Latinoamérica
Macri, el magnate que vende eficiencia y alegría
El candidato opositor Mauricio Macri fue electo el domingo por la noche presidente de Argentina en una segunda vuelta muy pareja con el 51,4% frente al 48,6% del oficialista Daniel Scioli. Es la primera vez en la historia del país que un partido de derecha llega al poder mediante sufragio universal. Es difícil identificar con precisión las causas capaces de explicar la ajustada victoria de este empresario millonario de 56 años, pero sin duda una de ellas fue su habilidad para erigirse como el encargado de llevar adelante un cambio superador de lo existente frente a un gobierno que luego de doce años en el poder se limitó a mostrarse como la garantía de las conquistas económicas y sociales logradas tras la crisis de 2001. Si bien un porcentaje amplio de la población valora esas conquistas, ya las siente como propias y por lo tanto decidió no votar para conseguir lo que ya tiene, pese a que el gobierno insistió en mostrar a Macri como una amenaza para lo construido.
El PRO, la formación de Macri, que se presentó a la elección como líder de la Alianza Cambiemos, efectivamente, es distinto del Frente para la Victoria, la vertiente peronista de izquierda que gobierna Argentina desde mayo de 2003. El kirchnerismo, como se lo conoce habitualmente, reivindica el papel del Estado como protagonista de la economía, mientras que el PRO identifica al mercado como el mejor asignador de sus recursos.
Este partido reconoce que el Estado tiene un papel que cumplir, pero lo limita a la asistencia social y la generación de oportunidades de negocios para el sector privado. No cree que el Estado deba gestionar empresas. Por eso sus dirigentes se opusieron a todas las estatalizaciones que concretó el kirchnerismo. El PRO se nutre de organizaciones del sector privado como ONG, think tanks, fundaciones y gerentes de empresas. Creen que la eficiencia está en el sector privado, pero luego de la crisis de 2001 aprendieron que sólo participando en política se puede cambiar la realidad. Un ejemplo de su apuesta por los cuadros gerenciales del sector privado quedó de manifiesto en los últimos días cuando trascendió que, ya sabiéndose ganador de la elección de ayer a partir de lo que pronosticaban las encuestas, lanzó una convocatoria reservada para sumar a la próxima gestión a unas 300 personas que ocupan altos cargos en grandes empresas.
Esta filosofía se combina con una puntillosa estrategia de marketing donde lo importante para mostrarle a la gente no es el programa de gobierno que buscan llevar adelante, sino una serie de ideas fuerza como la necesidad de privilegiar el diálogo, unir a los argentinos, trabajar en equipo, recuperar la confianza y gobernar con amor y paz. Esa especie de revolución de la alegría y las buenas ondas se complementa con una estética rigurosamente planificada. El festejo de anoche fue el mejor ejemplo de cómo un acto político puede ser presentado como una fiesta de casamiento, en la que los candidatos electos agradecen como si fueran los novios y luego bailan junto a cientos de invitados de elegante sport con música de moda a todo volumen y globos de colores decorando el salón.
Esto no significa que los líderes del PRO no hayan hecho propuestas concretas durante la campaña. De a poco y sin grandes precisiones fueron mostrando sus cartas a medida que se acercaba la segunda vuelta, dejando en claro su neoliberalismo económico, el deseo de alinearse con los Estados Unidos y el poco entusiasmo que, como mínimo, les genera que se sigan investigando los crímenes de la última dictadura militar y su red de complicidades. Lo que sigue es un detalle de lo que han planteado en temas clave como política cambiaria, de precios, industrial, la negociación con los fondos buitre, la inserción internacional y política de derechos humanos.
Dólar, precios y subsidios
La economía argentina se mueve al ritmo del dólar. Por lo tanto, las restricciones cambiarias que introdujo Cristina Fernández de Kirchner hace ya cuatro años afectaron el crecimiento económico y ocuparon ahora el centro de la campaña electoral. Macri aseguró que va a terminar con el cepo cambiario que afecta a las inversiones e impide comprar dólares libremente, lo que dio lugar al surgimiento de un dólar negro que cotiza a casi un 60% más que el valor oficial (15,10 versus 9,67 pesos).
