La subasta de medicamentos se impone al copago

El Gobierno está perdiendo una de las principales guerras emprendidas contra la Junta de Andalucía en una legislatura donde el enfrentamiento entre ambas administraciones ha sido llevado sistemáticamente al Constitucional. La subasta de medicamentos, ideada por el Ejecutivo andaluz para reducir el abultado gasto farmacéutico, sigue su curso a pesar de los numerosos recursos presentados por el Estado en los tribunales, que, de momento, van frenando la intención de Rajoy: paralizarla.

La medida consiste en seleccionar, por convocatoria pública, los medicamentos que se recetan por principio activo -la sustancia que produce el efecto del fármaco-, que alcanzan el 93% de las prescripciones, según la Consejería andaluza de Salud. Para el Gobierno, la subasta invade competencias del Estado. Para la Junta, el Gobierno recurre porque se pone del lado de la industria farmacéutica. El Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. “Son mejoras económicas directas que las empresas hacen al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a cambio de que éste les garantice la exclusividad en la dispensación de sus productos durante el plazo establecido en la convocatoria, un máximo de dos años, sin que ello afecte o interfiera en el precio de venta de los medicamentos, cuya fijación corresponde exclusivamente al Ministerio de Sanidad”, explican desde la consejería.

La Junta, que prohibirá por ley el copago en una norma con la que pretende blindar la sanidad pública, siempre ha defendido la subasta en contraposición con la reforma sanitaria de Rajoy en 2012. Mientras la subasta repercute en la cuenta de resultados de la industria farmacéutica, el nuevo copago –que afectó por primera vez a los pensionistas– recae sobre el bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué modelo es más beneficioso para las arcas públicas? Preguntados insistentemente por infoLibre, ni el Ministerio de Sanidad ni la Consejería de Salud informan sobre el ahorro que ha supuesto el copago en Andalucía, aunque fuentes próximas al sector sanitario calculan que la cifra es inferior a la conseguida con la subasta. Es decir, la subasta sería más eficiente que el copago.

La Junta prevé con ella un ahorro de 121 millones este año. “Se trata, por tanto, de una medida que compensa, pues está contribuyendo de forma importante a la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, sin afectar, en absoluto, a la calidad de la asistencia sanitaria de los pacientes. Todo lo contrario”, explica el subdirector de Farmacia y Prestaciones del SAS, Antonio Peinado.

La cifra, sin embargo, está por debajo de los 200 millones anuales previstos. “Se habría logrado fácilmente si no fuese por la injustificable oposición del Ministerio de Sanidad a la medida y el efecto disuasor que ello ha tenido para que presenten ofertas todas las empresas que podrían hacerlo”, denuncia Peinado. En la primera convocatoria, siete laboratorios se echaron para atrás presionados por el Gobierno, según la administración autonómica. Si la subasta se extendiera a todo el Estado –añade Peinado– podría generar unos 1.500 millones de euros para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

El fracaso del copago

El Ministerio de Sanidad asegura que el ahorro desde la puesta en marcha de las medidas relacionadas con farmacia incluidas en la reforma sanitaria de julio de 2012 –bajadas de precios, el impulso de nuevos genéricos y el copago– ha superado los 5.420 millones de euros. Pero tampoco aporta una cifra desglosada del ahorro que ha supuesto el copago en todo el sistema sanitario español. A través de su gabinete de prensa, se refieren a este modelo de financiación como “sistema de aportación del usuario, para que pague más quienes más tienen” y afirman que el objetivo del copago no es el ahorro sino la cohesión y la equidad del sistema. El nuevo posicionamiento del Gobierno, que contrasta con la línea mantenida en la etapa de Ana Mato, indica síntomas de que su medicina para preservar la salud del sistema sanitario no está resultando suficientemente eficaz. La propia Cospedal llegó a oponerse al copago hospitalario y el Consejo de Estado cuestionó el ahorro que supone cobrar por el traslado en ambulancia.

