cuestiones que no están claras, como por ejemplo los plazos: "En el caso Gürtel las partes han presentado cerca de un centenar de recursos, algo que no interrumpe el plazo de los seis meses, pero sin embargo estos recursos sí paralizan el trabajo del Juzgado".

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Los sumarios, en los juzgados

En similares términos se expresa el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, que considera de "imposible cumplimiento" la nueva norma, ya que los fiscales carecen de las herramientas informáticas necesarias: "El principal problema es que las causas judiciales se encuentran en papel en los juzgados y si no las mandan, los fiscales no nos enteramos de su existencia. Van a darse muchas sorpresas y el plus de esfuerzo que se nos pide es que nos enteremos de las cosas que tienen los jueces. No me pueden pedir que controle al vecino", resalta contrariado Frías.

Al cierre de esta información, las asociaciones de jueces negociaban la noche de este miércoles su adhesión a la rebelión de los fiscales. Los jueces y magistrados coinciden con los fiscales en que los plazos de seis meses, sin aportar nuevos medios materiales o humanos a los juzgados, promoverán la impunidad de los corruptos, según confirmó a infoLibre el portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch.