Los banqueros condenados hasta ahora en España no pisarán la cárcel

La Justicia condenó en octubre pasado a cinco ex altos directivos de bancos por su papel en la crisis. En total, el número de banqueros condenados es de 26, y pasarán sumando las penas de todos ellos 72 años en prisión. Esta noticia no se refiere a España, sino a Islandia, un país que ha sabido superar el colapso financiero y depurar las responsabilidades de la caída del sector bancario.

Mientras tanto, aquí, solo nueve exdirectivos de Caixa Penedès y Novacaixagalicia han sido condenados a penas que van de uno a dos años. Pero como ninguno de ellos tiene antecedentes penales, nadie ingresará en prisión.

Se trata en concreto del ex director general de Caixa Penedés Ricard Pagès (2 años); y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas, condenados a un año de cárcel. Y también José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán; y el expresidente Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas, estos dos últimos como cooperadores.

Devolución del dinero

Tanto en el caso de la entidad catalana como la gallega los directivos han sido condenados por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias. Los primeros tendrán que devolver 28,6 millones y 14 los gallegos.

Y en el futuro próximo tampoco habrá cambios significativos en las sentencias previstas, ya que en el juicio que se celebrará en febrero próximo contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, y contra el ex director general Ildefonso Ortega, la pena máxima solicitada por la Fiscalía Anticorrupción es de dos años y medio de cárcel por un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad.

La acusación popular de Adicae pide cinco años de cárcel para Moltó y su número dos, una cifra idéntica a la reclamada por la acusación particular de Banco CCM, hoy Liberbank.

Absolución en la CAM

Pero el caso más sonado, y que muestra las dificultades de la justicia española para condenar las actividades de los banqueros que hundieron a las cajas, fue la absolución de los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Meditaráneo (CAM).

Estos banqueros, considerados responsables del mayor agujero del sistema financiero español, pues el Estado español tuvo que consignar 24.000 millones para sanear la caja por 22.400 millones de Bankia, han logrado eludir su primera petición de cárcel.

La Audiencia Nacional exoneró a los exdirectivos de CAM Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés, para los que la Fiscalía pedía cuatro y dos años y medio de prisión, respectivamente, de haber ideado un sistema ilegal de cobro de dietas en una empresa participada de la caja.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional exoneró, además, a los otros 18 presuntos partícipes a título lucrativo de devolver las cantidades que percibieron como miembros de la comisión de control de la empresa Tenedora de Inversiones (TI), que ascendieron a 1,4 millones de euros.

El Supremo revisa la sentencia

No obstante, el pasado 3 de noviembre el Tribunal Supremo deliberó acerca de la conveniencia de repetir el mencionado juicio tras aceptar dos recursos interpuestos por el Fondo de Garantía de Depósitos y la Fundación CAM contra la resolución dictada.

Al margen de la decisión del Supremo, que se dará a conocer en los próximos días, está claro que el resultado de la acción de la justicia española difiere, hasta el momento, de la de Islandia, pero incluso también de la de Estados Unidos. Las autoridades de Washington no dudaron en encarcelar de forma fulgurante al estafador Bernard Madoff, que cumple 150 años de cárcel por la mayor estafa piramidal de la historia: 35.570 millones de euros.

El agujero de la banca española, que según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas ha necesitado más de 100.000 millones de euros para evitar la quiebra del sector bancario, es tres veces superior al que supuso la estafa perpetrada por Madoff.

200 banqueros y empresarios imputados

Mientras tanto, la acción de la justicia española sigue con lentitud, pese a que en noviembre de 2013 cerca de 200 exconsejeros de cajas de ahorros y empresarios ligados a las mismas permanecían imputados en toda España por su relación con los presuntos delitos cometidos en el seno de las diferentes cajas de ahorros.

Llama la atención que hasta el momento, y a falta de que los jueces y fiscales vayan cerrando sus investigaciones, los exdirectivos de las cajas solo han tenido que afrontar juicios por la percepción de sobresueldos irregulares. Pero no por su gestión delictiva.

Banco de Valencia, una excepción

Una de las excepciones a este modus operandi de la justicia es el caso Banco de Valencia, que necesitó 17.000 millones de euros antes de ser vendido a Caixabank por 1 euro. Instruido en la Audiencia Nacional por el titular del Juzgado Central de instrucción número 1, Santiago Pedraz, tiene más de 30 imputados.

Desde un principio, y de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado partió el caso en una rama principal, de la que se desgajaron una decena de piezas separadas en las que se investigan operaciones concretas.

Gracias a esta forma de actuar, Pedraz está a punto de cerrar la primera de estas piezas. En concreto, se trata de la relacionada con el agujero que sufrió Banco de Valencia al decidir su anterior cúpula directiva la entrada en el accionario de Aguas de Valencia de la mano de los empresarios Calabuig, cinco de los cuales están imputados.

El pasado octubre Pedraz reclamó a las partes que le indicaran sí tenían alguna diligencia más que solicitar, en lo que parece un claro movimiento previo al cierre de la instrucción.

Además, el juez Pedraz ha citado para esta semana a los primeros peritos del Banco de España que realizaron informes sobre el Banco de Valencia. Y posteriormente tiene intención de citar a declarar como imputados a los directivos de Banco de Valencia que fueron objeto de la querella por parte del abogado Diego Muñoz-Cobo, en nombre de los pequeños accionistas de la entidad (Apabankval).

Andreu no quiere investigar Caja Madrid

Por el contrario, el caso Bankia, instruido por Fernando Andreu, ha seguido derroteros muy diferentes. Iniciado por la querella del abogado Andrés Herzog, hoy máximo dirigente de UPyD, el titular del Juzgado Central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional solo ha querido investigar la fusión y la salida a bolsa de Bankia.

En todo momento el juez ha rechazado asumir investigaciones concretas, como por ejemplo cuando el juez de Madrid Elpidio José Silva, expulsado de la carrera judicial tras encarcelar a Miguel Blesa, le pidió que asumiera la investigación de los créditos del expresidente de la patronal de Caja Madrid, Gerardo Díaz Ferrán, o la compra del City National Bank de Miami. Ambos casos están archivados.

La negativa de Andreu, que también rechazó asumir otra querella interpuesta por UPyD por la gestión de Miguel Blesa en Caja Madrid, y que ahora se instruye en parte en un juzgado de instrucción de Madrid, ha hecho que los diferentes casos se investiguen, de forma individual, por otros jueces. La percepción de sobresueldos irregulares por un valor de 15 millones por parte de Blesa y de su equipo se está instruyendo en un juzgado ordinario de Madrid (Plaza de Castilla).

Además, la propia instrucción del caso ha reducido el número de imputados de Bankia de 36 a cuatro, que son los directivos que han tenido que afrontar junto con Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la fianza de 33,4 millones, que son Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

Sin embargo, Andreu sí que asumió, dentro del caso Bankia, la investigación de las tarjetas black. Siguiendo las conclusiones del Ministerio Público, este magistrado acordó el archivo de las imputaciones realizadas en un principio contra los exdirectivos Blesa y Rato. La Sala de lo Penal revocó esta decisión, por lo que tanto los consejeros nombrados por los políticos como la guardia pretoriana de Blesa y Rato permanecen imputados por gastar cerca de 15 millones de euros de forma indebida.

Treinta denuncias de Bankia

Un total de 126 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros en 2015

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Bankia, según la información difundida por la propia entidad, ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción una treintena de operaciones bancarias de los periodos de Miguel Blesa (Caja Madrid), Rodrigo Rato (Caja Madrid y Bankia) y José Luis Olivas (Bancaja, Banco de Valencia y Bankia). Como por ejemplo el caso Grand Coralcaso Grand Coral, heredado por Bankia pero que tuvo su origen en las inversiones realizadas por Bancaja.

Solo en la operación de Grand Coral, que consistió en la compra de terrenos y hoteles en el Caribe mexicano, Bankia perdió alrededor de 200 millones de euros.

Entre estas denuncias presentadas por el grupo BFA-Bankia ante la Fiscalía Anticorrupción se encuentran también las operaciones financieras de Share Capital, Ferrobús y Fuentes de Chiva, cuyo recorrido judicial no ha trascendido.