Ahora, además, el Gobierno ha planteado en un decreto de precios y financiación una medida similar a la adoptada por la Junta. “Lo llamen como lo llamen, es una subasta de medicamentos”, destacó esta semana la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Parlamento andaluz. ¿Qué diferencia hay entre la selección de precios de medicamentos impulsada por el Gobierno y la subasta andaluza? “Se propone un sistema que sólo sería aplicado en situaciones de necesidad tanto económica como de protección de la salud. El sistema que se aplicaría entonces es el de 'precios seleccionados'. Según este sistema, el Gobierno podría fijar el precio del medicamento afectado por esta situación excepcional teniendo en cuenta los precios que hay en el mercado. Una vez fijado el precio seleccionado, todos los laboratorios pueden aceptar el precio, no se beneficia solo a uno de ellos”, explican desde el Ministerio.

No obstante, según el subdirector de Farmacia de la Junta, en el último borrador que se ha dado a conocer a las comunidades, el procedimiento desaparece, “por lo que puede pensarse que el ministerio opte por una ronda de negociaciones con los laboratorios para la bajada de precios, algo que no conseguirá los mismos resultados que un procedimiento público”. El Supremo, por otra parte, acaba de tumbar el real decreto que obligaba a los laboratorios a abaratar los fármacos en España si en otro país de la Unión Europea lo vendían a un menor precio.

La Junta niega desabastecimiento y falta de calidad

Hasta el momento, ha habido siete convocatorias en Andalucía. Entre los medicamentos seleccionados hay antihipertensivos, analgésicos, ansiolíticos, antiinflamatorios, antitrombóticos, reductores del colesterol y los triglicéridos, tratamientos para el cáncer de mama y de próstata, inmunosupresores y protectores gástricos, entre otros. En total, se han seleccionado 722 formulaciones de una veintena de laboratorios, según Salud.

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Farmacéuticos y asociaciones de pacientes han denunciado desabastecimiento e incluso falta de seguridad en algunos medicamentos provenientes de laboratorios asiáticos, dos aspectos que la Junta también niega. “Los medicamentos seleccionados, al igual que el resto de fármacos comercializados legalmente en España, tienen su calidad controlada y garantizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Como medicamentos genéricos que son, dicha agencia también controla y es la responsable de garantizar que tienen exactamente la misma eficacia que el preparado original”, responde el subdirector de Farmacia. Afirma que de las 194 alertas por falta de calidad de medicamentos de uso humano que tiene registradas en su página web la AEMPS, sólo tres se refieren a medicamentos seleccionados por el SAS y de ellas, dos son de laboratorios nacionales. “La tercera, de un laboratorio indio, afectó a numerosos preparados comerciales, no sólo al seleccionado”, concluye.

Sobre el desabastecimiento, el subdirector de Farmacia asegura que no es mayor que el que afecta al resto de los medicamentos del mercado: “Como lo demuestra el hecho de que muy raramente aparecen en el listado de medicamentos con problemas de abastecimiento que publica la AEMPS en su página web. Por ejemplo, el 22 de junio aparecían en ese listado 192 medicamentos y ninguno de ellos era de los seleccionados por el SAS. Y, desde luego, no pueden tener esa trascendencia sanitaria pues se trata de medicamentos genéricos con muy fácil sustitución por otros disponibles en el mercado”. No obstante, insiste Peinado, el SAS penaliza esos desabastecimientos “puntuales” exigiendo a los laboratorios responsables el abono de las mejoras correspondientes aunque no hayan sido suyos los medicamentos dispensados.

El PP andaluz presentó el pasado septiembre en la Comisión de Salud del Parlamento autonómico una proposición no de ley para retirar la subasta, pero fue rechazada con los votos del PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Estas dos últimas fuerzas políticas están a favor de la subasta, pero cuestionan el ahorro supuesto hasta el momento.