Los especialistas coinciden en que si se levanta el cepo, subirá la cotización del dólar oficial, al menos en el corto plazo, debido a una combinación explosiva entre demanda reprimida y escasez de divisas en el Banco Central. En el PRO reconocen esa situación, pero afirman que en el medio plazo entrarán más dólares al sistema. Además, prometen potenciar ese flujo con mayores incentivos a los productores rurales, como, por ejemplo, la eliminación de los derechos de exportación de la mayoría de los cultivos. Desde el gobierno, respondieron que la devaluación del peso que promueve Macri afectará al poder adquisitivo de la mayoría de la población.
Cuando le preguntaron a Alfonso Prat Gay, uno de los economistas del PRO, cómo repercutiría en los precios esa medida aseguró que la subida del dólar oficial no afectará “prácticamente a nadie” porque la gran mayoría de la población tiene como referencia el dólar negro. El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, le contestó que “en los últimos 12 meses hubo 40.000 millones de dólares en importaciones que se hacen al tipo de cambio oficial, así que imaginen ustedes lo que ocurriría con los precios de los bienes importados (electrónicos, autos, etc.) en caso de una gran devaluación”.
El PRO también adelantó que pondrá fin a los acuerdos de precios porque provocan distorsiones. Su objetivo será bajar la inflación con políticas macroeconómicas. Además, Macri dijo que eliminará los subsidios a las tarifas de la luz, el gas y el transporte, manteniéndoselos sólo a aquellas familias que acrediten estar en situación de pobreza. Esa medida también repercutirá en la inflación, pero el líder del PRO señaló que es necesario “sincerar” ciertas variables para reducir el déficit fiscal que este año llegó al 7% del PIB. Lo llamativo es que al mismo tiempo propone una reducción impositiva a partir de la subida del piso de ingresos establecido para pagar el Impuesto a las Ganancias, lo que beneficiará a la clase media alta.
Macri también prometió regularizar el sistema nacional de estadísticas, muy cuestionado desde 2007 por supuesta manipulación de distintos índices. De hecho, la última vez que el gobierno difundió el Índice de Pobreza fue el 29 de octubre de 2013, hace ya más de dos años. Desde entonces no hay ninguna estadística oficial sobre pobreza.
Industria
Desde el equipo económico del PRO adelantaron durante la campaña que desmantelarán el sistema de declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) que durante los últimos años protegió a varios sectores industriales de una avalancha importadora. “Vamos a dejar de lado el sistema de DJAI porque un fallo de la Organización Mundial del Comercio nos obliga a hacerlo a partir del 31 de diciembre”, aseguró Rogelio Frigerio, unos de los principales referentes económicos del PRO, en una reunión con industriales.
En ese encuentro, también afirmó que va a “utilizar otras medidas inteligentes para cuidar el empleo sin cerrar el país”, aunque no dio precisiones de qué medidas pondrá en marcha y a qué sectores protegerá. Varias asociaciones industriales se manifestaron preocupadas porque temen que Macri abra la economía para intentar bajar la inflación, como se hizo varias veces en la historia argentina, lo que trajo como contrapartida un creciente desempleo. De hecho, el Ministerio de Trabajo distribuyó la semana pasada un informe donde destacaba que el esquema vigente de administración de comercio exterior protege 300.000 puestos de trabajo directos en la industria automotriz, metalúrgica, textil, del calzado y juguetera.
Negociación con fondos buitre
Es uno de los temas principales que deberá resolver Argentina si quiere volver a tomar deuda en el mercado internacional, fundamentalmente en Nueva York. En junio del año pasado, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme el fallo del juez Thomas Griesa que obligaba al Estado argentino a pagarle a una serie de fondos buitre la totalidad de la deuda que reclaman en un pago en efectivo, Macri se manifestó a favor de cumplir con el fallo. “Ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo hay que hacerlo. Si no, entramos en default. Tenemos que ir y pagar y si hay que pagar al contado se pagará al contado”, declaró entonces.
Esa postura no fue bien recibida por la mayoría de la población que ve a los buitres como grupos de especuladores que buscan obtener ganancias extraordinarias litigando en los tribunales internacionales. Por lo tanto, a medida que se aproximaba la campaña Macri evitó volver a hablar del tema. Rogelio Frigerio aseguró hace poco que la idea es acordar con los buitres, pero no dio precisiones. “Mauricio Macri va a negociar a cara de perro con los holdouts para que tenga el menor costo posible para los contribuyentes y podamos volver a tener crédito”, aseguró. La toma de crédito es central dentro de la estrategia del PRO y si soluciona el conflicto con los buitres podrá hacerlo sin inconvenientes, más allá de la posible alza de tasas que decida la Reserva Federal norteamericana en las próximas semanas, porque el kirchnerismo dejó una deuda pública externa que está por debajo del 10% del PIB.
Impacto regional
La llegada de Macri al gobierno marcará un punto de inflexión a nivel regional. “Como presidente, me comprometo a pedir que se aplique la cláusula democrática a Venezuela en la región”, aseguró en el debate presidencial previo a las elecciones. De este modo, dejó en claro que buscará expulsar a Venezuela de Mercosur y Unasur por supuestas violaciones a los derechos humanos. El líder de Cambiemos ya había anticipado esta postura cuando criticó la condena de 13 años de cárcel contra el opositor venezolano Leopoldo López.
En Mercosur rige un Protocolo sobre Compromiso Democrático aprobado en 1998 que prevé la suspensión como miembros del bloque de aquellos países donde se produce un golpe de Estado. Ese protocolo se le aplicó a Paraguay en junio de 2012 luego de que el presidente Fernando Lugo fuera destituido por el Congreso. A su vez, Unasur aprobó en noviembre de 2010 en Georgetown un texto todavía más duro que prevé la suspensión dentro del organismo regional y escala hasta llegar al cierre de las fronteras con interrupción del comercio y las comunicaciones.
La promesa de Macri de avanzar en esa dirección provocará divisiones en esos espacios regionales, donde hasta ahora los países miembros cerraron filas con Venezuela. A su vez, el flamante presidente electo buscará una mayor cercanía con los Estados Unidos, marcando diferencias con la política de independencia respecto de la principal potencia continental, diseñada por Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Hugo Chávez a partir de noviembre de 2005, cuando se opusieron a la formación del Área de Libre Comercio de las Américas que impulsaba George W. Bush.
Crímenes de la dictadura
Cuando asumió el poder en mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner respaldó la investigación judicial de los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983), proceso que había sido obstaculizado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Kirchner solicitó al Congreso que declarara nulas las leyes de impunidad, ordenó bajar el cuadro del represor Jorge Videla de la galería de honor del Colegio Militar y recuperó el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había funcionado como centro de tortura, para que se erigiera allí un Museo de la Memoria.
Una vez que el Congreso anuló las leyes de impunidad en agosto de 2003 y la Corte Suprema validó esa decisión en junio de 2005, los tribunales empezaron a dictar sentencias. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al 30 de diciembre de 2014 habían finalizado 134 juicios con 554 personas condenadas y 59 absueltas, mientras que otra cantidad similar de investigaciones siguen su curso.
A comienzos de noviembre, el Congreso respaldó los juicios, pero las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos están preocupados por lo que pueda ocurrir en el próximo gobierno de Macri. Del lado de los represores, en cambio, predomina el optimismo. La Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, creada en 2009 para conseguir una amnistía general de los militares, se manifestó esperanzada y llamó a “derogar y reemplazar la legalidad desprovista de legitimidad que angosta y asfixia a la patria”.
El pesimismo de unos y el optimismo de otros se basa en las propias declaraciones de Macri que en diciembre destacó que “los derechos humanos no pueden ser en términos revanchistas”. “Hay que ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI, ocuparse de lo que está pasando hoy”, agregó. Además, el PRO se opuso recientemente a que el Congreso investigue la complicidad de los empresarios con la dictadura.
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El repaso de los temas deja en claro que la llegada del PRO implicará un cambio de época profundo que repercutirá no sólo puertas adentro sino también a nivel regional. Su éxito dependerá de la habilidad para generar consensos con los partidos políticos de la oposición, la eficiencia para gestionar y del acompañamiento que encuentre de parte de la población, ahora que llegó el tiempo de la puesta en marcha de medidas concretas.
